México investiga el mercado de gas LP por “fuertes indicios” de prácticas monopolísticas

Las autoridades mexicanas de competencia ponen en la mira al mercado de gas licuado de petróleo (gas LP) menos de un año después de su liberalización. El brazo investigador de la Comisión Federal de la Competencia Económica (Cofece) ha dado a conocer este jueves las pesquisas iniciadas el verano pasado para dirimir si se produjeron "prácticas monopólicas absolutas" en la distribución y comercialización de este producto. "No solo tenemos indicios, tenemos fuertes indicios de que se puede estar violentando la ley", afirmó el titular de la autoridad investigadora de la Cofece, Sergio López. Desde enero de 2017, cuando el mercado fue finalmente liberalizado en el marco de la reforma energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI), su precio se fija —al menos sobre el papel— por la interacción de oferta y demanda.

El gas LP es, junto con la gasolina y algunos artículos agropecuarios, uno de los productos que más ha afectado al fuerte repunte de la inflación en los últimos meses. Entre enero de 2018 y enero de 2017 el precio del gas licuado del petróleo se disparó un 26%, según las últimas cifras de la oficina estadística mexicana. El índice general de precios mexicanos sufrió un incremento del 5,55% en el periodo. 

Aunque parte del aumento de precios del gas LP se puede achacar a la propia liberalización del mercado, su importancia se multiplica si se tiene en cuenta que hasta 90 millones de mexicanos utilizan día a día esta fuente de energía en sus viviendas. Según las cifras de la Cofece, las familias mexicanas destinan en promedio un 4,4% de su gasto total al pago de la factura de electricidad y gas en sus domicilios. La subida de precio de este producto también impacta sobre las cuentas de resultados de empresas comerciales, industriales y de servicios, en las que el gas LP es un insumo fundamental. 

La Cofede considera "prácticas monopólicas absolutas", por las que abrió esta investigación en agosto pasado, "aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones de agentes económicos competidores entre sí" para "manipular, restringir o limitar la oferta o la demanda". También el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar algunas de estas conductas. Sin embargo, el ente encargado de velar por la libre competencia matiza que la investigación "no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno". En otras palabras: hay pesquisas en marcha y los indicios de colusión son fuertes, pero hasta que no concluya el proceso no se puede echar la culpa a ningún actor del mercado de gas LP.

Siete empresas controlan el 60% del mercado

La Cofece, que tiene cuatro meses —prorrogables hasta en cuatro ocasiones— para seguir con las indagaciones, hace un llamamiento a "cualquier persona que cuente con información o pueda coadyuvar con el procedimiento" para que ayude en la investigación.

Si las pesquisas concluyen que, efectivamente, existen o han existido prácticas monopolísticas en el mercado del gas LP, las empresas implicadas pueden ser multadas con hasta el 10% de sus ingresos. Por su parte, las personas físicas que hayan participado de estos acuerdos pueden enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión.

Poco después de que la Cofece hiciese pública su investigación, la Comisión Reguladora de la Energía (CRE) subrayó en un nota que había identificado comportamientos "potencialmente anticompetitivos" en el mercado de gas LP que había notificado al organismo de competencia. Según los datos del regulador publicados este viernes por El Economista, el 60% del mercado de distribución de este insumo está en manos de solo siete grupos. Y, junto con otra decena de empresas, se reparten el 90% del total.