El hijo de Portero achaca el crimen a que no tuviera escolta

Daniel Portero, uno de los hijos del fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, asesinado de dos tiros en la cabeza el 9 de octubre de 2000 en su casa de Granada, declaró ayer en la Audiencia Nacional que su padre, en las semanas anteriores a su asesinato, había solicitado escolta porque sabía que era objetivo de ETA, pero que el Ejecutivo le había denegado la solicitud.

La afirmación de Daniel Portero, máximo responsable de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, tuvo lugar en el juicio celebrado ayer contra el dirigente de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, al que el fiscal Juan Moral considera inductor del crimen y para el que solicita 30 años de prisión.

Portero llegó a decir que mientras su padre agonizaba, la propia banda terrorista llamó a su casa para confirmar si realmente había muerto.

Olarra, que llegó a ser máximo dirigente de la banda terrorista, se negó a declarar y a participar en el juicio, actitud que ya ha mantenido en otros procesos y que no tiene mayor trascendencia puesto que el terrorista está ya condenado a más de 1.000 años de cárcel, en todo caso, a penas muy superiores a los 30 años de prisión, que es la máxima condena efectiva que Olarra cumplirá en España.

Los dos autores materiales del asesinato -Igor Solana Matarranz y Harriet Iragi-, miembros del comando Andalucía de ETA que en octubre de 2002 ya fueron condenados a 54 años de prisión cada uno por estos hechos, declararon en calidad de testigos. Como en anteriores juicios de dirigentes de ETA, los autores del crimen aseguraron que no conocían a Olarra.

Ambos agregaron que sus declaraciones ante la policía, en las que afirmaron que Olarra les había ordenado la acción y les había proporcionado documentación y medios para atentar en Andalucía, no tienen validez porque fueron obtenidas bajo torturas. Los dos terroristas fueron detenidos en Sevilla en octubre de 2000, una semana después del atentado contra el fiscal Portero, cuando acababan de asesinar al coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos.

El fiscal reclamó 30 años de prisión para el dirigente etarra, mientras que su abogado defensor se limitó a solicitar del tribunal su absolución.