El Algarrobico, el hotel escombrero

Justo cuando se cumplen dos años desde que se paralizaran las obras del hotel de El Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), la empresa que promovió el complejo ha invitado a varios medios a visitar las entrañas del devastado esqueleto de hormigón que, de estar prácticamente alicatado, ahora languidece con el paso del tiempo. El Gobierno y la Junta persiguen desde febrero de 2006 el derribo de uno de los principales símbolos de la destrucción del litoral andaluz, cuya ejecución depende de la resolución de los hasta ocho procesos judiciales abiertos y del coste de expropiación del inmueble, que para el Ministerio de Medio Ambiente no debe superar los 40 millones de euros, mientras que para la promotora asciende a 300.

Al acercarse al edificio, a apenas tres kilómetros de Carboneras, un gran cartel en el que se lee "Hotel legal" recibe a las visitas. El ruido de las máquinas cesó definitivamente la tarde del jueves 23 de febrero de 2006, cuando se ultimaban los detalles para tratar su apertura no más allá del verano.

Un día antes, un juzgado de Almería ordenaba la paralización cautelar de obras al apreciar indicios de ilegalidad en la licencia concedida en enero de 2003 por el Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, por una posible invasión de la línea de servidumbre marítimo terrestre que el consistorio fijó en 20 metros al situarse el hotel en terrenos urbanizables.

La ocupación del edificio protagonizada meses antes por activistas de Greenpeace y la publicación en el Boletín Oficial del Estado de un nuevo deslinde de cien metros para esta zona del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, cambiaron la suerte de esta mole en la que actualmente campa el deterioro.

De la legalidad que rodeó hasta entonces el proyecto, se pasó en noviembre de 2005 al anuncio por parte del Ministerio de Medio Ambiente del inicio del proceso administrativo de expropiación de los terrenos y a las primeras peticiones de demolición formuladas por la Consejería de Medio Ambiente que, en septiembre de 2006, ejerció oficialmente el retracto de los terrenos sobre los que se alza el edificio, de 20 plantas y 411 habitaciones.

A pesar de los constantes mensajes lanzados desde entonces por sendas administraciones en favor de un rápido derrumbe, el portavoz de la promotora del complejo, Antonio Baena, permite descubrir todavía hoy los entresijos del edificio que empieza ya a amarillear por la humedad y en cuyos rincones se acumulan escombros y materiales de obra. Frente a una amplia cristalera salpicada de vidrios rotos y desde la que te sientes justo sobre el mar, el promotor traslada su inquietud sobre los motivos por los que un proyecto "amparado" por las administraciones y entendido como una pieza de un plan de reconversión turístico aprobado en Consejo de Gobierno en enero de 2004, se ha llegado a convertir en un "monumento a la especulación urbanística". Lamenta esta "ambivalencia" y sostiene que, para la destrucción del hotel "construido legalmente", el Gobierno deberá satisfacer 300 millones de euros o esperar a que hable la justicia en un proceso que, como ya auguró Manuel Chaves el 23 de noviembre de 2005, podría dilatarse en extremo en el tiempo de no encontrarse una solución dialogada.

Iniciadas meses atrás las conversaciones entre Medio Ambiente y la empresa en busca de una fórmula de consenso que no cuaja por el momento, el primero de los grandes golpes judiciales contra la pervivencia del hotel llegó en enero de este año, cuando la Audiencia Nacional fijó en los 100 metros la franja de servidumbre para la zona, lo que supone que la mitad de la estructura del polémico hotel quede dentro del dominio público marítimo terrestre. "Si al final se reconoce esta servidumbre, todo el núcleo vital del edificio" se incluirá en la zona a expropiar, a derrumbar y, algún día, a devolver a su estado natural "si es que tal cosa es posible", traslada Baena.