Los paquistaníes exigen la restitución de los jueces del Tribunal Supremo

Los paquistaníes, animados por la derrota histórica de la coalición gubernamental en las elecciones del lunes, exigen ahora la restitución de los jueces del Tribunal Supremo y el fin del arresto domiciliario del presidente de éste, Iftijar Chaudry. El magistrado, confinado con su familia desde el pasado 3 de noviembre (a los nietos ni siquiera se les ha permitido acudir a sus colegios), tiene la llave del futuro político del presidente Pervez Musharraf.

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Los observadores de la UE creen que se ha avanzado hacia la democratización

Decenas de policías, bloques de hormigón y alambre de espino cortan la calle que da acceso a la casa de Chaudry y sólo se permite el paso de los vecinos y de los empleados domésticos del juez. Un canal de televisión privada indicó ayer que el Gobierno interino, ante las fuertes presiones, barajaba levantarle el arresto domiciliario, pero los policías aseguraron que no habían recibido ninguna contraorden e impidieron avanzar a la periodista.

Todo apunta a que si finalmente los vencedores de los comicios alcanzan un acuerdo de gobierno, una de las primeras decisiones que abordará la nueva Asamblea Nacional será restablecer en sus cargos a los jueces. El cese de éstos se hizo sin consultar al Parlamento, por una simple ordenanza del entonces general Musharraf, que también impuso el estado de emergencia, suspendió la Constitución y restringió la libertad de expresión y los medios de comunicación.

Nawaz Sharif, líder de la Liga Musulmana de Pakistán-N (PML-N), el segundo partido más votado -ha triplicado sus escaños en la Asamblea Nacional-, centró la campaña electoral en la restitución de los magistrados y tras el triunfo no para de exigirlo. Asif Alí Zardari, viudo de la asesinada Benazir Bhutto y copresidente del Partido Popular de Pakistán (PPP), aseguró ayer que no sólo los jueces deben recuperar sus cargos sino que debe garantizarse "la independencia de la Justicia", tanto del Gobierno como del Parlamento.

Zardari y Sharif tiene previsto reunirse hoy en Islamabad para comenzar las difíciles y presumiblemente largas negociaciones para la formación de un Gobierno de coalición, aunque el primero anunció ayer que no será candidato de su partido a primer ministro. El regateo se iniciará con la independencia de la Justicia y con Chaudry, porque tan pronto como vuelva al Tribunal Supremo se pronunciará sobre la demanda de inconstitucionalidad de la reelección, en octubre pasado, de Musharraf como presidente por otros cinco años. El general le destituyó ante el temor a que fallara en su contra.

Aitzaz Ahsan, presidente de la Asociación de Abogados del Supremo, bajo arresto domiciliario en Lahore desde noviembre pasado, recuperó el martes milagrosamente la línea telefónica y sus guardianes no le permitieron salir, pero dejaron entrar a un pequeño grupo de periodistas. Según el diario en inglés The Nation, Ahsan amenazó con una marcha de protesta de abogados, activistas y miembros de la sociedad civil si los 63 jueces fulminados por el general durante el estado de emergencia no recuperan sus puestos antes del 9 de marzo.

En esa fecha se cumple un año del comienzo de los ataques a la independencia de la Justicia por parte de Musharraf, cuya dimisión pidió el abogado. El primer cese de Chaudry fue invalidado cuatro meses después por los demás jueces del Supremo, que le restablecieron en el cargo. Para asegurarse de que no volvería a pasar, el entonces jefe del Ejército suspendió la Constitución, nombró nuevos magistrados y encerró a los rebeldes.

"Que no se permitiera a Chaudry votar [el lunes en las legislativas] es un caso de violación de los derechos humanos, porque se le negó su derecho a ejercer el voto", afirmó el eurodiputado Robert Evans en la conferencia de prensa de la Misión de Observadores de la UE. El jefe de la misión, Michael Gahler, destacó que las elecciones se desarrollaron "mejor de lo que se esperaba", aunque señaló "problemas significativos". El favoritismo de las autoridades a la coalición gubernamental, las restricciones para convertirse en candidato y el escaso apoyo a las mujeres son algunos de esos problemas. Pese a ello, Evans destacó que los comicios fueron un "paso esperanzador hacia la democratización total" de Pakistán.