Las Cortes investigan a dos letrados del bufete de Michavila

El Congreso investigará a dos abogados del despacho del diputado del PP José María Michavila para determinar si cumplen las incompatibilidades legales, según acordó ayer la Mesa de la Cámara. Los abogados investigados son Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz y ambos compatibilizan su actividad en ese bufete privado con su condición de letrados de las Cortes.

El secretario general de las Cortes y letrado mayor, Manuel Alba, informó ayer a la Mesa y pidió autorización para abrir las diligencias informativas, después de que este periódico informara el domingo de las actividades de Eius, el despacho de Michavila, diputado y miembro de la dirección del PP. Michavila y los dos letrados tienen concedida una compatibilidad genérica, pero la ley les impide cobrar de otras Administraciones públicas. El despacho ha contratado con varios ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y de Madrid, como el de Boadilla del Monte, relacionado con la trama de corrupción que investiga el juez Garzón.

Uno de los abogados se ofrece para lograr licencias de televisión

Dorrego ha firmado escritos en nombre de dichos ayuntamientos, en concepto de asesor legal. El ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero, dimitido por el escándalo, contrató a otro letrado del despacho como responsable de los asuntos legales.

Además, los tres sindicatos representados en el Congreso, UGT, Comisiones Obreras y CGT, han remitido una carta al secretario de la Cámara en la que le piden información sobre la situación de los dos letrados. Le solicitan "los acuerdos que hayan podido adoptar las mesas sobre reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada" de los dos funcionarios.

El diputado del PP sortea la ley asegurando que él no ha sido contratado, sino que lo ha sido su despacho.

Los dos letrados de las Cortes alegan que, aunque defienden a esos ayuntamientos en distintos pleitos, nunca han elaborado informes. La ley les impide también "el desempeño por sí o persona interpuesta de cargos de todo orden" en empresas públicas. Sin embargo, Dorrego es secretario del consejo de dos empresas públicas valencianas. El despacho ofrece sus servicios vendiendo, precisamente, su cercanía a la actividad pública. La página web asegura que sus abogados compatibilizan su trabajo en el despacho con "el servicio del Estado".

La página web del despacho ha sido desactivada después de la información de este periódico. Al intentar acceder a ella aparece la frase "disculpen las molestias, estamos realizando modificaciones en el diseño de nuestra página web". Hasta ayer, la página remitía a las sucursales de Madrid, Valencia, Londres y Miami, pero ayer sólo aparecía la referencia a los dos primeras. Antes, aparecía como titular de la sucursal de Londres el diputado Michavila.

Eius ha mediado ante la Comunidad Valenciana para que una de las empresas investigadas por la trama de corrupción ligada al PP obtenga licencias de televisión. De hecho, en la web se ofrecían los servicios del letrado Alfredo Gómez-Acebo como especialista en "obtención y desarrollo de ofertas y concesiones de radio y televisión digital -autonómica y local- en diversas comunidades autónomas".

Añade también como oferta del despacho que dicho letrado "ha asesorado en la implantación jurídica y comercial del sistema de Radio Digital por Satélite, en contratación y producción de contenidos, así como en la creación de entes de gestión de medios audiovisuales de titularidad pública para corporaciones locales". Este contenido también ha desaparecido desde el domingo de la página del despacho.

El listado de abogados eliminado incluía a José Marí Olano, portavoz del PP en las Cortes valencianas y hombre de confianza del presidente, Francisco Camps, desde que coincidieron en el Ministerio de Administraciones Públicas.

La Cámara interviene por las informaciones publicadas, pero la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó en rueda de prensa que no pedirá explicaciones a Michavila porque ella no actúa sólo por informaciones periodísticas. "No estoy acostumbrada a tomar medidas respecto de informaciones que sólo aparecen en los medios de comunicación. No me voy a hacer eco de ninguna manera en mi actuación respecto de los diputados de esta Cámara", aseguró la portavoz del PP.