No hay remedios rápidos

La compra de bonos por parte del Banco Central Europeo le ha dado un respiro a Portugal, pero sigue siendo probable que el país necesite un rescate de 50.000 a 70.000 millones de euros a principios del año que viene. Solamente en abril y junio hay que devolver 10.000 millones de euros de deuda estatal a medio plazo.

Unos 50.000 o 55.000 millones de euros cubrirían la deuda exigible a largo plazo y el déficit de Portugal durante tres años. Otros 10.000 millones colocarían el porcentaje de capital puro de máxima calidad de sus bancos por encima de un cómodo 10%. Aunque la suma total de dinero sería inferior a los 85.000 millones de euros de Irlanda, puede que a Portugal le resulte más difícil conseguir préstamos bilaterales de países como Reino Unido, tal como ha hecho Dublín. Dicho esto, los mecanismos de rescate de Europa y el Fondo Monetario Internacional tienen mucho dinero para utilizar en casos como este.

Lo más probable es que las negociaciones se centren en la capacidad de Portugal para equilibrar su presupuesto y reactivar su estancada economía. Ambas cosas serían esenciales para garantizar que los inversores estén dispuestos a prestarle dinero nuevamente al finalizar el hipotético programa de tres años.

El Gobierno predijo en marzo que la deuda alcanzaría un máximo del 90% del PIB a finales de 2012, mientras que el déficit caería hasta el 3% ese mismo año. Si Portugal es capaz de alcanzar estos objetivos, todo debería ir bien. Pero Lisboa va a alcanzar este año el objetivo de déficit del 7,3% gracias únicamente a una transferencia de activos excepcional de Portugal Telecom. Y el objetivo del año que viene del 4,6% parecerá optimista si el crecimiento real del PIB es inferior a las ya flojas expectativas del Gobierno. Por consiguiente, los supuestos rescatadores de Portugal podrían exigir un esfuerzo adicional para dejar cierto margen de error.

Pero la mayor fuente de contención serán probablemente las reformas laborales (como la de facilitar a las empresas la contratación y el despido y darles más flexibilidad para negociar los salarios). El FMI considera que la reforma laboral es una prioridad a fin de mejorar la competitividad y Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, ha sumado su voz a las de quienes han exigido esos cambios esta semana. Sin embargo, los sindicatos y muchos electores se sentirán horrorizados. Aprobar reformas impopulares podría requerir una Administración más fuerte que la del Gobierno socialista en minoría de José Sócrates, que solo ha conseguido aprobar el presupuesto del año que viene después de muchas discusiones.