117 enmiendas del Grupo Popular a la Lei de Vivenda

El Grupo Parlamentario Popular expondrá 117 enmiendas parciales durante el trámite de la ponencia de la Lei de Vivenda que promueve la Xunta, puesto que, aunque considera que se trata de una norma que "nace caduca" y "carece de utilidad", estima necesario introducir "todas las mejoras posibles".

La promotora de las enmiendas y portavoz en esta materia del Grupo Popular, Pilar Rojo, planteará una reformulación del proyecto de ley para que se centre sólo en las competencias de la Consellería de Vivenda, sin invadir aspectos gestionados por otros departamentos como los de Política Territorial o Industria y Economía. De hecho, recordó que estas áreas autonómicas "ya enmendaron" la normativa para tratar de corregir estas intromisiones competenciales.

Rojo prevé, así, discutir la mayor parte del articulado, ya que éste consta de 119 apartados y, del total de las enmiendas, 90 se refieren al texto normativo. El resto se dirigen a las disposiciones transitorias (tres), a las disposiciones últimas (tres) y a la exposición de motivos (15).

En concreto, el PP pretende "evitar la dispersión normativa" y la "inseguridad jurídica" que, en su opinión, provocará la nueva normativa tal y como está, porque incorpora referencias a otras ya aprobadas y plantea redefiniciones de conceptos ya incluidos en la Lei do Hábitat o en el Plan Sectorial de Vivenda.

Otro de los objetivos se basa en "clarificar" el alcance de los supuestos expropiatorios previstos de la ley, que plantea esta posibilidad para pisos vacíos y en mal estado, así como en "garantizar" el derecho de acceso a las viviendas de protección pública por parte de las personas con discapacidad.

"Efectos perversos"

Por otra parte, el PP presentará una enmienda para exigir al Ejecutivo autonómico las gestiones necesarias para reconocer "el carácter urbano de los núcleos rurales tradicionales de la costa gallega". Con ello intenta evitar los "efectos perversos" de la aplicación de la Ley de Costas estatal de 1988, que prevé un régimen sancionador con multas de hasta 600.000 euros a ciudadanos de rentas medias y bajas.

Los populares son partidarios de fijar un "plazo máximo" para la aprobación de los reglamentos recogidos en la ley ya que, de no promulgarse a corto plazo, el texto no podrá aplicarse debido a su "excesiva inconcreción".