500.000 euros de fianza para Gemma Montull en un nuevo revés para los saqueadores del Palau

Las cosas se tuercen cada vez más para Fèlix Millet y Jordi Montull. Sólo tres días después de la imputación de sus esposas por facturar un millón de euros por trabajos inexistentes, los saqueadores confesos del Palau de la Música recibieron ayer un segundo revés judicial que, también va dirigido, por cierto, al núcleo familiar. La Audiencia de Barcelona impuso una fianza de 500.000 euros a la ex directora financiera de la entidad, Gemma Montull, que ahora está en libertad provisional y deberá consignar esa cantidad en dos semanas si no quiere ingresar en prisión.

Gemma Montull, la tercera pieza más relevante de la trama, declaró como imputada el pasado 30 de noviembre ante el juez Juli Solaz, que instruye el caso. Solaz la dejó en libertad con cargos sin ni siquiera retirarle el pasaporte. Ayer, la Audiencia de Barcelona mantuvo la condición de libertad provisional pero, además de imponerle la fianza, le retiró el pasaporte y le ordenó que comparezca en el juzgado una vez por semana. La sección quinta de la Audiencia estimó así parcialmente el recurso presentado por la fiscalía y las acusaciones particulares. La ex directora ha recibido hasta ahora el mayor castigo entre todos los implicados en la trama, ya que es la primera vez en el caso Palau que se impone el pago de una fianza.El auto de la Audiencia de Barcelona resulta sorprendente si se tiene en cuenta que la misma sección (la quinta) no impuso fianza alguna ni a Montull padre ni a Fèlix Millet -los máximos responsables de la trama- y se limitó a confirmar lo decretado en su día por el juez Solaz. Los criterios que ha utilizado ahora el tribunal contra la ex directora financiera son nuevos. En su opinión, no existe riesgo de fuga en sí mismo, por lo que no procede el ingreso en prisión. Sí hay, sin embargo, un riesgo de fuga derivado de la gravedad de los hechos y de la pena que puede llegar a imponerse a Montull. De ahí las medidas cautelares.

La elevada fianza, de medio millón de euros, es acorde con la "situación social" de la imputada y con su presumible interés por eludir la acción de la justicia. El tribunal no aprecia, sin embargo, que haya peligro de destrucción de pruebas, ya que Montull fue apartada del cargo y en la actualidad no mantiene ningún tipo de relación con la entidad.

Sobre su participación en el desvío de fondos, la Audiencia considera: "ya existen indicios suficientes para considerar que intervino dolosamente como autora o cooperadora necesaria", y no como mera cómplice. En la declaración ante el juez, Montull aseguró que, en realidad, no desempeñaba las funciones de directora financiera (dijo que sólo lo hacía "a efectos de tarjeta de visita") y relató que cobraba los cheques en los bancos "como conserje".

Según la Audiencia, su acción podría acarrear estafa y delito fiscal, además de apropiación indebida, falsedad documental y malversación de fondos públicos. El tribunal no descarta que algunos de los hechos constituyan estafas "que han perjudicado a una generalidad de personas", lo que puede suponer una pena máxima de 18 años.

El auto destaca, entre otras cosas, que las obras realizadas en el domicilio de la hija de Jordi Montull por valor de 12.950 euros se facturaron con cargo a la fundación.

El abogado defensor de la imputada, Jesús María Silva, anunció que interpondrá un recurso de nulidad contra el auto. En un comunicado, el letrado lo considera "nulo" porque lesiona "el derecho fundamental a la igualdad", supone una "violación del derecho fundamental a la libertad" y no es proporcional.