La Audiencia condena a cinco años y medio de cárcel a Díaz Ferrán

La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de Marsans y de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a cinco años y medio de prisión y al pago de una multa de 1,2 millones de euros por el vaciamiento patrimonial de Marsans. Está acusado de los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en banda criminal.

El antiguo responsable de la patronal de empresarios ya había aceptado esta pena de prisión en la primera sesión del juicio, celebrada el 2 de julio. La Audiencia Nacional ha condenado a otros cinco años al empresario Ángel de Cabo, que se hizo posteriormente con el grupo turístico y con Nueva Rumasa, acusado de los mismos delitos y al pago de una multa por el mismo importe.

Ambos deberán, además, indemnizar de forma solidaria con 450.000 euros a Meliá Hotels International, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur. Otros nueve acusados han sido condenados a las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, que oscilan entre dos años y medio y un año de cárcel.

El tribunal recuerda que los acusados reconocieron su participación en los hechos, aceptaron su responsabilidad y colaboraron "en determinados casos en la reintegración a la masa de los distintos concursos de activos cuya existencia era desconocida". Por ello, les aplica la atenuante de confesión tardía y, en determinados casos, de disminución de los efectos del delito.

Iván Losada, ex director general de Marsans y mano derecha de De Cabo, ha sido condenado a un año y medio de prisión. Entre los condenados también se encuentra Gerardo Díaz Santamaría, hijo de Díaz Ferrán, así como otras siete personas.

La sentencia explica que el Grupo Marsans comenzó a acumular deudas y, a partir de 2009, muchos de los acreedores exigieron garantías adicionales que pasaban por que sus dueños, Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, avalaran personalmente estas deudas.

Los jueces señalan que se reintegrarán los saldos intervenidos en una cuenta del BBV de Suiza abierta por Angel de Cabo y María Consuelo Garrido, que ascendía a 4,9 millones de euros.

En caso de que el organismo internacional de arbitraje CIADI, ubicado en Washington, condene a Argentina a indemnizar a Díaz Ferrán por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, ordenan que el dinero vaya a parar a la masa concursal de las compañías y personas afectadas, una vez deducidas las cantidades que Burford Capital tiene reconocidas contractualmente.

Querían mantener su alto nivel de vida

"Tan lamentable situación patrimonial, que afectaba tanto al grupo empresarial como al patrimonio personal de sus titulares, amenazaba el altísimo nivel de vida que hasta entonces ambos llevaban, por lo que decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían avocados la mayor parte de los bienes, mediante un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, todo ello en evidente perjuicio de los acreedores", añade la sentencia.

Para ello, en 2010 contactaron con el grupo liderado con De Cabo, que venía dedicándose de forma "continuada" a la despatrimonialización de sociedades en perjuicio de los acreedores.

Los propietarios del grupo turístico acordaron transmitir al 'liquidador' la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal sin que este abonara cantidad alguna, si bien una vez consumada la ocultación patrimonial, éste le abonaría 8 millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales, con lo que podían seguir viviendo ambos con "parecida opulencia a pesar de su formal insolvencia".