Ajustes, reformas y ayuda financiera

Entramos en el nuevo curso con un optimismo moderado consecuencia de la buena marcha de algunos indicadores económicos y el no empeoramiento de otros. Mejoran las expectativas de crecimiento de Europa, se reduce la prima de riesgo española a niveles aceptables, permitiendo una mejor financiación del Tesoro, y siguen creciendo las exportaciones españolas de bienes y servicios con ganancias de competitividad. Por otra parte, las opiniones de los organismos internacionales sobre la evolución de las reformas españolas son mejores que a comienzos del año, las expectativas de crecimiento del PIB para el tercer trimestre dejan de ser negativas y los indicadores de confianza mejoran lentamente. Lo más difícil, la recuperación del empleo, está todavía lejos de conseguirse, aunque se modera la pérdida de empleos asalariados y se incrementan las afiliaciones de autónomos.

Aunque algunas opiniones de la Comisión Europea, como las del vicepresidente económico, Olli Rehn, son favorables a la evolución de la economía y de las finanzas españolas, esta semana la troika ha comenzado con los representantes del FMI su cuarta visita a España para efectuar una nueva evaluación del programa de rescate a la banca, inspección a la que se sumarán mañana lunes la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE). La discusión está en si será o no necesario prorrogar la ayuda financiera a España. Cabe recordar que dicha ayuda fue concedida por valor de 100.000 millones de euros en julio de 2012 para sanear el sistema bancario, y que de esa cifra, según datos oficiales, se han utilizado 61.366 millones.

Aunque las autoridades españolas aseguran que prorrogar la ayuda ya no es necesario y que España puede financiarse por sus propios medios, la decisión se tomará el 15 de noviembre, tras conocerse el informe de la troika. De acuerdo con las condiciones fijadas en el Memorando de Entendimiento, una vez aceptada por las autoridades la buena marcha de las reformas, el punto más conflictivo está en las dudas sobre la capacidad de España para cumplir con la condición más importante impuesta por la Comisión, que es el cumplimiento del objetivo de déficit en 2013, fijado en el 6,5% del PIB.

Con los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda hasta el mes de julio, el déficit de caja del Estado se eleva a 35.774 millones de euros y a 45.133 millones de euros en función de la contabilidad nacional, superando los 40.390 millones presupuestados para el conjunto del año. Por otra parte, el déficit del conjunto de las Administraciones del Estado y las comunidades autónomas, dejando aparte el resultado de la Seguridad Social, asciende hasta julio a 54.293 millones de euros, lo que representa el 5,27% del Producto Interior Bruto (PIB estimado provisionalmente). La cifra es preocupante, ya que se acerca excesivamente al objetivo para todo el año.

A pesar de ello, es cierto que hay dos condicionantes que pueden ayudar a la consecución del objetivo. Una, si, como se espera, se produce algún crecimiento del PIB en el segundo semestre del año, aumentará la recaudación de impuestos. En especial, la recaudación del impuesto de sociedades y del IVA puede ser mayor, y adicionalmente parece que en el segundo semestre se anunciarán algunas medidas para incrementar la recaudación de algunos impuestos especiales. El segundo factor que influirá positivamente es la mejor financiación de la deuda en los mercados, lo que reducirá significativamente la cifra dedicada al pago por intereses de la misma, presupuestada en 38.615 millones de euros y cuyo pago hasta julio ha sido de 21.921 millones. No obstante, el Gobierno tendrá que revisar la cifra prevista del PIB para el conjunto de 2013 por dos motivos diferentes. A la baja, por la revisión efectuada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en agosto del PIB provisional de 2012 (1.029.002 millones de euros), y al alza, si la caída del PIB en 2013 es menor de lo previsto por el Gobierno (-1.3%). Esta modificación es importante por constituir el denominador de la ratio de déficit público.

Otra variable que inquieta es el crecimiento de la deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas españolas, que según datos del Banco de España alcanzó los 947.184 millones de euros hasta julio, equivalente a un 92,6% del PIB (partiendo de un PIB estimado para 2013 de 1.022.514 millones de euros, cifra que deberá ser modificada). Quizá deberíamos aclarar que la deuda pública española continuará creciendo en la medida en que exista déficit público, ya que solo podría reducirse en un futuro más bien lejano, o bien por alcanzar un superávit del sector público o bien por la amortización adelantada de parte de la misma.

Al comenzar el segundo semestre mejoran algo las expectativas. A ello han contribuido las reformas y los ajustes, especialmente dolorosos para los ciudadanos que han perdido el empleo o que han visto hundirse sus empresas. Durante los años de crisis, el ajuste interno de salarios y rentas ha sido muy intenso, más de lo que parecen observar las autoridades internacionales, que aún continúan demandando mayores ajustes. Los incrementos importantes de la productividad han impulsado las exportaciones de bienes y servicios, convirtiendo al sector exterior en el único motor del crecimiento. Los analistas han comenzado ya a revisar al alza sus previsiones para el segundo semestre del año.

Sin embargo, quedan pendientes algunas reformas, como la de las Administraciones Públicas, especialmente en las comunidades autónomas donde siguen sobrando órganos e instituciones de muy baja productividad para el conjunto de la economía. Pero es en el mundo político donde se echan en falta las reformas. Lo que algunos han llamado regeneración democrática, la responsabilidad en las instituciones, la vuelta a la honestidad y al trabajo bien hecho, son aspectos no medibles, pero muy importantes a la hora de mejorar los resultados del país en su conjunto. Para poder exigir responsabilidades individuales sería importante una modificación de la ley electoral, de manera que los representantes elegidos tengan que responder más directamente de sus actuaciones con el lenguaje de los votos, que es el único que les preocupa.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).