El lujo de pagar el recibo de la luz

Que la mitad de los consumidores diga no comprender la factura eléctrica es preocupante, pero que opine lo mismo el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es aterrador. Hace tres meses José María Marín Quemada afirmó “que no hay quien entienda” el recibo. Tampoco la nueva facturación, que empezó a funcionar el pasado 1 de julio, va a simplificar el jeroglífico eléctrico, ya que ahora los pequeños consumidores acogidos a la tarifa regulada empezarán a pagar según el coste que tiene el kilovatio, cada hora, en el mercado mayorista. Lo que todos los usuarios sí están obligados a distinguir, al margen de la comprensión, es el precio a abonar, que se ha disparado durante la última década.

Solo entre 2007 y 2014, el precio de la electricidad pagado por los hogares se incrementó un 60%, impuestos incluidos, hasta situar a España a un paso del podio, como el cuarto país más caro de la zona euro en 2014. Solo superado por Dinamarca, Alemania e Irlanda, de acuerdo con la oficina estadística Eurostat.

Este escenario se ha ido esbozando pese a la liberalización del mercado y las sucesivas reformas del sistema, que no han sido suficientes para mejorar la situación de los usuarios frente a un sector que lleva años siendo deficitario. Al revés, la crisis ha amplificado los efectos nocivos de este encarecimiento en la factura, hasta el punto de que hoy el 11,1% de los hogares españoles, casi el doble que en 2008, no puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Antes el precio lo fijaba el Estado anualmente. Era más barato pero generaba déficit”, recuerda Francisco Valverde, presidente de la Asociación de Consumidores de Energía (ANAE). Desde 2000 el sistema fue creando un agujero, pese a que los precios pagados por el consumidor crecieron. La deuda empezó a aumentar cuando el Gobierno de Aznar, en 2002, estableció que la factura de la luz no podía crecer por encima del IPC. En 2014, la cuantía acumulada arrojaba 30.000 millones de euros. Este importe, conocido como déficit de tarifa, se corresponde a la diferencia entre los costes reconocidos por el Gobierno y el precio pagado por los usuarios. Muchos expertos del sector, sin embargo, alegan que se desconoce si estos costes, reconocidos a las eléctricas para producir y distribuir a la electricidad, coinciden con lo que efectivamente gastan.

En 2009, cuando se culminó la liberalización del sector iniciada en 1997, y el precio de la energía ya no lo determinaba el Gobierno cada año, sino que se fijaba a través de subastas trimestrales, las cosas no cambiaron: el déficit siguió creciendo, como el recibo. Lo único que disminuía era el consumo, azotado por la crisis. “El problema de la liberalización fue que no logró abaratar la factura para los hogares”, dice Antonio Pomares, técnico de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU). En 2011, dos años después de estrenar el nuevo modelo, el recibo tuvo un encarecimiento del 9,8%, el mayor desde 1983.

“Lo único que se liberalizó”, continúa Pomares, “fueron las comercializadoras”, es decir, el último eslabón del sistema. Para Miguel Gironés, trader del mercado eléctrico, el problema está en un “sistema mal diseñado”. “Lo que meten en el recibo no es energía, son decisiones políticas”, opina, al tiempo que tacha de “errores” una serie de decisiones gubernamentales que repercutieron en el sistema. Menciona al servicio de interrumpibilidad, una indemnización que, desde los 80, el Estado concede a los grandes industriales para que dejen de consumir cuando el sector eléctrico necesita más energía de la disponible –y que se ha seguido cobrando con la crisis aunque no se les haya cortado la electricidad– o los Costes de Transición a la Competencia (CTC), una amortización concedida a las eléctricas cuando se liberalizó el mercado, y que acabó cargando sobre los consumidores.

Discriminación horaria

Con el nuevo modelo de discriminación horaria para los clientes con tarifa regulada –ahora conocida como Precio Voluntario del Pequeño Consumidor–, que en 2014 suplantó a las subastas, el concepto de energía representa aproximadamente un 37% de la factura. “A eso hay que añadir los peajes, la transmisión, los impuestos por la moratoria nuclear, el IVA, el impuesto de electricidad, el contador… ¿Y el consumidor qué ve? Un caos”, lamenta Pomares.

Otra puerta que el Gobierno quiere cerrar al usuario es la del autoconsumo: el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha presentado un borrador de decreto que lo desincentiva al establecer un gravamen al uso de baterías para almacenar la energía de los consumidores conectados a la red. El anuncio se hizo justo después de que la estadounidense Tesla anunciara el lanzamiento de un nuevo modelo de batería, mucho más barato.

La CNMC tildó entonces al autoconsumo de “imprescindible”, ya que España se comprometió en 2007 a que las renovables conformaran el 20% del consumo total de energía para 2020. La UE, sin embargo, duda de que el país pueda cumplir con el objetivo, considerando que el Gobierno recortó las primas a las energías limpias en 2014. “El Estado lo hizo mal con la regulación solar de 2008, porque creó otra burbuja”, mantiene Francisco Valverde.

En esas condiciones, la desconfianza de los usuarios crece. Más del 90% de ellos cree que la liberalización solo ha beneficiado a las compañías eléctricas y solo el 5,6% de los usuarios considera que podrá beneficiarse del nuevo modelo de facturación, según una encuesta de la organización de consumidores CEACCU.