El Gobierno asume la gestión de la R-4, la primera autopista en quiebra que pasa al Estado

El Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública Seittsa, asumirá este miércoles, 21 de febrero, la explotación y el mantenimiento de la autopista de peaje R-4, que discurre entre Madrid y Ocaña (Toledo), como consecuencia de la liquidación de la sociedad concesionaria, que se encontraba en concurso de acreedores.

La R-4 será la primera de las ocho autopistas de peaje en quiebra que revertirá al Estado, que de esta forma garantiza la prestación del servicio para los 5.400 usuarios que utilizan esta vía a diario. La sociedad pública se encargará de cobrar el peaje y se subrogará los 90 empleados de la concesionaria privada en quiebra, en las mismas condiciones laborales que en la actualidad, según aseguró el Ministerio en un comunicado.

La actual concesionaria de la autopista, una sociedad participada por Ferrovial, Sacyr y Liberbank, fue declarada en liquidación con una deuda de unos 530 millones de euros. La radial R-4, inaugurada en febrero de 2004, es una autopista de 52,5 kilómetros de longitud que lleva asociada la explotación de 41,5 kilómetros de la carretera de circunvalación M-50 libre de peaje, el que discurre entre las carreteras A-2 y A-4. Será la primera autopista que el Estado tenga bajo su gestión más de una década después de que en mayo de 2006 privatizara la entonces Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

Vuelta a manos privadas

Fomento tiene previsto relicitar y adjudicar durante este año las ocho concesiones actuales en quiebra en dos contratos, separando, por un lado, las autopistas del entorno de Madrid en un contrato -las radiales R-2, R-3/R-5, R-4 , Eje Aeropuerto (M-12), Madrid-Toledo (AP-41) y Ocaña-La Roda (AP-36)- y las dos dela AP-7 en otro contrato (Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera). Al concurso se podrán presentar las empresas que han formado parte de las concesionarias en quiebra.

Estas autopistas suponen una quinta parte (570 kilómetros) de la red de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones. La mejora de la situación económica ha incrementado notablemente el tráfico por estas vías. A cierre de 2017, todas ellas presentaron incrementos de tráfico con respecto a 2016. En concreto, la Intensidad Media Diaria (IMD) total de estas carreteras registró un aumento del 8,6%. Entre los mayores incrementos destacó la AP-41, con un 16,6%, o la R-4, con un 11,5%. Según los últimos datos disponibles, en lo que va de año el tráfico en estas autopistas experimenta una subida del 10,2%; un 14,4% en elcaso de la R-4.

La Ley de Contratos del Sector Público prevé que, en el caso de que una concesión de obra pública inicie la fase de liquidación en un concurso de acreedores, exista la obligación legal de resolver el contrato de concesión y que la infraestructura revierta a la administración concedente.

En virtud del rescate, el Estado tendrá que pagar a las actuales concesionarias el importe que invirtieron en su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro del peaje. Se trata de una factura que el Gobierno estima en unos 2.000 millones de euros, pero que los acreedores de las vías elevan hasta 4.500 millones. Fomento espera aminorar este monto con lo que saque de relicitar las vías, pero ya ha reconocido que no lo cubrirá en su totalidad y que la operación afectará en el déficit de este año.