Papeles cambiados

El Partido Popular intenta montar una película sobre el caso Andratx con los papeles de los personajes cambiados: los delincuentes son los buenos, y los malos quienes los persiguen e intentan poner freno a sus desmanes. En esa película, los malos de verdad serían el fiscal Anticorrupción de Baleares, su jefe en Madrid el fiscal general del Estado y, en última instancia, el Gobierno, y no el alcalde de Andratx y el resto de implicados en la trama de corrupción urbanística descubierta en esa localidad, así como el consejero balear de Interior y secretario general del PP en las islas, cogido in fraganti por el juez cuando ponía en guardia por teléfono al alcalde sobre su inminente detención.

Esta imagen de víctima propiciatoria e injustamente perseguida por un Ministerio Fiscal al servicio de intereses poco claros y dudosamente acordes con la ley ya la intentó transmitir el presidente del Gobierno balear con su extemporánea visita al fiscal del Estado. Una visita a la que no debió prestarse Conde-Pumpido y que no sirvió para convencer a Jaume Matas de que no cabía mezclar a la Fiscalía en ningún tipo de persecución generalizada contra los municipios baleares en manos del PP. Prueba de ello fue la desfachatez con que pocos días después Matas recreó los oídos de afiliados y simpatizantes del partido al realizar una fantasiosa vinculación del caso Andratx con el 11-M.

A todo esto, quien parece mantener una postura sensata sobre el caso Andratx y otros de corrupción urbanística relacionados con el PP es su presidente. Lo dicho ayer por Mariano Rajoy en una emisora es, como a él le gusta decir, de sentido común: expulsión y tolerancia cero frente a quienes con su conducta manchen el partido. El problema de Rajoy es que sólo él dice esas cosas y que deja que otros digan o hagan otras cosas bien distintas que mal se compadecen con ese mensaje de asunción de responsabilidades.

Las inaceptables imputaciones contra los socialistas hechas ayer por el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, como si las investigaciones sobre corrupción urbanística que afectan a su partido fueran obra del Gobierno y no de los jueces, exigen una clara desautorización por parte de Rajoy. Es el caso también de Eduardo Zaplana solicitando la comparecencia de Conde-Pumpido en el Congreso para que explique algo que sólo puede decidir un juez: la intervención telefónica al consejero balear de Interior, y que el portavoz parlamentario del PP considera una muestra de Estado policial.

Más bien sería todo lo contrario: una muestra de Estado derecho, en el que, a diferencia del policial, el control de las comunicaciones telefónicas queda reservado a los jueces. Y ese control ha sido llevado a cabo con mesura por el juez del caso Andratx: ordenándolo cuando han aparecido indicios de una posible implicación directa del consejero en la trama, tras conocerse su conversación con el alcalde, y suprimiéndolo cuando ha considerado que ya no era necesario.