Los expertos de la financiación presentan sus reformas con dudas de que salgan adelante

Los dos comités para la reforma de la financiación autonómica y local entregaron ayer sus propuestas a la vicepresidenta del Gobierno y al ministro de Hacienda. Se trata de dos reformas fundamentales para el futuro de las Administraciones territoriales españolas. Dos proyectos de Estado. Pero nacen con dudas sobre su viabilidad por la complicada situación política que vive el país. Por una parte, la delicada situación de Cataluña complica un pacto con las autonomías. Y por otro, el Gobierno carece de mayoría suficiente para conseguir alumbrarlo.

La reforma de la financiación de las comunidades autónomas y de los Ayuntamientos estaba llamada a ser uno de los grandes proyectos de la legislatura. El Gobierno pretendía mejorar la financiación de estas Administraciones muy castigadas durante los largos años de crisis. Sobre todo de las comunidades cuyo presupuesto se destina a pagar la sanidad, educación y las ayudas sociales.

Por eso, los expertos han propuesto reforzar los ingresos regionales. Recomiendan que las autonomías puedan subir el IVA y los impuestos especiales de forma colegiada. Es decir, que con un acuerdo unánime puedan decidir incrementar los tipos del impuesto de forma conjunta.

Los expertos plantean simplificar el sistema actual para reforzar el principal fondo de reparto que se encarga de distribuir el dinero para sufragar los servicios públicos fundamentales relacionados con la salud y la educación. Este “fondo básico de financiación” estaría financiado por la recaudación del IVA e impuestos especiales que correspondería a las comunidades. Por otro lado, proponen suprimir el resto de fondos existentes actualmente en el modelo —muchos son confusos y están diseñados para favorecer a un determinado territorio— para crear un solo instrumento con el que reducir la desigualdad de financiación por habitante a competencias homogéneas. Y por último prevén un mecanismo para sufragar las competencias singulares que tienen algunas autonomías. Toda esta arquitectura respetaría la ordinalidad, un principio que reclaman las autonomías más ricas y que consiste en que una comunidad no pierda posiciones en la clasificación de riqueza tras el reparto final del sistema.

El Gobierno se muestra cauto con estos informes porque es consciente de que la situación política dificulta enormemente sacar adelante estas reformas. Hoy las presentará a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y mañana lo estudiará en el consejo de ministros. Pero son conscientes de las grandes dificultades de sacarlo adelante.