Los tribunales destapan el despotismo urbanístico de Castellón

El PP goza de mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Castellón desde 1995. Prácticamente desde entonces, los mayores problemas con los que se ha tenido que enfrentar el equipo de gobierno son relativos al urbanismo. Ahora, los tribunales están destapando las maneras con las que los populares han proyectado la ciudad, sin consideración hacia los ciudadanos, que decidieron acudir a los jueces como única vía para reivindicar sus derechos y propiedades. Y ha sido precisamente esa desatención a los vecinos la que llevó a estos a acudir a los jueces para solicitar su atención. De momento, eso ha provocado que se anule no solo el mayor y más emblemático programa urbanístico diseñado por el PP, el de Mestrets, sino también el total del planeamiento de la ciudad, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), modificado en 2000. En cualquier caso, estos no han sido los dos únicos asuntos que el Ayuntamiento de Castellón ha perdido en los tribunales. Remodelaciones de calles como Guitarrista Tárrega o Méndez Núñez o el rediseño de la avenida de Villarreal recibieron también un suspenso de los jueces, pese a que las resoluciones, en ocasiones, llegaron cuando los planes ya estaban ejecutados.

Los vecinos llevan años reprochando la ausencia de diálogo con el PP

El actual alcalde fue el concejal de Urbanismo que aprobó los planes

Durante cinco años, una veintena de vecinos del barrio Mestrets acudió a los plenos de Castellón para levantar sus pancartas cada vez que hablaba uno de los integrantes del equipo de gobierno del PP. Todos los últimos jueves de cada mes se dieron cita en el salón de plenos para seguir haciendo oír su voz tras la imposición de un programa urbanístico que consideraron contrario no solo a sus intereses como propietarios sino a su forma de vida. Mientras, sus recursos, presentados por vía judicial, siguieron una tramitación que finalizó en octubre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió anular el acto de aprobación del PAI Mestrets. Esta decisión echó al traste el más amplio proyecto presentado por el PP en su programa electoral ya que incluye, además de 3.000 viviendas de protección oficial, el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el edificio del rectorado de la VIU de Frank Gehry, la Ciudad Deportiva y la Ronda de Circunvalación. Los vecinos han reprochado, a lo largo de este tiempo, la nula capacidad de diálogo del Ayuntamiento que, en cualquier caso, sí negoció con otros propietarios. Aún así, la falta de entendimiento entre los responsables del urbanismo castellonense y estos afectados fue el motivo por el que se recurrió a los tribunales.

Pero por grande e importante que sea el planeamiento, el PP deja vecinos "desatendidos". En el caso del Plan General, anulado por el Tribunal Supremo, el recurso procede también un grupo de vecinos. En su sentencia, el tribunal argumenta su decisión en el hecho de que el Ayuntamiento no otorgó voz a los ciudadanos para que participaran en el procedimiento de elaboración del planeamiento, hurtándoles así la posibilidad de alegar contra el mismo. Así, hace referencia al derecho constitucional por el que todos los ciudadanos han de tener audiencia en los procedimientos de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

Formalmente, la anulación del PGOU no tiene apenas consecuencias prácticas, aunque sí la obligación de volver a realizar la tramitación, incluyendo la exposición del proyecto al público para que los ciudadanos puedan conocer los detalles y, en el caso de que los consideren, realizar alegaciones. Sin embargo, desde el punto de vista político, esta segunda decisión de los tribunales, que ha llegado apenas dos meses después de conocer el fallo sobre el PAI Mestrets, supone un auténtico varapalo para el equipo de gobierno municipal. Más si se tiene en cuenta que los planeamientos cuestionados salieron adelante cuando el actual alcalde, Alberto Fabra, era el máximo responsable del urbanismo castellonense.