Háganles pagar

Athanasios Orphanides, un miembro del consejo directivo del Banco Central Europeo (BCE) y presidente del Banco Central de Chipre, afirma que la eurozona debería abandonar los planes de imputar las pérdidas a los acreedores privados de Grecia. Eso podría ayudar a calmar a los mercados, pero no resolvería la crisis.

La opinión de Orphanides resume principalmente la continuada oposición del BCE a la participación del sector privado en los rescates. Pero va más lejos al pedir que se elimine del todo del debate en curso sobre un segundo rescate a Grecia. Atenas tiene que asegurarse pronto un acuerdo con sus acreedores, y, de no lograrlo, podría provocar una suspensión de pagos desordenada.

Orphanides afirma que el acuerdo de Deauville en octubre de 2010 entre Alemania y Francia, que primero estableció que los acreedores privados deberían soportar una parte de los costes de los rescates, empeoró la crisis de la deuda europea: arrojó dudas sobre la solvencia de la deuda soberana. Cuando la crisis se extendió a continuación a Italia y a España, el BCE tuvo que comprar bonos soberanos por valor de más de 200.000 millones de euros. En comparación, la denominada "Participación del Sector Privado" (PSP) le ahorrará a Grecia 100.000 millones de euros, la mitad del coste del contagio hasta el momento.

El abandono de la PSP dejaría a Grecia con unos costes por intereses más elevados. La alternativa de Orphanides es que la eurozona preste más dinero a Grecia a tipos bajos durante un máximo de 30 años. Pero la eurozona ya está prestando a Grecia a los tipos más bajos posibles según su actual fondo de rescate.

Se podría mantener que la sostenibilidad de la deuda griega quedaría debilitada incluso si la PSP se materializase. Si su revocación acabase con la crisis, podría merecer la pena. Pero puede que no lo haga. El acuerdo de Deauville asustó a los inversores, pero no es la raíz del contagio; la crisis italiana solo empezó realmente en serio en julio del pasado año, siete meses después de Deauville.

La revocación de la PSP funcionaría si los inversores empezasen a creer de nuevo que la deuda de los Gobiernos de la eurozona no tiene riesgos. Para que ese sea el caso, los países fuertes de la eurozona tendrían que ayudar a todos los Estados periféricos con tipos bajos hasta que puedan reformar sus economías, y probablemente asumir pérdidas. Esto equivaldría a una unión de transferencias. A lo mejor es posible una vez que las políticas económicas y sociales de los países están estrechamente alineadas. Pero hasta entonces, los obstáculos políticos a semejante cambio fundamental hacen que el sufrimiento de los acreedores privados sea una alternativa más creíble.