Piratas capturados en Somalia serán juzgados en Montenegro

La "necesidad urgente" de encontrar "a corto plazo" países dispuestos a juzgar a los piratas detenidos en aguas de Somalia se ha convertido en uno de los principales escollos con que tropieza la Operación Atalanta de la UE. Así lo reconoció ayer la ministra de Defensa, Carme Chacón, tras recibir en su departamento al presidente del Gobierno de Transición de Somalia, Sharif Sheikh Sharif, y a representantes de las asociaciones de armadores. La ministra subrayó el "éxito" de la seguridad privada embarcada en los 28 atuneros -13 con bandera española- que faenan en la zona y también del bloqueo de los puertos piratas, puesto en marcha a iniciativa española. Ninguno de los 16 buques actualmente secuestrados llevaba seguridad privada, subrayó la ministra, mientras que este año se ha multiplicado por cinco la captura de piratas y se han destruido 100 esquifes -embarcaciones ligeras empleadas en los abordajes- y buques nodriza, que les permiten atacar lejos de la costa. El problema radica en que la inmensa mayoría de los detenidos acaba en libertad porque ningún país quiere hacerse cargo de ellos. La situación llega al extremo de que entre los países con los que la UE ha firmado acuerdos para que juzguen a los piratas figura, además de Kenia, Seychelles y Yibuti, Montenegro. Mientras los tres primeros son vecinos de Somalia, el último está en la costa del mar Adriático. Esta ex república yugoslava, refugio de piratas turcos en el siglo XVI, no ha encontrado mejor forma de hacer méritos para avalar su ingreso en la UE y la OTAN que convertirse en la única prisión para los piratas somalíes en Europa.

Parece broma, pero no lo es. El buque español Galicia aún lleva a bordo a cuatro piratas detenidos el pasado día 24, a la espera de que Kenia, que alega que su sistema judicial está colapsado, responda si los acepta. Seychelles, por su parte, solo admite a piratas capturados en sus aguas. Chacón apostó ayer por que un tribunal regional se haga cargo del problema pero, mientras tanto, instó a la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, a firmar acuerdos "urgentes" con Tanzania, Mozambique o las Islas Mauricio.

Los armadores salieron satisfechos de la reunión con Chacón y le instaron a "no relajar" la vigilancia. La ministra apoyó el proyecto piloto para instalar en los atuneros una cámara acorazada donde la tripulación podría refugiarse en caso de secuestro hasta que los buques de la UE acudan en su rescate. Se desconoce su coste, pero elevará aún más el de la seguridad privada: un millón de euros al año, que el Estado se ha comprometido a financiar al 50%.