Cuatro años de austeridad

"Quien nunca cambia sus ideas, jamás corrige sus errores", citó ayer el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para analizar las motas oscuras de su quinta mayoría absoluta. Atribuyó la merma de respaldo popular (del 55,5% al 49,7%) al brillante resultado de UPyD y a la censura ciudadana a decisiones económicas que, en tiempos de vacas famélicas, "había que tomar". Como en este sentido el horizonte tampoco invita al optimismo, Gallardón avanzó que profundizará en la austeridad y los recortes (que, según prometió, no afectarán al gasto social). Y adelantó que el ajuste se trasladará a la estructura administrativa del Ayuntamiento, que reorganizará y adelgazará con el propósito de aumentar su eficiencia.

La reorganización afectará a los cargos de confianza y a las empresas públicas

Eso afectará a altos cargos y asesores, direcciones generales y empresas públicas (consulte aquí la estructura administrativa y salarial del Ayuntamiento). A falta de consensuar si se alterará la división de la ciudad en 21 distritos, ese esfuerzo de sobriedad administrativa variará la organización de las nueve áreas de Gobierno (los ministerios municipales), no tanto para lograr un ahorro que se prevé magro como para adecuar esfuerzos y prioridades políticas a los exiguos recursos existentes. Por ejemplo: si no hay dinero para construir infraestructuras, quizá valga la pena concentrar la atención en la promesa insignia del programa electoral, crear empleo.

Los cambios atañen también a los empleados públicos: no habrá despidos, pero sí reubicaciones basadas en criterios de eficiencia y necesidad. Además, los puestos de aquellos que se jubilen serán amortizados.Gallardón (PP) encadena seis victorias electorales (tres de ellas en la Comunidad, aunque la primera no le permitió gobernar) y cinco mayorías absolutas. Esta última, es cierto, con 120.592 votos menos (casi seis puntos porcentuales), lo que el responsable de su campaña, Manuel Cobo, atribuye a la censura ciudadana a medidas económicas que, en tiempo de recesión, "un Gobierno responsable debe tomar"; y al extraordinario resultado de UPyD, acentuado en la capital porque este partido se nutre precisamente de la clase media-alta urbana (y que, por cierto, obligará a "cambios logísticos" al sumarse un cuarto grupo al Ayuntamiento).

Madrid es una ciudad que vota mayoritariamente a la derecha, enraizada en una comunidad autónoma que también vota a la derecha, mérito que, tanto a nivel regional como municipal, Gallardón otorga en gran medida al "tirón electoral" de la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, y a "una campaña local con discurso nacional" con el líder del PP, Mariano Rajoy, como enseña. Ayer, haciendo balance ante la prensa, Gallardón se sumó al coro de dirigentes de su partido que, si cabe ahora con más brío, reclama al jefe del Gobierno que adelante las elecciones generales.

Si la más apresurada y contundente en este sentido fue Aguirre, a la que el domingo le faltó tiempo, una vez encaramada en el palco de la victoria de la calle Génova, para lanzar esa exigencia al Ejecutivo, su compañero de filas (y de balcón, pues ocupaba el otro flanco de Rajoy esa noche) prefirió esperar a ayer. En opinión del alcalde (hasta el 11 de junio, en funciones), el Gobierno "debería analizar lo que es más beneficioso no para el PSOE sino para España". Se pregunta si el país puede y debe aguantar 10 meses "sin enviar un mensaje contundente" a los ciudadanos, al mundo y a los mercados, "a los que tiene acostumbrados a cierta interinidad". "¿No sería más razonable decidir en el menor tiempo posible? Así limitaríamos la fuerza de los especuladores y convocaríamos a nuevos inversores", ha apuntado.

Madrid es una ciudad que vota a la derecha pero, en opinión de Gallardón, "no es conservadora sino de vanguardia", con ciudadanos a los que Madrid "ocupa y preocupa" (según deduce de la participación, mayor que en 2007 pese a las "circunstancias singulares", verbigracia, el movimiento 15-M acampado en Sol) y un alcalde "rebelde" (por asumir proyectos de riesgo, explicó).

¿Y ahora qué? Su programa no incluye proyectos fulgurantes, grandes obras de transformación urbana como Madrid Río (cuyo carisma electoral defendió apelando a un recuento de votos en los barrios afectados, y no a escala de distritos, en los que la amplitud difumina el impacto). "No se puede gobernar igual en época de bonanza, cuando el presupuesto permite hacer muchas cosas, que en tiempos como estos en los que hay que elegir", explicaba Cobo. Se impone pues la austeridad, "más intensa todavía" si cabe, y recortes (que, promete, no afectarán al gasto social). "Sería razonable" trasladar eso a la estructura administrativa, reorganizándola para aumentar su eficiencia", dijo Gallardón.

Eso supone cuando menos recortes en altos cargos, direcciones generales, empresas públicas y puestos de designación política. Pero no solo: también reorganizar las nueve áreas de Gobierno (los ministerios), y replantearse la división de la ciudad en 21 distritos. En cualquier caso, esta sobriedad organizativa no busca tanto rebajar costes (el ahorro neto no será muy relevante), sino ganar eficiencia. Y servirá además para apuntalar prioridades, potenciando unas áreas de Gobierno frente a otras en virtud al nuevo rumbo político que tome la legislatura.

Afectará también a los empleados públicos. No se plantea un expediente de regulación de empleo, pero sí análisis de eficiencia y de la necesidad de su puesto que puede llevar a cambios de ubicación y a procesos de "readaptación profesional". En cualquier caso, la nómina de 27.000 empleados públicos seguirá descendiendo, puesto que cuando uno se jubile o cambie de administración su puesto desaparecerá. De esta manera, se han amortizado 1.600 plazas en los últimos dos años.

El líder municipal de UPyD, David Ortega, coincide en esta voluntad de recorte, que quiere centrar en gastos de personal, alquiler de edificios, empresas municipales y, sobre todo, cargos de designación política ("hay una superinflación de puestos digitales, a dedo"). El concejal de Hacienda, Juan Bravo, discrepa tanto en cantidad (la tasa de asesores frente a empleados públicos es de 1:100) como en calidad (realizan un trabajo de corte político que no deben ni quieren asumir los funcionarios). Aun así, también ahí está dispuesto a meter tijera.

IU refrenda que la austeridad no paliará la necesidad de ingresos que acogota al Ayuntamiento, y propone prescindir de la externalización de servicios que ahora prestan empresas privadas, cuando podrían depender de funcionarios, y cuyo coste cifra en más de 2.000 millones de euros anuales (por ejemplo, las contratas de basura). El PSOE prefirió no pronunciarse hasta conocer en detalle el plan, informa Elena G. Sevillano.