“Los evasores fiscales saben que a partir de enero los saldremos a buscar”
El ejecutor de los cambios económicos de Mauricio Macri defiende que el Gobierno ha mantenido e incluso aumentado los beneficios sociales vigentes desde el anterior mandato
Alfonso Prat-Gay (Buenos Aires, 1965) es el artífice y ejecutor de los cambios en materia de política económica que el Gobierno del presidente Mauricio Macri puso en marcha en Argentina tan pronto como asumió el poder en diciembre pasado. Levantó las restricciones al tipo de cambio, negoció el acuerdo con los acreedores externos y subió las tarifas de muchos servicios públicos y productos como la gasolina.
Todo esto fue recibido por los analistas internacionales como parte de un primer paso hacia una especie de normalización de la economía, en declive tras el fin de auge de las materias primas y con serios problemas de inflación y déficit tras 12 años de kirchnerismo. Prat-Gay, que entre 2002 y 2004 presidió el Banco Central —durante las presidencias de Eduardo Duhalde y parte de la de Néstor Kirchner— y se marchó por las diferencias en el rumbo de la economía y la gestión de la deuda, defiende que, a pesar de la necesidad de un ajuste, el Gobierno ha mantenido e incluso aumentado los beneficios sociales vigentes desde el anterior mandato.
“Hemos subido las pensiones, las asignaciones por hijo y la cobertura del desempleo. La segunda etapa es un plan de formación laboral para integrar a más personas al sistema de la economía formal. Pero esto lleva tiempo y llevamos menos de seis meses en el poder. Cuando me recuerdan que en Argentina hay más de un 30% de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza me parece bien, así todo el mundo conoce la situación que hemos heredado”. Da la sensación de que Macri se ha tomado en serio eso que decía Maquiavelo de que el “que es elegido príncipe con el favor popular debe conservar al pueblo como amigo” y hasta ahora ha hecho ajustes pero también grandes desembolsos de dinero público para intentar mantener la paz social.
La inflación en Argentina va
camino de estar bajo control
El ministro vino a Europa porque el Gobierno de Macri apuesta mucho por la atracción de inversiones como un pilar del crecimiento y el posterior equilibrio fiscal. “Esperamos el apoyo e inversión de las empresas españolas sobre todo en los sectores turístico, energético y de infraestructuras”, enfatizó.
Pero, sobre todo, a lo que vino Prat-Gay fue a desmarcar al país del kirchnerismo. A primera hora de ayer, en un foro abierto, empezó pidiendo disculpas “por los abusos sufridos por los capitales en los últimos años” por la gestión del anterior Gobierno. También se refirió a uno de los temas que más inquietud genera en los inversores: la ley que dificulta los despidos y que el presidente ha vetado. “La ley antidespidos es un cepo laboral que impide la contratación. Sin embargo, este es un Gobierno que no tiene miedo a que se pierdan algunos puestos de trabajo si ello conlleva que se generen otros”, aseveró.
Ahora todos, dentro y fuera de Argentina, tienen la vista puesta en el segundo semestre del año, en el que el Gobierno espera que comience a verse algún progreso. De momento, hay algún indicio positivo, crecen las ventas de automóviles, se mueve el mercado inmobiliario, y la gente va más al cine; todos avances que no son para tirar cohetes porque son actividades que reaccionan rápido a los impulsos económicos. “Lo que esperamos es que estas señales se extiendan a otros sectores y se consoliden. Las exportaciones agrícolas, por ejemplo, también se están recuperando”, explica Prat-Gay ya en privado. “Además, ahora que ya hemos pasado el tema de la negociación con los acreedores externos podemos destinar recursos a la obra pública, a apoyar a la pequeña y media empresa y a otras medidas de impulso que, con todas las cautelas, nos hacen pensar que la economía mostrará más signos positivos en la segunda mitad del año”.
Lo mismo sucede con la inflación. Prat-Gay calcula que las presiones inflacionistas irán disminuyendo en el segundo semestre. Aunque la previsión para 2016 siga siendo del 25%, el Gobierno mantiene su proyección de que baje al 17% el año próximo, al 12% el siguiente y al 5% en 2019. “Entiendo que decirle ahora a un argentino que va al supermercado que la inflación va camino de estar bajo control parece una tomadura de pelo, pero créame que es así, realmente esperamos que los precios vayan enfriándose en la segunda mitad del año. Al mismo tiempo, estamos haciendo todos los esfuerzos para que los argentinos sientan lo menos posible las presiones inflacionistas. Hay que comprender que estamos intentando poner orden a la economía porque si no, nos transformábamos en Venezuela”.
Amnistía fiscal
En el afán por conseguir recursos para afrontar los gastos y las inversiones sin agudizar el déficit público, el Gobierno lanzó una amnistía fiscal. La medida incluye al propio presidente, miembro de una acaudalada familia industrial, que aprovechará para repatriar capitales desde el paraíso fiscal de Bahamas.
La familia Macri, además, fue una de las salpicadas por el escándalo de los papeles de Panamá. “Si recuperamos cualquier cifra arriba a 20.000 millones de dólares nos pondremos contentos. Lo que es seguro es una cosa: los evasores fiscales saben que a partir de enero los saldremos a buscar. Tendremos los instrumentos que nunca antes ha tenido el fisco argentino para hacerlo, que es un sistema de intercambio de información. Hemos firmado acuerdos con 47 países para intercambiar datos fiscales. Así que hasta enero los ciudadanos tendrán la posibilidad de actuar antes de ser descubiertos”.
Acuerdos con las provincias
Tanto para que la lucha contra el fraude fiscal, los planes de inversión y casi cualquier plan funcione, el presidente Mauricio Macri y el ministro Prat-Gay saben que necesitan un acercamiento con las provincias, muchas de ellas gobernadas por la oposición y todas bastante descontentas con el sistema de financiación.
Los vínculos entre el poder central y las regiones vienen deteriorándose desde hace mucho tiempo y durante la etapa kirchnerista se convirtieron en una relación clientelar en la que el Estado daba fondos a los afines y ninguneaba a los demás. “Avanzamos en un acuerdo con las provincias en las que les devolveremos en cuatro años lo que el Anses [la caja de la seguridad social] se fue quedando. Al mismo tiempo, ellas irán regularizando la deuda con el Gobierno central, que equivale a tres puntos del PIB, unos 180.000 millones de pesos [casi 13.000 millones de dólares]. Es decir, que a medida que devolvemos, vamos recuperando parte de la deuda. Más adelante sí que habrá que discutir un nuevo sistema de coparticipación federal porque la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene el 40% de la población del país y recibe solo el 20% de esos fondos”, señala el titular de Hacienda argentino.
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