El Banco de España mete presión a las cajas en apuros al elevar las provisiones

El Banco de España ha mandado un mensaje claro al sector y otro a los mercados financieros. Bancos y cajas de ahorros tendrán que acelerar las provisiones que hacen cuando los clientes les dejan de pagar. Hasta ahora tenían un plazo que alcanzaba entre los dos y los seis años, mientras que ahora se reduce a un año. La medida supone un golpe para las cajas más enladrilladas, que son las más débiles, por lo que acelerará las fusiones. El supervisor quiere que el 15 de junio se hayan pedido las ayudas públicas necesarias para las entidades con problemas. Para los mercados, el supervisor lanza el mensaje de que no va a permitir que se oculte ladrillo en los balances, como le han acusado medios anglosajones.

El supervisor lanza el mensaje de que no se ocultará el riesgo inmobiliario

El gobernador se rebaja un 15% el sueldo, hasta 165.000 euros

Además, concede un cierto valor a los pisos, oficinas, locales y solares que se quedan como garantías de los préstamos (antes no lo tenían), pero castiga el tratamiento de las adquisiciones de activos en pago de deudas. Lo que quiere es acabar con la costumbre, cada vez más extendida, de admitir el ladrillo como pago de deudas, que es una medida de difícil control. El volumen de provisiones subirá un 2%, mientras que el impacto en el beneficio supondrá una reducción del 10% sobre lo que las entidades pensaban ganar este año en España. El cálculo afectará más a unas entidades que a otras, en función de las provisiones que tengan hechas y de la cartera de inmuebles acumulada. La Caixa, por ejemplo, comentó que no le supondrá realizar más provisones porque su nivel ya es elevado.

El Banco de España ha anunciado que va a cambiar la Circular contable 4/2004, una de las más relevantes, "para simplificar y clarificar el sistema de provisiones", dice el supervisor. El objetivo es prevenir la aparición de problemas en las carteras crediticias. Las entidades tendrán hasta el 14 de junio para presentar sus alegaciones.

En cuanto a la unificación del calendario de morosos, queda de la siguiente manera: cuando se retrase el pago seis meses, se provisionará el 25% de la deuda; más de seis, el 50%; más de nueve, el 75% y más de 12, el 100%. Los expertos del sector consideran que la medida supone simplificar la aplicación, volver al sistema de la Circular de 1991 y colocarse en consonancia con los cambios que se reclaman en la nueva contabilidad internacional.

El Banco de España da la razón a una petición histórica del sector. Hasta ahora, había casos en que las garantías inmobiliarias (pisos, fincas, solares) no tenían reconocido ningún valor residual. Ahora, para minorar la cantidad morosa a provisionar, tendrán reconocido su valor de tasación (o de coste si es inferior). Eso sí, con un recorte de valor que va del 20% si es una vivienda terminada que sea residencia habitual del cliente hasta el 50% en caso de parcelas, solares y casas sin terminar, pasando por el 30% de fincas rústicas, oficinas, locales y naves terminadas y el 40% en caso de la segunda vivienda o de pisos sin vender.

Sobre el tratamiento de las compras, daciones o adjudicaciones de activos en pago de deudas, el Banco de España endurece la norma para frenar esta costumbre. En el momento inicial de la adquisición se debe reconocer un deterioro mínimo del 10%, una vez transcurridos doce meses éste se eleva al 20%, y para más de 24 meses se establece al menos en el 30%. Estas adquisiciones de activos en pago de deudas "constituyen una opción legítima de paliar los problemas de los créditos dañados, pero un elevado volumen en circunstancias de tensión de la mora aconseja establecer principios básicos para estimar su deterioro e incentivar la búsqueda de soluciones", advierte.

Todo ese endurecimiento de las provisiones mete presión a las cajas más débiles -con más morosidad y menos provisiones-, de modo que tendrán que afrontar fusiones o reestructuraciones para sobrevivir.

Por otro lado, Fernández Ordóñez se ha recortado el sueldo un 15% y cobrará 165.000 euros brutos anuales. El gobernador ha querido alinearse con el recorte de los salarios en las administraciones públicas anunciadas por Zapatero, para reducir el déficit público. El salario bruto anual era de 194.000 euros.