Dos magistrados del Constitucional plantean incumplir la ley del mandato de la presidenta

Dos magistrados del Tribunal Constitucional, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, elegidos a propuesta del PP, pretenden incumplir la ley aprobada por las Cortes donde se prorroga automáticamente el mandato de la presidenta (progresista) y el vicepresidente (conservador) del Tribunal Constitucional. Para ello, han solicitado a la presidenta del organismo, Maria Emilia Casas, que convoque un pleno para debatir si continúa en el cargo (el mandato de tres años concluía en junio) hasta que cese como magistrada (en el mes de diciembre).

La batalla por el poder en el Tribunal Constitucional, donde ahora se mantiene un equilibrio entre los seis magistrados conservadores y los seis progresistas, aflora con especial fuerza a cuenta de la presidencia del organismo, un cargo estratégico, pues permite dirimir los empates con el voto de calidad.

Dos de los seis magistrados elegidos a propuesta del PP pretenden desobedecer al Poder Legislativo para que la prórroga aprobada por ley del mandato de la presidenta, María Emilia Casas, que concluía en junio y que se prorrogará hasta diciembre, sea debatida, y decidida, en el pleno del Tribunal Constitucional.

Si consiguieran su objetivo, estarían incumpliendo una ley que, de momento, nadie ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, aunque el PP todavía tiene varias semanas para hacerlo.

En una carta remitida a la presidenta del Constitucional, los dos magistrados explican que discrepan "con el resultado de la reforma legal en el punto relativo a la prórroga del mandato actual como presidenta y vicepresidente del Tribunal".

Dicha reforma, aprobada con el voto en contra del PP, establece en el párrafo tercero del artículo 16: "Si el mandato de tres años para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados".

La reforma legal, aprobada mediante una enmienda de urgencia votada por todos los grupos menos por el PP, pretendía fijar un criterio que se había convertido en costumbre en el Tribunal Constitucional. Así, el mandato de los anteriores presidentes, Francisco Tomás y Valiente y Álvaro Rodríguez Bereijo, se había prorrogado unos meses hasta hacerlo coincidir con la renovación del Tribunal Constitucional.

La situación actual de ese organismo es de tal crispación que cualquier movimiento en su cúpula resulta clave para el futuro de la tramitación de recursos de inconstitucional contra leyes del Gobierno a las que se ha opuesto el PP.

Estatuto catalán

Los magistrados conservadores, por ejemplo, han forzado la tramitación de un recurso de inconstitucionalidad del Estatuto catalán aceptando la recusación de un magistrado progresista, Pablo Pérez Tremps, con lo que el equilibrio se ha roto. Además, si hubieran evitado la prórroga del mandato de María Emilia Casas, el sustituto sólo podría haber sido un magistrado conservador, con lo que también gozarían del voto de calidad para los casos en los que hubiera un empate.

Pero esa posibilidad fue abortada por una maniobra de los socialistas en el Congreso, que consiguieron colar una enmienda en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que impone la prórroga automática de la presidenta del organismo.

La carta de los magistrados conservadores ha llevado a la convocatoria de un pleno del Constitucional que debatirá hoy las razones que aducen los magistrados conservadores para tomar una decisión.