Preocupación por los precios

Con los últimos datos conocidos del índice de precios de consumo (IPC) del mes de marzo, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se ha acrecentado la preocupación por entrar en un proceso de deflación. Sin embargo, conviene introducir algunos ingredientes en la discusión sobre las ventajas e inconvenientes de una inflación próxima al cero, tema que está aumentando su interés tanto a nivel nacional como internacional.

Comenzaremos con el concepto teórico de deflación y sus inconvenientes. El concepto más conocido es el de “una caída generalizada y prolongada del nivel de precios en una economía”. Como en gran parte de la medición de las variables económicas, se llega a una convención que el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece en un periodo de tasas negativas de los precios durante tres meses consecutivos. Pero aunque en Europa y más en concreto en España todavía no estemos en esta situación, la tendencia de los datos del IPC durante los últimos meses es preocupante.

Con los datos del IPC, la inflación del consumo en 2012 en tasa media anual fue del 2,4%; en 2013, a pesar del efecto del aumento del IVA, fue del 1,4%, y en 2014 la tasa anual del mes de marzo se ha situado en un peligroso -0,1%. Datos y tendencia que hacen predecir una inflación cercana al cero para el año 2014. Pero además hay que tener en cuenta que el conjunto de los precios de un país no lo componen solo los precios de consumo, sino también los precios de la demanda de inversión en activos tanto inmobiliarios como financieros, con lo que la situación se complica al haberse producido en España caídas espectaculares durante la crisis, sobre todo en los activos inmobiliarios.

Se da un círculo vicioso que impide la recuperación de la demanda interna del sector privado

Pero ¿cuáles son los perjuicios de esta situación de crecimiento casi cero de los precios para que hasta el FMI alerte sobre la necesidad de corregirlo? El primer efecto negativo está en la pérdida de la senda de crecimiento y, por tanto, la dificultad para crear empleo. Como ha señalado claramente el FMI, la situación de débil demanda en la UE perjudica el crecimiento y el empleo. Las expectativas de mayores bajadas en los salarios y los precios llevan a una caída del consumo y retraso de las decisiones de inversión. Si los consumidores e inversores consideran que los precios continuarán moviéndose a la baja, retrasarán, en la medida de lo posible, sus decisiones de consumo y preferirán el ahorro a la inversión. Se dificulta la obtención de beneficios empresariales, obligando a las empresas a realizar ajustes de costes en su producción que provocan mayores recortes de los salarios e impiden la creación de empleo. La intensa caída experimentada en los activos inmobiliarios erosiona el capital de las familias, las empresas y los bancos. Lleva a tasaciones más bajas que los valores iniciales, teniendo que devolver actualmente créditos por valores superiores e impidiendo la obtención de créditos para el futuro y dificultando, por tanto, la inversión. Y, lo que es más grave, reduce la capacidad de pago y devolución de las deudas.

Con esto se forma una parte del círculo vicioso que impide la recuperación de la demanda interna del sector privado. Pero falta una referencia a la demanda del sector público. Las obligaciones impuestas por la política de la Unión Europea de controlar y reducir el déficit público ha obligado a reducciones de gastos en todas las Administraciones públicas, que en el caso de España se complica por tener una organización administrativa excesiva y costosa, como tantas veces hemos comentado. El Gobierno se ha visto obligado a reducir los gastos y elevar los impuestos. Pero el gran daño se ha hecho en la manera de aplicar estas recetas. Lo que a veces ha sido una necesidad al tener que reducir gastos improductivos e innecesarios, otras ha provocado ajustes en actividades necesarias para mantener un nivel adecuado de bienestar de los ciudadanos, a la vez que se ha provocado reducción o falta de creación de empleos públicos, incidiendo a su vez en el consumo de las familias. En todo caso, los recortes de gasto también han afectado a la inversión pública, provocando así los efectos perniciosos de la caída de la demanda interna.

En España, el único efecto positivo del menor crecimiento de los precios lo ha experimentado la demanda externa. La reducción de precios y costes de las empresas ha llevado a aumentos de la competitividad de los productos españoles en el exterior. La buena evolución de las exportaciones de bienes y servicios ha salvado el resultado de las empresas que se han internacionalizado, lo que ha impedido una mayor caída del PIB español en estos años de crisis. Pero este efecto beneficioso acabará agotándose, siendo necesaria una pronta recuperación de la demanda interna para que el PIB alcance tasas de crecimiento que permitan la creación de empleo neto del país y así romper el círculo vicioso que mantiene atrapada la economía.

La reducción de precios de las empresas ha aumentado la competitividad española en el exterior

En esta situación, ¿qué políticas se pueden aplicar para romper este círculo vicioso? El objetivo inmediato tiene que ser incentivar tanto el consumo como la inversión privadas, y no descuidar el consumo e inversión públicas, necesarios para un crecimiento sostenible de la demanda interna. La política monetaria dentro de la eurozona depende exclusivamente del Banco Central Europeo (BCE). En contra de lo que ocurre con la política monetaria de EE UU, la preocupación máxima del BCE es la estabilidad de precios; pero dado que el nivel de precios de la UEM está en torno al 1%, muy inferior al objetivo establecido del 2%, y teniendo en cuenta que el euro está apreciado respecto al dólar, el BCE mantiene una política monetaria laxa de bajos tipos de interés e, incluso, tiene cierto margen para actuar con medios menos ortodoxos que incentiven el crecimiento. Pero el problema, además de la obsesión alemana por mantener una inflación lo más baja posible, reside en el diferente comportamiento de la inflación y el crecimiento en los países miembros del euro. Es difícil aplicar una política monetaria adecuada cuando las necesidades e intereses de los Estados miembros son tan diferentes.

En cuanto a la política económica que queda en manos del Gobierno español, limitada por los compromisos adquiridos de control y reducción del déficit público, se reduce a la política fiscal y a las reformas que se puedan introducir con la consiguiente aprobación parlamentaria. El hecho de que los indicadores económicos comiencen a señalar un cambio de tendencia puede dar margen para la aplicación de una política fiscal menos restrictiva que libere recursos de las familias para incentivar el consumo. Además de continuar con las reformas necesarias, es importante que se rompan las expectativas de los precios a la baja de manera que, sin desbordarse, animen también al consumo y la inversión. Lo difícil es conseguir el equilibrio en un país tan dado al gasto excesivo y a los aumentos de precios.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del INE.