Agricultura y Competencia se enfrentan por la gran distribución

El Ministerio de Agricultura seguirá con su expediente sancionador a Dia y Eroski por un pacto de compras que infringe la Ley de la Cadena Alimentaria, en contra de la decisión adoptada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de archivar la denuncia contra estos grupos planteada por Promarca y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. Esta es la enésima vez que los dos organismos mantienen posiciones radicalmente enfrentadas en relación con la política de la gran distribución en el campo alimentario. Agricultura defiende unos precios justos que remuneren la actividad agraria e industrial, mientras que la CNMC se preocupa más por apoyar una política de distribución que suponga menores precios para el consumidor.

El sector industrial sostenía que la alianza de ambos grupos suponía una mayor capacidad para fijar precios y, con ello, empobrecer a las empresas y frenar su capacidad de innovación. Frente a la denuncia de los industriales, Competencia entendió que el pacto no erosionaba la competencia al considerar que la suma de los dos grupos, con una cuota de mercado cercana al 18%, no representaba una pérdida de fuerza para los proveedores. Es más, veía un beneficio para los consumidores, aunque no explicitaba si eso se lograba por una rebaja de márgenes de la distribución o rebajando los precios a la industria y al sector agrario.

Por su parte, Agricultura mantiene que esa actuación ha supuesto una infracción de lo dispuesto en la Ley de la Cadena Alimentaria por modificaciones de acuerdos de compra, reclamaciones de pagos adicionales o exigencias de informaciones sensibles de las empresas. El departamento de Atocha guarda un total hermetismo sobre el desarrollo los procesos iniciados contra grupos de la gran distribución.

Las diferencias entre ambos departamentos vienen de atrás. La CNMC ya las mostró en un informe de 2011 sobre las relaciones de la industria y la distribución en el sector agroalimentario; en 2014 en relación con la Ley de la Cadena Alimentaria y su Código de Buenas Prácticas, y hace unos meses contra un Real Decreto de Agricultura por el que se pretende potenciar la integración de los ganaderos de conejos en organizaciones de productores para defender mejor sus intereses frente a los mataderos y la distribución, cuya política de precios bajos ha llevado al cierre de la mitad de las explotaciones.

Desde las organizaciones del campo y la industria se considera que Competencia tiene la mano ligera para evitar cualquier proceso de ordenación de la oferta en el sector agrario, pero no tiene el mismo celo para investigar la concentración en un puño de la gran distribución y de otros sectores como los abonos, las semillas o los productos zoo y fitosanitarios.

Esta situación de la distribución alimentaria, con pagos aplazados, precios bajos de venta, precios a pérdidas o posiciones dominantes para imponer condiciones, ya ha sido objeto de una primera Proposición No de Ley presentada por ERC en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. Esta iniciativa contó con el apoyo de otros grupos como todas las formaciones de Podemos, pero no prosperó por los votos en contra de Ciudadanos y el PSOE, que rechazan fijar a los grupos de la distribución una cuota máxima de mercado. El PSOE tiene previsto presentar otra iniciativa sobre el mismo problema ante la Comisión de Economía.