Oportunidades y problemas

Existe una amplia coincidencia en las previsiones económicas para el año que acaba de comenzar. El crecimiento, en relación con 2016, pasará de un 3,2% a un 2,4%, pero se mantendrá el excedente en la balanza por cuenta corriente, lo que quiere decir que podremos seguir desendeudándonos. De hecho, el que seamos capaces de crecer más deprisa que la media de los países de la eurozona sin tener que pagar el precio del desequilibrio exterior es una novedad inaugurada hace poco tiempo, pero que, de mantenerse, nos abre la oportunidad de alcanzar la renta media de la eurozona.

El motor principal del crecimiento será, un año más, la demanda interna, especialmente el consumo privado. Crecerá el empleo, bajará el inaceptable nivel de paro y los salarios ganarán poder adquisitivo. Por su parte, es probable que las familias tengan que reducir ligeramente su tasa de ahorro para que la demanda de consumo alcance los dos puntos de crecimiento. La construcción residencial acelerará su recuperación, pero la inversión en bienes de equipo, aun creciendo de manera apreciable, lo hará menos que en 2016. Es una previsión tranquilizadora recientemente confirmada por el FMI.

El sector exterior será neutro por lo que al crecimiento se refiere, lo que debería llevar a un nuevo, aunque moderado, excedente en la balanza por cuenta corriente a pesar del aumento de los precios del petróleo. El incremento de las exportaciones de bienes y servicios superará la escasa expansión de nuestros mercados exteriores, especialmente los de fuera de la Unión Europea. Por otra parte, el aumento de las importaciones debería ser bastante moderado a pesar del alza de la demanda interna. Se trata de algo fundamental para mantener el crecimiento a largo plazo ya que lo que parece haberse producido es la ruptura de la rígida relación que unía las importaciones a la demanda interna de la economía. Es posible que las pautas de comportamiento estén cambiando y que tanto la mayor competitividad de nuestros productos en el mercado interior como el mayor consumo de servicios disminuya, relativamente, la compra de bienes en el exterior. Es una tendencia general en las economías avanzadas de las que, afortunadamente, formamos parte.

La política económica deberá enfrentarse, entre otras cuestiones, a dos graves problemas ligados entre sí: el déficit público y las pensiones. Por lo que respecta al primero, el compromiso asumido con Bruselas consiste en reducir el déficit público hasta el 3,1% del PIB desde el 4,6% de 2016, lo que no será fácil. La modificación y el adelantamiento del cobro del impuesto de sociedades está encontrando, como era de esperar, numerosos problemas. El primero de ellos es la retroactividad, que, además de su dudosa constitucionalidad, socava la confianza en la estabilidad del ordenamiento jurídico, algo fundamental para que ciudadanos y empresas puedan desarrollar sus planes en un entorno previsible. A ello hay que añadir algunos problemas técnicos que no son fáciles de resolver.

Los organismos internacionales llevan tiempo insistiendo en una revisión de los impuestos en España. No se trata sólo de la lucha contra el fraude fiscal: hay también otros problemas que van desde el diseño general de algunos de ellos hasta la amplitud de las tarifas reducidas del IVA. Es cierto que los colectivos afectados tienen razones para defender un trato especial, pero habría que revisar al menos algunas de ellas. Por lo que se refiere al IRPF, las tarifas en vigor son comparables a las de nuestros vecinos, situándose incluso por encima de la media: el tipo marginal máximo es ligeramente inferior al de los grandes países europeos (45% frente al 49% de media en 2015), pero se alcanza mucho antes (a los 60.000 euros de renta en vez de a los 200.000 euros).

El otro problema es el de las pensiones. No es aventurado afirmar que el dese­quilibrio actual es insostenible. La reciente reforma del sistema llevó casi a término lo que se conoce como las reformas paramétricas, como por ejemplo la prolongación del periodo de cómputo para el establecimiento de la cuantía de la pensión o la elevación gradual de la edad de jubilación. Fueron reformas prudentes que han mitigado los problemas, pero que no los han resuelto. También se introdujo el llamado factor de sostenibilidad, una sabia decisión que debería haber inducido un debate sobre los problemas de fondo del sistema, algo por lo que hasta ahora se ha pasado de puntillas. El marco de la discusión es el llamado Pacto de Toledo, una iniciativa que permitió extraer este asunto del marco de la discusión política del día a día para plantearlo en un contexto amplio de encuentro entre los partidos políticos y los actores sociales.

La creación de un Fondo de Garantía de las Pensiones contribuyó en su día a suavizar los problemas del sistema, pero el Fondo se agotará este año o el que viene, por lo que habrá que encontrar soluciones. Por el lado del gasto conviene recordar que la llamada "tasa de sustitución", es decir, la relación entre la pensión de salida en el momento de la jubilación y el salario medio es una de las más altas de Europa (un 82,1% frente al 59% de media en la Unión Europea en 2014), a lo que hay que añadir la necesaria revisión de las pensiones de viudedad, cuya financiación debería desligarse del Régimen General, pues no derivan de un cálculo actuarial. Por el lado de los ingresos, la precariedad de los nuevos contratos y la exención de cotizar de algunos de ellos ha hecho que, a pesar del aumento del empleo, las cotizaciones a la Seguridad Social no hayan crecido lo necesario para hacer frente a los compromisos contraídos. El reciente aumento de las bases constituye una apuesta peligrosa ya que el encarecimiento del trabajo choca directamente con la creación de empleo. Habría sido preferible revisar las exenciones antes de incrementar las bases de cotización.

El problema de fondo es la insuficiencia de la relación que une a los cotizantes con los jubilados, que es la base del sistema de reparto. Dados los desequilibrios del actual sistema es necesaria su revisión a fondo, como han hecho antes que nosotros países como Suecia o Italia. Si se desea mantener las prestaciones del sistema actual será preciso aumentar los impuestos. Algunos espíritus alegres han propuesto transferir directamente el problema a nuestros hijos mediante el expediente de emitir deuda pública para pagar las pensiones, lo que refleja un sentido peculiar de la solidaridad entre las generaciones.

No se trata de problemas fáciles cuya solución contribuya a aumentar a corto plazo la popularidad de este —o de cualquier otro— Gobierno. Pero gobernar es prevenir, enfrentarse a los problemas y encauzar sus soluciones. Amenazas no faltan: probablemente las dos principales sean la desdichada resurrección del proteccionismo y la subida de los tipos de interés. Pero España es un país que ha madurado mucho y que sin duda sabrá apreciar la responsabilidad de unos y otros cuando llegue el momento de la verdad.