Policía y responsabilidad política

Rodolfo Martín Villa (1978-79), Antonio Ibáñez Freire (1979-80), Juan José Rosón (1980-82), José Barrionuevo (1982-88), José Luis Corcuera (1988-93), Antoni Asunción (1993-94), Juan Alberto Belloch (1994-96), Jaime Mayor Oreja (1996-2001), Mariano Rajoy (2001-02), Ángel Acebes (2002-04), José Antonio Alonso (2004-06) y Alfredo Pérez Rubalcaba (desde abril de 2006).

Componen el párrafo anterior los nombres y los mandatos de las 12 personas que han ocupado las responsabilidades de Interior en los gobiernos de la democracia española desde la entrada en vigor de la Constitución hasta hoy. Fueron políticos de derechas, de izquierdas o de centro, competentes o ineptos, con los orígenes sociales más variados y los perfiles profesionales más diversos, desde un general a un electricista. Pero todos ellos poseían el suficiente sentido de Estado como para defender siempre sin complejos las actuaciones de las fuerzas policiales a sus órdenes. Y los partidos a los que estos ministros pertenecían (Unión de Centro Democrático, PSOE, Partido Popular, otra vez PSOE) jamás denunciaron, mientras estaban en el poder, errores de la policía o la Guardia Civil, ni se declararon incómodos, molestos o indignados ante una intervención de estos cuerpos de seguridad. ¿Significa eso que, a lo largo de las tres últimas décadas, no ha habido en España malas prácticas policiales, brutalidades y hasta crímenes cometidos por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Bien al contrario, están en la memoria de todos decenas de episodios de tortura, cientos de cargas desmesuradas, abusos e incluso atrocidades tan graves como el caso Almería, de 1981. Entonces, ¿estoy acaso defendiendo la impunidad policial? En absoluto. Pero, en democracia, es a la oposición, a la prensa y, en su caso, a la justicia a las que corresponde denunciar, investigar y, eventualmente, juzgar y condenar tales excesos. Resulta inaudito, en cambio, que sean la cúpula política de Interior y el partido al que ésta pertenece los que se pongan al frente de la exigencia de responsabilidades y de la execración hiperbólica de la contundencia policial del 18 de marzo en Barcelona, como si aquello hubiera sido el Domingo Sangriento de San Petersburgo.

Si el capital electoral de ICV es tan modesto que no soporta la erosión, sería mejor que dejasen el orden público en manos más curtidas

Los Mossos d'Esquadra, como cualquier otra fuerza policial, no pueden ser dirigidos con la mentalidad y el estilo con que se pilota una asociación de vecinos, una asamblea sindical, ni siquiera a la plantilla de funcionarios de un ayuntamiento. Entre los agentes del orden de todas las latitudes funciona algo que en francés llaman esprit de corps y se valora al máximo la certeza de que, en caso de dificultades, los de arriba no dejarán a sus subordinados a los pies de los caballos; los mandos cubren a la tropa, y por ello ésta puede ejecutar órdenes problemáticas y hacer frente a situaciones imprevistas, sin paralelo alguno con las que afronta un administrativo en su mesa de trabajo. Esta solidaridad vertical es, para un policía, lo más importante, mucho más que recibir cartas melifluas dirigidas a los "benvolguts / benvolgudes mossos i mosses". Más importante incluso que el dinero. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han tenido con sucesivos ministros diferencias salariales (de hecho, ahora mismo las hay), pero nunca les ha faltado la cobertura política. Joan Saura hace al revés: rehúye defender a los Mossos, pero les ofrece mejoras retributivas y subvenciones sindicales. Debe de ser cosa del materialismo histórico...

A un partido que ha asumido libremente la cartera de Interior del Gobierno no pueden temblarle las piernas apenas la policía tiene que desalojar un recinto universitario ocupado o disolver una manifestación no autorizada que bloquea la vía pública, sean cuales sean la edad y el perfil de los manifestantes. Todas las siglas políticas que han ejercido esas responsabilidades en Barcelona o en Madrid han pagado por ello un precio en críticas, insultos o fugas de votos, y todas lo encajaron. Si el capital electoral de Iniciativa es tan modesto que no puede soportar tal erosión, entonces lo mejor sería que dejase el orden público en manos más curtidas. En todo caso, Interior no es un negociado para hacer experimentos ideológicos ni inventar "modelos de seguridad alternativos" bajo la batuta de comisarios políticos de pacotilla.

Tampoco vale hacerse las víctimas de poderosos y siniestros lobbies, ni lloriquear que Iniciativa es el eslabón débil al que golpean quienes quieren romper el tripartito. No creo que sea una enemiga del Gobierno de Montilla ni una ignorante en materia de seguridad la consejera Montserrat Tura, que ha salido en defensa de los Mossos y del orden democrático con la contundencia que le ha faltado a Saura. Tampoco parece una derechista rencorosa la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, y sin embargo ha declarado: "Aunque hubieran podido cometer algún error en su actuación, el consejero de Interior debería haber apoyado la actuación de los Mossos de forma pública. (...) Es necesario que el cuerpo tenga el apoyo de sus responsables". "Cuando se gobierna, se gobierna" concluye la sucesora de Celestino Corbacho.

El pasado día 26 leí en EL PAÍS que el vicepresidente Carod Rovira desmentía haberle advertido al consejero Saura, el martes anterior: "¡No vuelvas a humillar a la policía de mi país!". Le creo, pero lamento tener que hacerlo porque, de ser cierta, hubiera sido la mejor frase política de la actual legislatura catalana. En cuanto a la mejor noticia, ésta sería el cese o la dimisión del secretario general de Interior y paradigma de sectarismo ideológico en el puesto menos adecuado, el señor Joan Boada Masoliver.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.