Crecimiento y ahorro

Las recientes previsiones económicas de la Comisión Europea para el conjunto de la UE vienen a confirmar, en el caso de España, las opiniones de la mayoría de los analistas en el sentido de que nuestra economía crecerá un 0,8% este año y un 1,5% el que viene. Un elemento básico de las previsiones es el relativo al consumo de las familias, determinado esencialmente por el empleo y por la evolución de su tasa de ahorro.

Merece la pena examinar con algún detalle estas cuestiones. La economía española, tradicionalmente, ha sido poco creadora de empleo. El crecimiento medio de España en la última década del pasado siglo y en la primera del presente fue en general superior al de las economías de Francia, Alemania o Italia, pero la creación de empleo fue igual o menor, salvo en el caso de Italia. Además, la evolución del empleo ha sido mucho más cíclica: en los primeros años de este siglo la creación de puestos de trabajo, muy ligada a la construcción, fue mucho mayor que en el resto de Europa, pero en la segunda parte de la pasada década, la crisis financiera y el estallido de la burbuja especulativa de la construcción provocaron una intensa destrucción de empleo, sin parangón en los otros países. En el año 2009, el empleo en España cayó un 6,6%, mientras que en Francia la caída fue del 1,2%, en Italia, del 1,7%, y en Alemania no varió el nivel de ocupación.

Para crear empleo es esencial obtener una mayor flexibilidad del mercado de trabajo

Desde esta perspectiva, las previsiones para los próximos meses en lo que se refiere a la creación de empleo en España no pueden ser buenas, pues aún continuará el ajuste de la construcción. La UE prevé que solo a finales del presente año comenzará a crearse empleo neto. Es una opinión razonable cuyas consecuencias sobre la renta de las familias serán depresivas, aunque parcialmente compensadas por el aumento nominal de las remuneraciones de quienes tienen un empleo.

Es cierto que las prestaciones sociales han crecido en estos años de crisis y han paliado en parte la disminución de las rentas de las familias, pero la compensación es solo parcial y, desde el punto de vista macroeconómico, se ve en parte disminuida por el aumento de los impuestos como consecuencia, a su vez, de los compromisos contraídos en Maastricht. Globalmente, la política presupuestaria del Gobierno este año y el que viene será restrictiva, pero ello no impide, más bien al contrario, que acentúe su carácter redistributivo tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos. Las modalidades son discutibles y los efectos macroeconómicos difieren según sean las hipótesis contempladas. Lo que está fuera de duda es la necesidad, en el marco de los compromisos adquiridos, de seguir adelante con la austeridad presupuestaria en la Administración central y en las territoriales.

Por último, aunque los tipos de interés y los dividendos pagados por las empresas deberían aumentar (conviene recordar que en 2009 la disminución de este apartado fue casi de la misma magnitud que la reducción de las rentas salariales, y conviene recordar también los millones de personas que perciben rentas como propietarios de títulos de deuda, pública o privada), la renta disponible de los hogares debería permanecer estancada o progresar ligeramente, en cualquier caso, menos que el aumento de los precios, por lo que para llegar a una tasa positiva de consumo (un 0,8% en las previsiones de la UE) es necesario postular una reducción de la tasa de ahorro de las familias, que la Comisión Europea estima en unos dos puntos sobre la renta disponible de las familias.

Este es el elemento esencial que definirá la demanda de consumo privado en 2011. En el pasado, las familias españolas ahorraron algo menos que las europeas; en cualquier caso, menos que las alemanas, francesas o italianas (un 11% de su renta disponible, frente a un 13% o más), y su comportamiento a lo largo de la crisis ha sido diferente, especialmente en 2009, año en el que su tasa de ahorro subió bruscamente hasta el 18% de su renta disponible. Este fuerte incremento no admite comparación con los suaves aumentos registrados en otros países y seguramente se debe a la incidencia de la caída del empleo y a un reflejo de miedo ante una crisis que apareció bruscamente en toda su magnitud tras haber sido reiteradamente negada por el Gobierno. El aumento del ahorro y la caída de la inversión tuvieron como contrapartida una drástica reducción del déficit de la balanza por cuenta corriente, que pasó de un 9,6% del PIB en 2008 a un 5,5% en 2009.

También hay que recordar que en los años que precedieron a la crisis, el desequilibrio entre el ahorro total de la economía y la inversión no se debió a la debilidad del ahorro de los agentes económicos (familias, empresas y Estado), pues este fue siempre más elevado que el de nuestros grandes vecinos, sino al fuerte aumento de la inversión, especialmente en vivienda. Es en este apartado en el que la economía española se alejó sustancialmente de la de otros países europeos, pues la parte del PIB consagrada a la construcción se mantuvo cinco o seis puntos por encima de la media: es precisamente la reconversión de esos puntos del PIB a otras actividades la que dificulta sobremanera el ajuste de la economía española en la presente crisis.

Por el momento, asistimos a la vuelta de la tasa de ahorro de las familias a la normalidad, es decir, al 11% de la renta disponible, tasa a la que probablemente llegaremos este año, según las previsiones de la UE. A pesar de ello, y de la debilidad de la inversión tanto privada como pública, el déficit por cuenta corriente se situará en el entorno del 4% del PIB, a pesar del buen comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios.

Para el próximo año, la UE prevé la estabilidad de la tasa de ahorro de las familias y el aumento del consumo privado. Pero ello requiere imperativamente la creación de empleo. Desde esta perspectiva, obtener una mayor flexibilidad del mercado de trabajo es esencial. En este orden de cosas, de nuevo los agentes sociales tendrán la última palabra, y esta vez no solo será necesario que los acuerdos que eventualmente concluyan y los desarrollos reglamentarios que las Administraciones Públicas puedan llevar a cabo sean razonables, sino que también será preciso que se apliquen con rapidez y que funcionen en la práctica.

José Luis Leal fue ministro de Economía y presidente de la Asociación Española de Banca Privada.