Conde-Pumpido expresa su discrepancia radical con la sentencia de 'los Albertos'

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, manifestó ayer su "total, radical y profunda discrepancia" con la sentencia del Tribunal Constitucional que libró a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, de cumplir la pena de tres años y cuatro meses de cárcel que les impuso el Tribunal Supremo por el caso Urbanor, la estafa en la venta de terrenos de las torres KIO.

En tono de indignación, Conde-Pumpido afirmó que los Albertos "se quedarán con el dinero de la estafa", y añadió que la sentencia "no es la más adecuada para defender a las víctimas de estafa". "Creo que he sido bastante claro y bastante contundente", afirmó.

El fiscal general cree que Cortina y Alcocer se quedarán el dinero estafado

Su estado de ánimo lo compartían también algunos magistrados de la Sala Penal del Supremo, cuya sentencia anuló el Constitucional: "Estamos cabreadísimos", dijo uno de ellos. En cambio, el portavoz de la mayoría conservadora del Consejo del Poder Judicial, Enrique López, hizo una llamada a la "crítica racional" y a la "responsabilidad, sobre todo tratándose de instituciones públicas".

Conde-Pumpido aprovechó la pregunta de un periodista en la rueda de prensa conjunta con el fiscal general del Inglaterra y Gales, sir Ken MacDonald, para cargar contra la sentencia. "Discrepo total y absolutamente de esa sentencia y creo que es muy preocupante, porque le da la vuelta al derecho a la tutela judicial efectiva en la Constitución que es un derecho que debe proteger a los perjudicados, a las personas que solicitan tutela judicial precisamente por haber sido víctimas de un delito".

El fiscal general recordó que el Constitucional reconoce que la condena del Supremo se dictó "con todas las garantías" y que "había prueba de un delito de estafa y otro de falsedad". "A mi entender, el Constitucional incurre en un exceso de jurisdicción que resulta muy preocupante" agregó Conde-Pumpido.

Fuentes del Tribunal Supremo recordaron que en otra ocasión anterior, a raíz de otra sentencia del Constitucional que ya anticipaba el fallo de la de ayer, la Sala Penal expresó su discrepancia al entender que el Constitucional invadía sus competencias. Los magistrados dijeron entonces que la prescripción es una cuestión de legalidad ordinaria, no de garantías constitucionales, en la que el Constitucional tiene vedado entrar y acordaron mantener su jurisprudencia actual, precisamente la misma que ayer volvió a contradecir el Constitucional. Las mismas fuentes apuntaron que el martes hay un pleno no jurisdiccional de la Sala Penal en el que seguramente "se hablará" de la sentencia.

En cuanto al "dinero de la estafa", una parte que puede corresponder al principal de la deuda ha sido entregado a los querellantes, en tanto que los intereses se encuentran consignados o afianzados en la cuenta de consignaciones de la Audiencia. Sobre el destino final del montante del pleito, unos 50 millones de euros, parece que los Albertos reclamarán la parte que sigue consignada y quizá tendrán que pleitear para que se devuelva lo entregado. En cuanto a los perjudicados, mantienen que puesto que el Constitucional reconoce que existieron los delitos, existe también una responsabilidad civil y los Albertos deben pagarles aún 40 millones de euros.