La renta de las familias

La evolución de la renta disponible de las familias a lo largo de los últimos años plantea cuestiones importantes para la comprensión de la incidencia de la crisis en los hogares españoles. Se ha hablado bastante sobre la recuperación en el segundo trimestre de este año del nivel de actividad perdido con la crisis, pero a ello hay que añadir que todavía no hemos alcanzado la renta disponible para las familias en el momento álgido del ciclo económico, en 2008. Es un dato importante aunque hay que tener cuidado con su interpretación ya que 2008 y 2009, fueron años de profundos desequilibrios macroeconómicos: el máximo alcanzado entonces por la renta de las familias fue a costa de un déficit de las cuentas públicas del 10% del PIB (cuando dos años antes las cuentas arrojaban un excedente) y de un déficit en la balanza por cuenta corriente también del 10% del PIB, algo insólito en la cuentas de los países avanzados. Como esta situación no podía mantenerse nuestros socios de la Unión Europea advirtieron al Gobierno de la época que tenía que poner orden en la casa, lo que se hizo a regañadientes, pues a nadie le gusta imponer la austeridad, especialmente si ésta va acompañada, como así fue, de una fuerte caída del empleo.

Todo esto pertenece a la Historia reciente y plantea la cuestión de saber si el término de comparación debe ser el momento álgido de una situación claramente insostenible o si por el contrario es preferible hacerlo tomando como referencia el período “normal” que precedió a la crisis, es decir los primeros años de la pasada década. La renta disponible real de las familias (lo que de alguna manera podríamos considerar como el poder adquisitivo de las mismas), subió regularmente a lo largo de la pasada década hasta alcanzar un máximo en el año 2009; comenzó entonces una caída que duró hasta 2013, año en el que se invirtió la tendencia y se inició una recuperación que prosigue en la actualidad. En términos de poder adquisitivo, la renta de hoy es claramente inferior a la de 2008, pero equivale a la de 2004-2005. Cada cual puede extraer las conclusiones que desee sabiendo que los partidos políticos ya lo han hecho y las han utilizado a menudo como arma arrojadiza en sus debates.

El factor explicativo más importante de la evolución de la renta disponible es el nivel de empleo. De 2008 a 2013 el nivel general cayó un 18%, cifra más que preocupante desde cualquier punto de vista y muy superior a las registradas en los grandes países europeos. Desde entonces y hasta 2016 se han recuperado seis puntos, es decir, menos de la mitad del empleo perdido, A finales de este año habremos recuperado otros dos o tres puntos más.

Tras el empleo viene la remuneración salarial: la remuneración media por empleado era en 2016 la misma que en 2010 a pesar de que los precios habían subido mas de un 6%. Sin embargo hay que tener en cuenta que el rápido crecimiento de las remuneraciones en los primeros años de la pasada década perjudicó seriamente a la competitividad de nuestra economía y fue, junto con la fuerte presión de la demanda interna, uno de los factores que explican el deterioro de los intercambios con el exterior. Había que restaurar el equilibrio pues no podíamos seguir endeudándonos eternamente: el peso del ajuste cayó primero sobre el empleo y luego, en menor medida, sobre los salarios.

El rápido crecimiento de los salarios en la pasada década perjudicó seriamente a la competitividad de España

Quedan, por último las transferencias como factor explicativo de la evolución de la renta de las familias, las cuales desempeñaron un papel estabilizador importante al reducir el impacto de la crisis sobre los hogares. En primer lugar sobre los jubilados cuyas rentas se mantuvieron, en líneas generales, a lo largo de la crisis, y luego sobre los desempleados. Las transferencias pasaron de representar un 19% del PIB en los primeros años de la pasada década a un 24% en 2013 y un 22% en 2016. La caída de dos puntos se explica esencialmente por la disminución del subsidio de desempleo ligada al aumento de la ocupación. De hecho, cuando se comparan lo índices de Gini sobre la desigualdad de rentas antes y después de transferencias, el efecto redistribuidor en España, aún siendo inferior al de los grandes países europeos, se ha acercado mucho a ellos en los últimos años.

Además de las transferencias dinerarias, las familias reciben las llamadas transferencias afectadas, es decir aquellas que no otorgan un derecho económico. Las dos principales son la sanidad y la educación. Ambas se caracterizan por su estabilidad a lo largo de los últimos años, si bien con una tendencia a la disminución de su porcentaje en relación con el PIB. La sanidad representaba en 2011 un 6,5% del PIB mientras que en 2016 su participación era de un 6,1%. En cuanto a la educación, los porcentajes correspondientes eran de un 4,4 y un 4,1% respectivamente. El descenso se produjo hasta 2013 y desde entonces el porcentaje permanece prácticamente invariable.

Como era de esperar, la participación del excedente empresarial en el PIB ha evolucionado, en líneas generales, de manera simétrica a la remuneración de los asalariados. La media de los últimos años es ligeramente superior a la del principio de la década: 42,4% del PIB frente a 42%. Sin embargo, lo que ha aumentado es la participación en el PIB de los impuestos ligados a la producción (esencialmente el IVA) y a las importaciones. La recaudación de estos impuestos es una de las fuentes de financiación de las transferencias afectadas pero también del resto de los gastos de las Administraciones, central y sobre todo autonómicas.

El problema al que se enfrentan es mantener un nivel de consumo creciente y, a la vez, seguir desendeudándose

La participación de las autonomías en el gasto público no ha dejado de crecer a lo largo de los últimos años. Tampoco, aunque con altibajos, el número de sus empleados, que a finales del pasado año eran 400.000 más que a principios de 2001 (una vez descontados los 300.00 empleados transferidos de la Seguridad Social), lo que representa un 40% más que a principios de la pasada década. También aumentó el número de funcionarios en los ayuntamientos, aunque de manera mucho más moderada, en línea con el aumento de la población y con el esfuerzo realizado de contención de gastos. Por último, el número de empleados de la Administración Central disminuyó ligeramente. Es probable que la administración de unos recursos crecientes en volumen para una población que ha aumentado un 14% desde el inicio del siglo requiera un personal más numeroso, pero se trata de una cuestión que merecería algo más de atención la que se le dedica y de la que conviene separar la pérdida de poder adquisitivo de la gran mayoría de los funcionarios.

El problema al que ahora se enfrentan las familias es el de mantener un nivel de consumo creciente y, al mismo tiempo, seguir desendeudándose. En los últimos años lo han conseguido a base de disminuir su tasa de ahorro, que está en el nivel más bajo desde los comienzos de este siglo. Afortunadamente la mayor parte de su deuda es hipotecaria a unos tipos de interés indiciados y que por el momento se encuentran en niveles muy bajos. Pero en algún momento la situación podría cambiar ya que la política monetaria actual no es sostenible de manera indefinida como no lo es tampoco la reducción permanente de la tasa de ahorro. Estamos saliendo de la crisis pero es necesario pensar en el futuro.