El Gobierno endurece las penas de cárcel para los defraudadores

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una modificación del Código Penal para reforzar la lucha contra el fraude y endurecer las penas contra los evasores con el paro, con la Seguridad Social o en materia tributaria. "Se agravan algunas de las figuras del delito fiscal y un incremento de la pena hasta seis años", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaria.

Para ello, el Gobierno eleva de cinco a diez años el plazo de prescripción de los delitos fiscales, según ha publicado hoy Expansión. Asimismo, eleva las penas de cárcel. Hasta el momento la ley establece prisión de uno a cinco años para importes defraudados superiores a 120.000 euros. Pero el Gobierno prevé elevar estas penas de prisión a seis años al incluir un tipo agravado del delito actual.

El Gobierno también "mejora la regulación de los delitos contra los derechos de los trabajadores", ha asegurado la vicepresidenta. Ha reducido el importe del tipo delictivo contra la Seguridad Social de 120.000 euros a 50.000 euros. De esta forma se rebaja el umbral de lo que constituye delito.

Esta reforma del Código Penal se suma a los anteproyectos de lucha contra el fraude que han presentado los ministerios de Hacienda y Empleo.

El anteproyecto de lucha contra el fraude fiscal permite a Hacienda adoptar medidas cautelares para evitar que los defraudadores que no pague a Hacienda se declaren en insolvencia o traten de llevar a cabo un alzamiento de bienes con vistas a eludir su responsabilidad con la Agencia Tributaria y la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas. Según explican en el Gobierno, en la actualidad hay expedientes abiertos en los tribunales por importe de 6.000 millones de euros. Por eso, se prevé la posibilidad de realizar embargos preventivos sobre los supuestos defraudadores y todas rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último ejercicio fiscal de entre los no prescritos.

Se rebaja a 50.000 euros el tipo delictivo contra la Seguridad Social

Con esta normativa, el Ejecutivo refuerza la función del inspector de Hacienda al establecer sanciones de entre 1.000 a 100.000 euros para los particulares que traten de "obstaculizar, frenar o negarse a inspección". En el caso de las empresas, el rango se amplía a entre 3.000 y 600.000 euros. Con el plan de lucha contra el fraude el Gobierno pretende recaudar 8.171 millones que servirán para reducir el déficit público.

Otras de las medidas que incluye el plan de lucha contra el fraude fiscal consiste en la prohibición de operaciones en efectivo superiores a 2.500 euros para empresarios y autónomos y la obligación de declarar las cuentas bancarias abiertas en el extranjero. Para los turistas, sin embargo, se establece un mínimo más alto en 15.000 euros.

Además, el plan irá acompañado de la primera amnistía fiscal aprobada en España desde comienzos de los años noventa. Los defraudadores que saquen a la luz su dinero negro podrán hacerlo pagando como sanción un 10% de lo regularizado. El Gobierno está ultimando el modelo de declaración. Expertos fiscales aseguran que están recibiendo multitud de consultas dirigidas fundamentalmente a cómo podrá regularizarse el dinero en efectivo y qué garantías jurídicas establecerá Hacienda para evitar persecuciones y sanciones posteriores. La reforma del Código Penal incluye medidas para blindar a los evasores que regularicen su situación con la amnistía fiscal.

Además, el Gobierno modifica el Código Penal para poder castigar a los cargos públicos que "oculten, manipulen o falseen las cuentas públicas". Para ello se tipifica este comportamiento como delito penal y se fija una inhabilitación especial para empleo o cargo público por un plazo de hasta diez años.