Genocidio de Ruanda: papeles invertidos

El 6 de febrero de 2008, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, actuando sobre la base de una denuncia presentada por la organización Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en la región de los Grandes Lagos, dictaba órdenes internacionales de detención contra 40 jefes de las Fuerzas Ruandesas de Defensa. El magistrado estaba al frente de la instrucción tendente a establecer las responsabilidades en la muerte de nueve ciudadanos españoles asesinados en Ruanda y en la República Democrática del Congo (RDC) entre 1994 y 2000.

En el auto de acusación se recurre a los tópicos de carácter étnico y negacionistas sobre los hechos cometidos en Ruanda y en la RDC. Así, no dice ni una palabra sobre el genocidio de los tutsis perpetrado por hutus radicales en 1994, cuando es el único confirmado por Naciones Unidas y por la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. También se presenta de forma incorrecta, a nuestro entender, al Front Patriotique Rwandais (FPR) (Frente Patriótico Ruandés) como una organización terrorista, constituida con el único objetivo de exterminar a los hutus.

La justicia se usa de forma maquiavélica para convertir a las víctimas en asesinos

Asimismo, nos parece que el auto no resalta el hecho de que Ruanda estaba gobernada en 1994 por un régimen monoétnico hutu que practicaba una política de terror, segregación y exclusión sistemática de los tutsis, tanto del interior como de fuera del país. Esos refugiados no habían dejado de reclamar su derecho a la nacionalidad ruandesa y a volver a su país, pero el régimen del general Habyarimana siempre había contestado con una negativa, conminándoles a que se instalasen en su país de acogida. Dicho régimen había excluido así mismo a hutus que no tenían su misma visión ideológica.

El FPR tomó las armas como reacción a las violaciones de esos derechos fundamentales, con el fin de luchar contra ese régimen e instaurar un Estado de derecho en Ruanda. Creemos, pues, que se interpreta equivocadamente ese periodo de la historia de Ruanda al invertir los papeles y las responsabilidades. Así, los dos regímenes discriminatorios que gobernaban Ruanda de 1959 a 1994, el segundo de los cuales preparó el genocidio de los tutsis, parecería que resultan santificados, mientras que el FPR es objeto de acusaciones graves, calificándole como el verdugo número uno del pueblo ruandés.

Una de las estrategias puestas en marcha por los dignatarios y acólitos del antiguo régimen, organizadores del genocidio de los tutsis, consiste en realizar montajes de falsos testimonios que incriminan a dirigentes políticos y militares del FPR, con la esperanza de que el hecho de acusarles ante los tribunales desvíe la atención de los jueces que puedan tener la tentación de investigar y perseguir a los autores del genocidio exilados en Europa y en América. Ésa es la trampa que se les ha tendido a las familias de las víctimas españolas asociadas a la denuncia.

Creemos que la acusación se ha dejado engañar por la maniobra de los revisionistas, hasta el punto de cometer errores graves, a nuestro entender, inusuales tratándose de un juez de instrucción experimentado. Resulta sorprendente ver que en la investigación sólo se ha otorgado el monopolio de la palabra a las personas que tienen cuentas pendientes con el FPR. De hecho, los principales testigos de la acusación son ex miembros del FPR que desertaron.

Por otra parte, el juez nunca se ha desplazado a los lugares donde se produjeron los supuestos crímenes para comprobar su veracidad. Pensamos que ese viaje era más que imperativo dada la gravedad de los crímenes investigados.

El procedimiento se ha llevado a cabo de una manera que lleva a pensar que las conclusiones estaban establecidas de antemano. Se ponen de manifiesto numerosísimos errores de hecho, con la evocación de ciertos lugares inexistentes en Ruanda, por ejemplo Cymba, Kivube y otros. Además, el número indicado de personas supuestamente asesinadas es, a nuestro juicio, inventado. El auto afirma que de julio de 1994 a julio de 1995 ¡el FPR asesinó a un total de 321.726 personas! En realidad, estaba en la imposibilidad material de cometer matanzas de tal magnitud sin que pudiesen ser puestas en conocimiento de los 147 observadores de los derechos humanos de la ONU desplegados en esa época en todos los municipios de Ruanda. Estos observadores no hacen referencia a la comisión de matanzas supuestamente ordenadas por la jerarquía militar del FPR.

Se podría decir que, tanto en España como en Francia, personas mal intencionadas se aprovechan de las normas de derecho existentes y del sufrimiento legítimo de las familias de las víctimas para lograr su adhesión a la lucha judicial injustificada que fomentan contra líderes del FPR. Calificar al FPR de organización terrorista, como lo hace la acusación, sabiendo a la vez que es la única que detuvo el genocidio de un millón de tutsis en 1994 tras la dimisión de la ONU, equivale a criminalizar a las víctimas y a dar derecho de ciudadanía a una propaganda de desinformación llevada a cabo por partidarios del genocidio y sus simpatizantes.

La vigilancia y la clarividencia se imponen en los Estados occidentales para que la justicia deje de ser utilizada por los autores y partidarios del genocidio de 1994 con fines maquiavélicos que convierten a las víctimas en asesinos.

Jean Damascène Bizimana es jurista y profesor ruandés.