Chile da la espalda a Piñera

Los dirigentes estudiantiles convocaron ayer para la próxima semana un paro nacional en el sector educativo y rechazaron la propuesta que hizo el ministro de Educación para que abandonasen sus movilizaciones. El movimiento estudiantil se vio reforzado el jueves con el apoyo masivo de la población, y especialmente de las clases medias, que realizaron una cacerolada nocturna en protesta por la dureza de la represión, tras la prohibición del Gobierno de que los jóvenes marcharan por la principal avenida de Santiago.

La policía militarizada detuvo a 874 personas durante las protestas del jueves y 90 carabineros resultaron heridos leves en todo el país, en una jornada de gran violencia que por momentos recordó a las que se vivían bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

La violencia policial recuerda los años de la dictadura del general Pinochet

Los barrios de clase media condenan la represión con una gran cacerolada

El conflicto estudiantil tiene desde hace casi dos meses en jaque al presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, cuyo índice de aprobación popular ha caído hasta el 26%, el más bajo que ha tenido un gobernante desde el regreso de la democracia en 1990, según la encuesta del influyente Centro de Estudios Públicos.

Estudiantes de secundaria, universitarios y profesores realizan de forma intermitente marchas de protesta, ocupaciones de centros, asambleas, huelgas de hambre y todo tipo de movilizaciones en las principales ciudades del país en demanda de cambios constitucionales para que el Estado asuma un mayor papel en la educación, aporte más recursos y reforme el sistema educativo construido durante la dictadura.

La jornada del jueves inyectó combustible a las movilizaciones de los estudiantes, que ya mostraban los primeros signos de fatiga. El Gobierno ha aplicado una estrategia errática ante el conflicto estudiantil, desconcertado ante un fenómeno social cuya existencia se ha empeñado en negar.

El nuevo ministro de Educación, Felipe Bulnes, se reunió el lunes con los dirigentes del movimiento para intentar alcanzar un acuerdo. Pero el jueves, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, les prohibió marchar a lo largo de la Alameda de Santiago, el gran eje urbano que atraviesa la capital, argumentando que podrían producirse incidentes. La policía aplicó la orden a rajatabla.

Al Gobierno le salió el tiro por la culata. Sin amilanarse, varios miles de estudiantes -por la mañana de secundaria y por la noche universitarios acompañados por sus profesores- intentaron manifestarse en la Alameda. Los carabineros utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua y lanzaron sucesivas cargas, a pie y a caballo, contra los jóvenes, que levantaron barricadas, lanzaron piedras y huyeron para reagruparse y volver a manifestarse. La circulación de vehículos permaneció interrumpida varias horas en la Alameda, en medio de una atmósfera irrespirable, mientras los incidentes se extendieron por zonas cercanas. Cerca del centro de la ciudad, unos grandes almacenes fueron saqueados y quemados.

Al anochecer, los canales de televisión chilenos comenzaron a retransmitir en directo durante varias horas los incidentes. Las imágenes mostraban a jóvenes desarmados que huían de los carabineros. La protesta apelaba a la memoria histórica de los chilenos y los estudiantes convocaron a la población a través de las redes sociales a efectuar una cacerolada contra la represión a las nueve de la noche (seis horas más en la España peninsular).

A las ocho ya comenzó a escucharse el ruido de las cacerolas en muchos barrios de Santiago y en las principales ciudades, en especial en zonas de clase media, algo que no ocurría en Chile desde los años ochenta, en las protestas contra el general Pinochet.

En un recorrido por Santiago este corresponsal observó cómo familias completas, cientos de adultos y jóvenes, salían a las calles y plazas, frente a sus casas, para expresar su repudio a la represión desatada contra los estudiantes, golpeando ollas u objetos metálicos.

La oposición acusó al Gobierno de ejercer un uso "abusivo y desproporcionado" de la policía militarizada, lo que contribuyó a que los disturbios se multiplicaran. Parlamentarios de distintos partidos están intentando formular una acusación constitucional contra el ministro del Interior.

Los estudiantes, con el apoyo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se han querellado contra el ministro, al que acusan de violar el derecho constitucional de reunión y de practicar detenciones ilegales.

Los dirigentes de la derecha, por su parte, han aplaudido al Gobierno por ejercer la autoridad para restablecer el orden y exigen mano dura, incluyendo el desalojo de los colegios y centros ocupados por los estudiantes.

El sonido de la protesta nocturna ha causado preocupación en el seno del Gobierno. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Piñera pidió ayer a los estudiantes que reanudaran el diálogo para buscar "una educación de calidad".

La estrategia del movimiento estudiantil busca ahora encontrar más apoyo social a sus demandas. Barajan incluso la posibilidad de llamar a un referéndum sobre sus reivindicaciones. En el fondo, expresan el malestar latente que persiste en amplios sectores de la sociedad contra la desigualdad del modelo económico de Chile, a pesar del crecimiento económico, el bajo desempleo y el buen orden de las cuentas públicas.