La tragedia del estadio de Port Said desata una crisis política en Egipto

La tragedia de la noche del miércoles en el estadio de fútbol de Port Said, donde tuvo lugar una violenta refriega que se saldó con 74 víctimas mortales y más de 1.000 heridos, ha vuelto a reabrir las costuras de la turbulenta transición egipcia. En una caldeada sesión parlamentaria, varios diputados pidieron ayer la dimisión del ministro del Interior y responsabilizaron a la Junta Militar de los hechos. La tensión se palpaba anoche en el centro de El Cairo. Allí, centenares de manifestantes se enfrentaron a las fuerzas del orden, en lo que podría ser el anticipo de una nueva ola revolucionaria.

El primer ministro, Kamal Ganzuri, intervino en el Parlamento para expresar su dolor por lo ocurrido y dar explicaciones de la actuación gubernamental. "Estoy dispuesto a rendir cuentas ante cualquier institución porque sé que tengo una responsabilidad política por los hechos", dijo Ganzuri, que acudió al hemiciclo acompañado del Ministerio del Interior, Mohamed Ibrahim.

Los islamistas culpan de la tragedia a sectores pro-Mubarak

La presencia policial en la cancha era mucho menor de lo habitual

En un breve discurso, Ganzuri informó de que el Gobierno había actuado con celeridad la noche anterior y aceptado las dimisiones del gobernador de Port Said y del responsable de las fuerzas de seguridad de la región, así como de toda la junta directiva de la Asociación de Fútbol Egipcia.

Como en episodios violentos de los meses anteriores, el Gobierno culpó de la matanza a un misterioso complot "que pretende desestabilizar el país", una herramienta discursiva que los actuales líderes del país parecen haber tomado prestada del manual del régimen anterior. La noche del miércoles, el mariscal Husein Tantaui, presidente de la Junta Militar, había recurrido a la otra medida habitual: la apertura de una comisión de investigación. "Los culpables serán castigados", aseguró en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, las promesas de Tantaui y Ganzuri no inspiran ya ningún tipo de confianza en la mayoría de los diputados electos en las primeras elecciones democráticas, por lo que la institución decidió acometer su propia investigación de los hechos. Varios legisladores lanzaron en sus discursos en la cámara afilados dardos contra la cúpula castrense.

"No es aceptable para el director de la seguridad de Port Said, al que no absuelvo de ninguna responsabilidad, el convertirse en un chivo expiatorio. Queremos una limpieza a fondo del Ministerio del Interior", afirmó Husein Mohamed Ibrahim, diputado del Partido de la Libertad y la Justicia, la marca electoral de los Hermanos Musulmanes. Precisamente, la reestructuración del sistema de seguridad, acusado de perpetrar numerosos abusos por las organizaciones de derechos humanos, es una de las principales demandas insatisfechas de la Revolución del 25 de Enero.

El histórico movimiento islamista emitió un comunicado en el que atribuyó la violencia a "facciones internas con fuertes relaciones con el antiguo régimen", que tendrían como objetivo "bloquear una transición pacífica".

Más directo y contundente fue Mohamed Abu Hamid, del partido laico Egipcios Libres. "A lo que sucedió ayer [por el miércoles] no lo podemos llamar un incidente. Es una conspiración de la que la Junta Militar debe responder. ¡La Junta debe caer. La Junta debe caer!", remachó el diputado ante las cámaras de televisión, que retransmitieron en directo la sesión.

Los legisladores se hicieron eco en el hemiciclo de una indignación compartida por la mayoría de los egipcios, sobre todo por los miles de personas que se concentraron en la estación de tren de Ramsés para recibir a los aficionados del Ahly provenientes de Port Said.

En un país proclive a las teorías de la conspiración, no solo algunos diputados ven la mano negra de la Junta Militar detrás de una masacre inédita en la historia del fútbol egipcio. "Los militares quieren crear el caos para justificar su permanencia en el poder. Es mucha casualidad que todo esto suceda justo después de levantar la ley de emergencia", apuntaba Ahmed Ismail, un veterano ingeniero que se sumó a las marchas de repulsa.

Una de las más multitudinarias quería culminar anoche delante la sede del Parlamento. Sin embargo, sus aledaños, y buena parte del centro de El Cairo, estaban completamente sellados por la policía con alambradas y muros. Allí fue donde se desató una batalla campal con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes con un saldo de casi 400 heridos.

Un día después de la matanza, un halo de incertidumbre continuaba envolviendo los incidentes, que constituyen el más violento de los espasmos que han sacudido el Egipto pos-Mubarak. Varios testigos presenciales aseguran que la presencia policial en el estadio de Port Said era mucho menor de lo habitual, y que los agentes desplegados no hicieron nada para evitar que miles de personas invadieran el terreno de juego para linchar a los jugadores y aficionados del Ahly, el equipo visitante. En un comunicado en su página de Facebook, las Águilas Verdes, el grupo de seguidores fanáticos del club Masry, afirmaron "no tener nada que ver con lo sucedido" y denunciaron que "grupos de gamberros" se infiltraron en sus filas.