Sindicatos y la mayoría de la oposición rechazan que sea urgente hacer la reforma

Cuando el informe del grupo de expertos llegue al Congreso y a los sindicatos se enfrentará, como mínimo, al escepticismo y, en muchos casos, al rechazo. Esos dos sentimientos eran los que se emitían ayer desde los grupos parlamentarios y desde UGT y CC OO. Para la mayoría de estos actores, la reforma de pensiones que plantea el Gobierno ahora y por la que ha encargado un informe a una docena de expertos “no es urgente”. En esta posición coinciden, básicamente el PSOE, Izquierda Plural, el PNV y los dos sindicatos mayoritarios.

Defiende el diputado socialista, Valeriano Gómez, que la próxima reforma de pensiones tiene que partir de lo que marca la aprobada en 2011, cuando él ocupaba la cartera de Empleo. En ese texto se establece que el factor de sostenibilidad deber consistir en una fórmula matemática que, partiendo de la esperanza de vida, modifique periódicamente a partir de 2032 los parámetros básicos del sistema de pensiones (cuantía, edad o periodo de cálculo).

Teniendo en cuenta que el informe de los expertos postula superar este marco, Gómez afirma que el contenido del documento es “triplemente exagerado”. “Por un lado, proponen que haya una fórmula que afecte solo a la cuantía de las pensiones futuras; por otro, plantean acabar con el vínculo entre pensiones e IPC; y, además, quieren que entre ya en vigor”, argumenta.

“No existe ninguna razón que justifique la urgencia”, ahonda Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, que rechaza que el informe de los expertos, un grupo que considera sesgado hacia el sector asegurador, vincule los trabajos parlamentarios. “No hay por qué ligar el factor de sostenibilidad a las pensiones actuales. No hay que mezclarlo. Me niego”, rechaza tajante el diputado catalán.

En opinión del portavoz en materias de pensiones del PNV, Emilio Olavarria, lo que ha trascendido de los trabajos del grupo de expertos plantea dudas sobre su legalidad. “Se apunta a una suerte de cambio de modelo”, analiza.

En el Pacto de Toledo

También entre los sindicatos genera muchas suspicacias el informe que los expertos tienen que entregar al Ejecutivo esta semana. Para CC OO, lo que se ha conocido hasta el momento le sirve para mostrar “su preocupación por el contenido [del informe] y formas con que se está presentando esta cuestión ante la sociedad”. El sindicato reivindica que “el debate sobre pensiones corresponde al Pacto de Toledo y al diálogo social”.

“Recomendamos a los expertos que emitan un informe real, paramétrico y que no se aprovechen de la situación de crisis para hacer una reforma que nada tiene que ver con los problemas de nuestro sistema”, advirtió ayer la responsable de Seguridad Social de UGT, Carmen López, que reclama al Gobierno que resuelva el desempleo, “el problema real que tiene el sistema de pensiones”.

Más comedida fue la reacción de CiU y de UPyD. “No quiero hacer valoraciones extensas hasta que no haya leído el informe”, declaró el diputado nacionalista, Carles Campuzano, quien sí que advirtió de que “devaluar las pensiones es una mala solución”. En la misma línea, Álvaro Anchuelo, de UPyD, afirmó que aunque cree lógico que se articule algún mecanismo para que cuando las cosas vayan mal los pensionistas también tengan que realizar esfuerzos, no ve lógico que no puedan verse recompensados cuando la situación mejore.