La gran protesta educativa pone al consejero Font de Mora en la picota

Si las consignas coreadas en la gran manifestación que el sábado reunió a decenas de miles de personas en Valencia no eran bastante explícitas, los organizadores de la mayor protesta registrada hasta ahora contra el Consell que preside Francisco Camps reiteraron ayer la petición de que dimita el consejero de Educación; Alejandro Font de Mora, y de que la Generalitat se siente a negociar con la Plataforma per l'Ensenyament Públic, convocante de la movilización.

Diego Gómez, presidente de la Federació Escola Valenciana, una de las organizaciones integradas en la Plataforma, fue muy claro, en declaraciones a a la cadena SER. "No desearíamos llegar a la huelga del 17 de diciembre. Para evitarlo, el Consell debe retirar antes la orden de Educación para la Ciudadanía en inglés", advirtió. "Reclamamos una respuesta directa de Camps. Queremos que el propio presidente rectifique en su política educativa y en relación con el consejero y su equipo".

Los conciertos con la privada dejan a la red pública en inferioridad

En términos similares se pronunció el STEPV, que forma parte de la Plataforma junto a CC OO y a UGT. Este sindicato pidió al Consell que escuche a la "mayoría social" que se manifestó el sábado a favor de un cambio en la política educativa y haga una rectificación en toda regla sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Acabar con las imposiciones y las "actitudes antidialogantes" de Font de Mora y su equipo y abrir vías de negociación sobre las reivindicaciones planteadas fueron sus exigencias. El STEPV atribuyó el éxito de la manifestación "al gran malestar que existe en la sociedad por la política educativa y las imposiciones del Gobierno de Camps".

La Plataforma per l'Ensenyament Públic se reunirá hoy para evaluar la protesta del sábado y adoptar decisiones de cara al calendario de movilizaciones. Educación ha rechazado reconocer a este organismo unitario como interlocutor. El propio Font de Mora echó leña al fuego días antes cuando acusó a los convocantes de la protesta de "radicales".

Con todo, la opinión más extravagante la ofreció el secretario regional del PP, Ricardo Costa, que calificó de "fracaso" la enorme movilización del sábado por la tarde porque no llegó a reunir los 1,9 millones de personas que integran la comunidad educativa. Un tanto contradictoriamente, Costa acusó a sus convocantes de "boicotear" al comercio porque la protesta, dada su magnitud, colapsó el centro de Valencia durante horas.La actitud del presidente Francisco Camps en este conflicto, que dura ya casi tres meses y que ha centrado prácticamente el debate educativo este primer trimestre escolar, es esquiva. Camps ha intentado mantenerse al margen -programando un viaje de última hora a Dallas cuando el conflicto se recrudecía en las calles y en los institutos- y ha evitado responder frontalmente a las interpelaciones que ha tenido que afrontar en las Cortes.

El jueves, en su intervención en la sesión de control, el grupo parlamentario socialista centró las preguntas en el conflicto creado en torno a la Ciudadanía. El portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, preguntó al presidente: "¿Qué piensa hacer con el caos generado en el sistema educativo?" Camps se limitó a hablar de manera genérica de su apuesta por la construcción de colegios públicos. Luna le insistió: "Quiero saber cómo va a aplicar la moratoria de la orden de Ciudadanía en inglés", que anunció el mismo responsable de Educación, Alejandro Font de Mora, una semana antes. Camps se negó a contestar. Esquivó el bulto. Y la expresión "Ciudadanía en inglés" tan repetida por él en todas sus intervenciones cuando planteó el desafío al Gobierno -pese a que los directores adevertían que "no se dan las condiciones para aplicarla"- se cayó de su boca.

"Lo único que se sabe es que Concha Gómez [la número dos de Educación] dijo el miércoles que el conseller vendrá a presentar su propuesta", recuerda el secretario general de enseñanza de CC OO, Miguel Á. Vera. Pero, de momento, no hay ninguna reunión programada de la consejería con los sindicatos.

La Plataforma per l'Ensenyament Públic se reúne hoy para hacer "una valoración" de la protesta social "sin precedentes" contra una Administración autonómica. La capacidad de movilizar a 44.000 personas (en cifras de la policía nacional) "descontentas" con la situación diaria de la enseñanza -más allá del problema concreto generado en el 2º curso de ESO con la implantación de la Ciudadanía en inglés- no se había producido ni en los tiempos de las revueltas estudiantiles y de los rectores contra las contrarreformas educativas de Aznar.

"Ser líderes en barracones, con una media de 1.300 prefabricados por año", tener centros como el colegio Max Aub de Valencia "con 475 alumnos y sólo 110 sillas de comedor" o el colegio Rafael Altamira, donde "falta de todo: ordenadores, aulas de Infantil, biblioteca, gimnasio", o municipios como Torrent, Meliana, Silla, Quart de Poblet, Llíria y Sagunto, donde faltan plazas públicas y se retrasa la construcción de centros, son problemas inaplazables, según la Plataforma.

La escalada privatizadora de la enseñanza en la era Camps -que siendo conseller concertó la Infantil y siendo presidente, el Bachillerato- ha dejado una estela de desequilibrios en la red pública, que el sábado afloraron en la protesta. En estos aspectos se centran las reivindicaciones que conforman el eje central de la "agenda" que la Plataforma per l'Ensenyament Públic piensa defender, con "voz única" en todos los foros y negociaciones.