Más ricos y menos iguales

Se dice que hay dos tipos de mentiras, la común y la estadística. La primera, hablando en plata, tiene las patas cortas. La segunda puede mantenerse durante mucho tiempo. En el caso de la evolución de la renta o la riqueza de las personas, la manipulación estadística tiende a estirarse como un chicle porque sirve a la política tanto como el mejor de los eslóganes propagandísticos. Así, 30 años después de que España comenzase su andadura como miembro del club europeo y ocho años después de que la asaltase la peor crisis económica de la democracia, el jefe del Gobierno español puede insistir en que los ciudadanos están mejor y el líder de la oposición afirmar todo lo contrario. Lo peor es que, echando mano de los datos, los dos pueden tener razón.

Por una parte, desde que España entró en la UE (la antigua CEE) en 1986 el país pasó de ser de renta media a alta. Los españoles superaron la crisis de mediados de los noventa y los datos macroeconómicos en 2015 señalan que también se está sobrellevando la recesión que arrancó en 2007. A esta recuperación ayuda que en los años previos a la crisis se ampliaran los servicios básicos y las infraestructuras, y se estimularan los emprendimientos empresariales de todos los tamaños, tanto para operar en el mercado doméstico como para salir a competir en el exterior: más del 70% de las más de un millón de compañías existentes nació en los últimos tres decenios. España, con todas sus carencias, sigue siendo un país con una cobertura social amplia y universal e instituciones que sirven bien a la población.

Todo esto, sin embargo, no puede esconder que la desaceleración reveló que el país es uno de los que registra mayores diferencias de renta entre los hogares en comparación con sus vecinos de la UE, que el modelo distributivo es débil, que la estructura productiva es poco competitiva, que el aumento de las rentas depende mucho de actividades muy cíclicas como la construcción o los servicios, y que la formación educativa está por debajo de la necesaria para igualar las oportunidades. En síntesis, aunque los españoles están mejor que hace 30 años, subsisten los factores que hacen vulnerables a las clases medias y bajas frente a la caída de la actividad. Para hacerse una idea del problema, un dato: el 10% de la población acapara el 55,6% de la riqueza. Si se toma el 20%, el porcentaje sube al 68,8%.

El vaso, en cualquier caso, es mejor verlo medio lleno. “España y los españoles están en 2015 a años luz de 1985. Hace 30 años apenas salíamos de la crisis de los ochenta, aún estábamos desmontando el entramado económico del franquismo, la peseta compraba más bien poco, 11 millones de personas tenían trabajo, apenas el 28% [el dato más bajo hasta hoy], de las cuales casi dos millones lo hacían en un sector agrario precario, y veníamos de perder casi otro millón de empleos industriales desde 1980”, explica la doctora en Economía Mar Rubio, de la Universidad Pública de Navarra. “Pese a los más de cuatro millones de empleos que se han perdido desde 2007, hoy trabajan en España casi 18 millones de personas, el 38% de la población total del país. Por comparación, en el mejor dato histórico, justo antes de empezar la caída hace ocho años, se alcanzó un porcentaje del 45%”, añade la historiadora.

Las grandes etapas

El ciclo económico español posterior a la crisis 1973-1985 experimentó tres etapas clave. Hubo un periodo de expansión vigorosa y de convergencia con Europa de 1986 a 1990, en la que la tasa de paro pasó del 21% al 16%. Le siguió un retroceso que se hizo agudo entre 1992 y 1993 a raíz de causas externas (problemas en la unificación alemana, las crisis en el este de Europa, el conflicto del Golfo) e internas (tipos de interés elevados, inflación, burbuja inmobiliaria, caída de la inversión extranjera, una tasa de desempleo del 24%). Ya a partir de 1995, el crecimiento se recupera y buena parte de la actividad económica se instala en una burbuja que pincha tras la crisis de las hipotecas basura de EE UU en octubre de 2007.

“En el debate público, es frecuente confundir renta con riqueza. Ambas dimensiones son importantes, pero son aspectos más complementarios que sustitutivos entre sí. En general, la riqueza siempre está distribuida más desigualmente en las sociedades (pero también hay menos datos disponibles)”, explica Sara Torregrosa, profesora de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Barcelona. “La renta es el concepto que suele interesar para hablar de distribución, como aproximación a niveles de bienestar material. El crecimiento de las rentas medias en el periodo 1985-2015 es indudable. No obstante, utilizar solo la media es una imagen pobre de la situación de los hogares en el país. Podemos encontrarnos que el crecimiento es positivo, pero viene acompañado de un aumento de la inequidad”. La académica critica “que no se suelen utilizar indicadores de desigualdad en la capacidad de consumo neta de los hogares [renta disponible menos impuestos indirectos pagados]” y que, “vistos los recientes aumentos en el IVA, el uso de este concepto mostraría un deterioro superior en la distribución de la renta”.

El rompecabezas estadístico entra en juego y, como son fichas moldeables, dependiendo de cómo se ensamble, el resultado final difiere bastante. A pesar de que la felicidad no se puede medir, los economistas no se cansan de intentarlo. Si en algo coinciden es en que el producto interior bruto (PIB) no es el indicador más adecuado para medir el bienestar. “El PIB y el PIB per capita miden lo que miden: el valor de la producción total de un país y el correspondiente por habitante. No pretenden reflejar el grado de felicidad de los ciudadanos. Digo esto porque en los últimos años han cambiado algunas características del modelo económico y social que inciden en el bienestar pero que no se reflejan en el PIB. Las reformas laborales han empeorado las retribuciones, las condiciones de trabajo y las expectativas de mantener el empleo. Y otras reformas como las educativas y sanitarias también han reducido el nivel de satisfacción. Así que aunque se hable de una recuperación del PIB, esto no implica que sea así en términos de felicidad”, concluye Carlos Barciela, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante.

Mejor referente es, según muchos expertos, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas. Tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. En 1985, España estaba en el puesto 34 de la escala internacional y en 2000 llegó al 21. Hoy está en el 27, un poco peor, pero aún en un buen lugar frente al resto del mundo.

Como puntos clave de los desequilibrios en España no hay historiador económico entre los consultados que no señale el mercado laboral y la educación. “La inequidad de renta es elevada por dos razones relacionadas entre sí: la desigualdad de capital humano [educación y formación] y la incidencia del desempleo y del empleo precario. La primera es de carácter estructural y no sólo afecta a los trabajadores mayores, sino también a los jóvenes, entre los que además destaca el fracaso escolar y el abandono temprano de las aulas. Por otra parte, la desigualdad evoluciona de forma cíclica con el paro. Los tres episodios de alto desempleo (más del 20% de la población activa) que hemos sufrido desde finales de los años setenta han ido asociados a un aumento de la desigualdad de renta que luego se mitiga algo en las expansiones”, sostiene Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.

El problema del paro

El profesor de Historia Económica de la Universidad Pompeu, Fabra Xavier, Tafunell incide en la misma línea: “La causa de la mayor inestabilidad se halla en las enormes variaciones en el volumen del empleo y en la tasa de desempleo. La baja tasa de actividad, que es una característica estructural de la economía española de larga data, influye en que el nivel de inequidad tienda a ser más elevado, junto con las limitaciones que ha presentado el sistema fiscal como instrumentos de redistribución. Entre los factores estructurales habría que destacar también las deficiencias del sistema educativo y en la formación de los trabajadores, que no solo implican un déficit de capital humano que reduce las posibilidades de crecimiento de la economía sino que tienen una fuerte incidencia en los niveles de ingresos, ahondando las desigualdades en renta”.

El aumento de la brecha social ha desencadenado un debate sobre la función social de la economía que, si no acaba en agua de borrajas, puede suponer un impulso en la lucha contra la desigualdad. La crisis no sólo puso de moda el libro del economista francés Thomas Piketty El capital en el siglo XXI, en el que sostiene que cuando la tasa de acumulación de capital crece más rápido que la economía la desigualdad aumenta y propone una mayor presión fiscal sobre la riqueza para paliar el incremento de la desigualdad; sino que produjo un reencuentro de la ciencia económica con sus orígenes, cuando se entendía que la finalidad era la de conseguir la felicidad de las personas. No desde un punto utilitarista, sino más bien moral, es decir, aceptando que una acción impulsada por sentimientos impuros no será moralmente buena aunque produzca resultados positivos.

“Las reformas tributarias aplicadas desde mediados de los años noventa han tendido a debilitar la función redistributiva del sistema fiscal. Con la reducción gradual de las cargas sobre las rentas del capital y el incremento del peso de los impuestos indirectos en la recaudación global se ha conseguido agravar el carácter regresivo de un sistema en el que ya a principios de los noventa las rentas más bajas pagaban un porcentaje superior al de las más altas. Si a eso se añaden los limitados avances en la lucha contra el fraude, el resultado es que el sistema impositivo de la democracia española nunca ha llegado a redistribuir la renta de forma progresiva”, apunta Alfonso Herranz, profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Barcelona.

Aunque no puede decirse que en 30 años la sociedad española fue ajena a la corrupción y el fraude fiscal, la desaparición de muchos principios éticos y morales en las relaciones económicas emergió en los últimos años como un mazazo para la sociedad. Los ciudadanos vieron cómo gente confiada era estafada con información falsa en las mismas oficinas bancarias de su barrio, cómo directivos ineficaces y adictos a la especulación eran premiados con millonarias indemnizaciones, cómo un gran número de políticos megalómanos arruinaban sus pueblos y ciudades sin sufrir la deshonra pública, y cómo muchos personajes públicos, desde la farándula al deporte, eran condenados por evadir impuestos. Y a raíz de esa indignación, irrumpió con fuerza en el debate público la llamada economía moral, un concepto utilizado por primera vez por el historiador británico Edward Thompson en 1971 para explicar unos disturbios acaecidos en la Inglaterra del siglo XVIII cuando los comerciantes aumentaron los precios ante la falta de grano para no perder dinero.

“Para lograr una mejor redistribución de la renta”, sentencia el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Llopis, “hay que actuar sobre los factores que influyen sobre la distribución primaria. Y ello requiere, entre otras actuaciones, promover un régimen laboral que reduzca la temporalidad y que fomente la formación continua de los trabajadores, introducir una mayor competencia en no pocos mercados y mejorar el sistema educativo a fin, entre otros objetivos, de reducir el abandono escolar antes de la finalización de la escuela secundaria y de potenciar las enseñanzas secundaria y técnicas. Muchas de estas reformas precisan de amplios consensos políticos y sociales y de bastante tiempo para rendir frutos”, concluye. Mientras tanto, parafraseando al escritor Augusto Monterroso, el monstruo que acecha a las clases medias y bajas, sigue allí.