El PSC admite que la crisis puede retrasar las ayudas a los dependientes

Nadie está a salvo de la crisis. Tampoco las personas que no pueden valerse por sí mismas y que están a la espera de recibir las nuevas ayudas derivadas de la Ley de Dependencia. El Partit dels Socialistes admitió ayer que la falta de recursos puede lentificar la implantación de una ley que ya lleva retraso y que fue presentada como el buque insignia de la política social de la pasada legislatura. La consejera de Acción Social, Carme Capdevila, se reunirá mañana con la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, para intentar aumentar los fondos del Estado destinados al cumplimiento de esta ley, que el Gobierno catalán considera insuficientes.

El portavoz del PSC, Miquel Iceta, dejó ayer la puerta abierta a nuevos retrasos. En rueda de prensa tras la ejecutiva del PSC, Iceta recordó que el presidente de la Generalitat, en el pasado debate de Política General, "habló de la eventualidad de tener que enlentecer determinados objetivos", para ajustarse a una situación económica que no se preveía "hace un año". Con todo, Iceta quiso lanzar un mensaje tranquilizador: "Estamos en batalla para no tener que hacer esto", dijo Iceta.

El retraso en la aplicación de la ley es ya un hecho. De los 52.000 catalanes que en estos momentos deberían estar ya recibiendo algún tipo de ayuda en aplicación de la normativa, sólo 29.699 gozan de ella. El resto ya ha visto evaluada su situación por un experto, pero todavía tienen pendiente la asignación económica o la prestación del servicio. La oposición atacó duramente al Gobierno catalán por este motivo en el pasado debate de Política General, pero los partidos del Gobierno se negaron a aceptar que la crisis y la falta de fondos fueran las únicas causas del retraso. Un portavoz del Departamento de Acción Social aseguró ayer que se han dado un cúmulo de situaciones que han imposibilitado aplicar la ley a tiempo: desde problemas informáticos con la base de datos hasta falta de personas formadas para hacer la evaluación de necesidades de los usuarios. "Los retrasos no se deben a la falta de dinero", insistieron estas fuentes. La reunión de mañana entre la consejera y la ministra se centrará en intentar que el Gobierno central destine más recursos a la ley.

También se refirió a la crisis el presidente de la Generalitat, José Montilla, en la celebración oficial de los 25 años de los Mossos d'Esquadra. Montilla señaló: "en tiempos de dificultades económicas", los ciudadanos "se vuelven hacia los poderes públicos pidiendo seguridad". Y puso a la policía catalana como garante de esa exigencia, porque "está a la altura de las necesidades" de los ciudadanos y "se ha hecho merecedora" de su confianza.

El consejero de Interior, Joan Saura, añadió que la distinta adscripción ideológica de los responsables políticos de los Mossos ha "enriquecido" el proyecto y pidió a los agentes del cuerpo que trabajen con "compromiso" hacia la sociedad.