Viejos fantasmas de Rumania

Fue este lunes, en una de las cientos de salas de la mastodóntica Casa del Pueblo, último y costoso delirio de Nicolae y Elena Ceausescu, en presencia de los ex presidentes polaco, Lech Walesa, y búlgaro, Jelio Jelev, y en medio de una protesta de reminiscencias grotescamente ceausistas. El presidente, Traian Basescu, leía y hacía suyas ante el Parlamento las conclusiones de la Comisión Presidencial para el Estudio de la Dictadura Comunista en Rumania, dirigida por el profesor de la Universidad de Maryland Vladimir Tismaneanu. Basescu condenó de manera "explícita" y "categórica" el régimen comunista de Rumania y lo calificó, de acuerdo con las conclusiones del conocido como Informe Tismaneanu, de "ilegítimo" y "criminal". Mientras el presidente leía la declaración, el ultranacionalista Corneliu Vadim Tudor, líder del Partido de la Gran Rumania (PRM), paseaba por delante del estrado junto con otro diputado una pancarta con el rostro de Basescu detrás de unas rejas y la inscripción "Cárcel para los mafiosos". Ante la pasividad del presidente del Senado, Nicolae Vacaroiu, del Partido Social Demócrata (PSD), los agitadores del PRM abuchearon el discurso del presidente, increparon a muchas de las personalidades invitadas y recibieron con insultos la lectura de los nombres de las víctimas de la dictadura.

Entre los crímenes denunciados por la comisión se encuentran algunos tan espeluznantes como el llamado fenómeno Pitesti, en los primeros años del dictador comunista rumano Gheorghiu-Dej. Encarcelados cerca de la ciudad que da nombre al siniestro experimento, los detenidos, todos jóvenes, eran obligados a delatarse y torturarse unos a otros para destruir así cualquier lealtad que no fuera al Estado. Los pocos que sobrevivieron no se recuperaron de sus trastornos psíquicos.

El informe habla de más de 10.000 mujeres muertas entre 1966 y 1989 mientras intentaban abortar clandestinamente contraviniendo las políticas para el aumento de natalidad. Además, reconoce el papel de la resistencia, citando a hombres como Dan Petrescu o Paul Goma, y cifra en cerca de dos millones el número de víctimas de las más de cuatro décadas de dictadura. Tampoco se salvan las llamadas a los mineros del ex presidente Ion Iliescu para apalear a opositores y para derrocar al Gobierno de Petre Roman. El régimen de Iliescu es calificado de "combinación entre colectivismo oligárquico y autoritarismo basado en la preeminencia del Estado".

En la línea de su habitual retórica chovinista continuadora de los últimos años de Ceausescu, Vadim Tudor calificó el informe de "antirumano". Al rechazo del PRM se unió el del poscomunista PSD. El recientemente elegido presidente de honor del partido, antiguo jefe de propaganda del Comité Central y 10 años presidente del país Ion Iliescu, rechazó asistir al pleno y ha calificado la declaración de "pretexto para una contraofensiva de la derecha agresiva".

Aunque Basescu prefirió no leer sus nombres en el pleno, los de Iliescu y Vadim Tudor salen y mucho en las seiscientas y pico páginas del informe. El primero como destacado apparatchik del régimen; Vadim Tudor por su papel de poeta oficial de Nicolae y Elena.

No es casualidad que el rechazo de esta condena venga de las dos formaciones nacidas de las cenizas del nacional-comunismo, pero lo cierto es que las relaciones con el régimen son algo común a todo el arco político rumano. Son pocos los que nada tienen que ver con el partido o la Securitate en el país que tuvo uno de los mayores partidos comunistas -más de cuatro millones de rumanos con carné para un total de 20 millones- y una policía política incrustada en todos los niveles de la sociedad. El inmediato secuestro de la revuelta popular por Iliescu y quienes fueron hombres del dictador hasta última hora han hecho más difícil la complicada ruptura con el pasado.

Con todo el revuelo causado, la condena oficial del comunismo parece más una operación de imagen a dos semanas de la entrada del país en la UE que el principio de una caza de brujas, como sugería Iliescu o, mucho menos, el punto de partida de un debate honesto y valiente sobre la reconciliación y la culpa, para el que la democracia rumana no está preparada. Se antoja poco factible que salgan adelante las propuestas más prácticas de la comisión, las referentes a la apertura de los archivos y al impulso del esclarecimiento de la verdad histórica. Deberían ser aprobadas por unos políticos con muchos motivos para desear que las cosas se queden como están. Previsiblemente el debate seguirá en la prensa, quizá más intensamente, con interesadas revelaciones diarias de pasados comprometidos y bajas escaramuzas políticas.