Armador y marineros rechazan acusar a los piratas en el caso del 'Alakrana'
Los daños causados por los secuestradores en el barco superan los 500.000 euros
Ninguno de los marineros gallegos y vascos que formaban parte de la tripulación del atunero Alakrana, asaltado en aguas de Somalia en octubre, ha aceptado por el momento ejercer la acusación en la investigación judicial de la Audiencia Nacional. Tampoco el armador del buque, Kepa Etxebarria, que ayer testificó ante el juez Santiago Pedraz, a pesar de que los piratas -dos de ellos presos y pendientes de juicio en España por 36 secuestros- causaron daños superiores a 500.000 euros en el barco, sin contar lo que dejó de pescar durante los 47 días de secuestro. Hasta ahora, el caso sólo se sostiene con el impulso del fiscal.
El juez tomó declaración a Etxebarria en el marco de la investigación de la "trama jurídico financiera vinculada con los secuestradores" que solicitó la fiscalía y que trata de depurar las responsabilidades de las personas que intervinieron en el cobro del rescate de 2,7 millones de euros que se abonó a los piratas, presuntamente comisionistas y abogados.
Pero las pesquisas avanzan muy despacio. El juez ha solicitado tres informes al CNI -que participó activamente en la liberación de los pescadores-, la Guardia Civil y la Comisaría General de Información de la Policía sobre las circunstancias en que se produjo el pago. El servicio secreto rechazó el mes pasado la petición del juez argumentando que era material clasificado y que no tenía permiso del Gobierno, y la Guardia Civil aseguró que desconoce los detalles del pago del rescate. El magistrado está aún pendiente de la respuesta de la Policía.
De otra parte, los dos piratas detenidos por la Armada en aguas del Índico, Raageggesey Hasan Aji y Cabduwelli Cabdullahi, Abdu Willy, esperan a que se fije la fecha de su juicio aunque fuentes de la sección cuarta de la Sala Penal de la Audiencia aseguran que las prisas para procesarlos se acabaron con la liberación de los rehenes. El fiscal pide para cada uno de ellos más de 200 años de cárcel por 36 detenciones ilegales, robo con violencia y uso de armas. El Colegio de Abogados de Madrid acaba de nombrar un letrado de oficio a Abdy Willy después de que hace más de un mes renunciara a su anterior defensor.
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