Hoy más que nunca

La situación de Cataluña nos sumerge en la peor crisis política e institucional de la historia de la democracia. Es precisamente durante las crisis cuando es fundamental que cada uno haga exactamente lo que tiene que hacer. Al poder legislativo le corresponde legislar; al poder ejecutivo, hacer que se cumpla la ley; al poder judicial, actuar si no se cumple; al mundo del deporte y de la cultura, explicar las consecuencias de una hipotética secesión; y a nosotros, las organizaciones empresariales, como vertebradores del tejido productivo, explicar claramente las nefastas consecuencias que lo que está ocurriendo puede acarrear para el resto de España, pero sobre todo para Cataluña.

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Solo la deuda pública de la autonomía catalana, hace que un hipotético proceso de independencia sea inviable.

Asimismo, Cataluña aporta aproximadamente el 19% del PIB español, por lo que un proceso de independencia sería grave para España y letal para dicha comunidad autónoma, porque le supondría renunciar al comercio interior, el cual le genera una situación de claro superávit y supone más del 40 % de sus ingresos. La independencia le provocaría también renunciar al comercio con el resto de la UE. Estos hechos implicarían que fuera imposible mantener el Estado del bienestar y de protección social del que disfrutan los ciudadanos catalanes, como ciudadanos españoles que son.

El posicionamiento de CEIM, la CEOE de Madrid, ha sido siempre claro:

1.-Cataluña es una parte muy querida de España. El prestigio de las empresas catalanas y el reconocimiento de sus productos y servicios en el resto de España son muy altos.

2.-Una parte en ningún caso puede negociar sobre el todo. Es un problema de la naturaleza jurídica del bien y de su propiedad. Nos corresponde a toda España decidir lo que afecta a una parte del país y no solo a esa parte.

3.- En ningún caso futuras negociaciones pueden suponer que se tomen decisiones que beneficien a unos y perjudiquen a otros. Así es necesario que en estos momentos, además de explicar las consecuencias económicas, se empiece a trabajar en un escenario positivo, tendente a mejorar la relación de Cataluña con el resto de España, analizando en profundidad cuáles son los motivos que han provocado la creciente desafección que existe entre una parte de ciudadanos catalanes, sin que sin embargo las medidas que se propongan puedan, en ningún caso, crear diferencias ni desigualdades entre las distintas comunidades de España, dado que esto sería injusto y además alentaría a otras zonas a iniciar el mismo camino. Lo que se tenga que decidir, ha de hacerse teniendo en cuenta que somos una nación y una unidad económica totalmente interrelacionada, donde el éxito de cada una de las partes depende del éxito del conjunto.

Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa. Presidente de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE)