El Gobierno aprueba un decreto para liberalizar más la economía

El Consejo de Ministros de este viernes tiene previsto aprobar un real decreto ley en el que incluirá varias de las reformas y medidas ya anunciadas en otras reuniones pero que quedaban pendientes. El objetivo del Gobierno con esta especie de decreto escoba es acelerar la aplicación de estas medidas, que, de otra forma, tardarían mucho más tiempo con el peligro evidente de no ponerse en marcha dentro de esta legislatura y, sobre todo, de que tuvieran el efecto pretendido electoralmente. Por otro lado, también quiere mandar el mensaje a Bruselas de que, tras la reforma fiscal, no ha dejado de hacer reformas.

Entre otras medidas, formarán parte del decreto las nuevas retribuciones del sistema gasista; la liberalización parcial del butano; la privatización de AENA y la liberalización del tráfico ferroviario de pasajeros, que empezaría en el coredor de Levante; la ampliación de las zonas de interés turístico para la liberalización de horarios comerciales; la rebaja de las comisiones en las tarjetas de crédito; la liberalización de las ITV; el sistema de Garantía Juvenil y la regulación de los drones.

» Reforma gasista. El Ministerio de Industria llevará a la reunión la primera parte de la reforma del sector del gas. Esta consiste en la nueva retribución por almacenamiento, transporte y distribución. El cambio, que ha sido consensuado con el sector, trata de fijar una retribución adecuada y que el consumidor no asuma los costes. El objetivo es acabar con el incipiente déficit que, en 2013, se elevó a 400 millones de euros Según Industria, sin la reforma este año acabaría en 800 y, con ella, se quedará en 600. El coste de la reforma se estima en 400 millones, aunque en una primera fase se quedará en la mitad, recayendo en transporte y distribución. La otra parte, la eliminación del índice de actualización de precios de hidrocarburos (IPH), queda para más tarde. La segunda parte de la reforma sectorial, la organización del mercado, queda pendiente para más tarde, pendiente todavía de varios ajustes.

» Liberalización del gas butano. Además, Industria da un paso parcial para la liberalización del butano. Habrá precio libre para las bombonas pequeñas (fabricadas por Cepsa) y se mantiene el precio máximo regulado para la bombona de 12,5%, la más utilizada con un 75% de cuota y fabrica Repsol. El precio actual de estas es de 17,5 euros. El objetivo es que se amplíe el mercado de las más pequeñas y se pueda llegar a alcanzar la denominada bombona social, que tendría un precio barato destinado a usuarios con renta baja y el resto quedaría libre.

» Zonas turísticas y comisiones de las tarjetas. El Ministerio de Economía ampliará en 10 las ciudades consideradas zonas de afluencia turística reduciendo el techo necesario para las condiciones para poder disfrutar de esa diferenciación de la que ahora se benefician 14 ciudades. Entre ellas figuran San Sebastián, Santander, Oviedo, Gijón, A Coruña, Almería y Marbella. La medida consiste en dar mayor libertad en los horarios comerciales. Por otra parte, para el comercio minorista, aprobará la rebaja de las comisiones que los establecimientos pagan a los bancos por el uso de tarjetas. Las comisiones tendrán un límite del 0,30% para las tarjetas de crédito y del 0,20% para las de débito. La media que pagan los comercios en la actualidad está en 0,80% para crédito y de 0,22% para el débito.

» Comercio exterior. Reglamento de cédulas y bonos para impulsar la financiación de las empresas en el exterior. Las cédulas son un instrumento que emiten los bancos y que tienen como garantía la cartera de préstamos que la entidad ha concedido para una actividad. Si los bancos se financian más barato, podrán prestar a las compañías exportadoras a un interés menor.

» Liberalización de las ITV. El Gobierno hará un nuevo reglamento sobre las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) que posteriormente aplicará cada comunidad autónoma, ya que tienen transferida esta competencia.

» Garantía juvenil. Regulación del sistema de Garantía Juvenil. Según este sistema, los jóvenes podrán inscribirse en un registro controlado por la Administración. Esto permitirá a los jóvenes tener formación, prácticas y acceder a un trabajo en cuatro meses.