Bruselas denuncia a España por no aplicar las normas sobre repartidores de calefacción

A las puertas de unas nuevas elecciones generales y un cambio de Gobierno, España sigue sin trasponer la directiva europea de eficiencia energética que obliga a la contabilización individual del consumo de calefacción y agua caliente sanitaria en edificios con calefacción centralizada. Lleva cinco años de retraso, algo que ha motivado que la Comisión Europea haya denunciado a España ante la Corte de Justicia por no regular los medidores de consumos individuales de calefacción y agua caliente.

Estos repartidores de costes son dispositivos que miden el consumo individual de cada radiador en comunidades de vecinos con instalaciones de calefacción central, con lo que cada vecino parga realmente por lo que consume. Colocar uno de estos aparatos conlleva ahorros de más de 200 euros al año a 1,2 millones de familias españolas, y la reducción de un millón de tonelados de CO2 en emisiones a la atmósfera. En Europa más de 30 millones de viviendas están ya dotadas de este tipo de sistemas de medición individual, lo que supone un total de 150 millones de dispositivos instalados. Mientras, en España, solo 150.000 viviendas cuentan con esta tecnología.

La directiva europea debería de haber entrado en vigor antes del año 2017 y el actual Gobierno esperaba haberla aprobado en este primer trimestre de 2019. España, que ya fue apercibida en octubre de 2017 y marzo de 2018, podría recibir importantes sanciones. El Gobierno de Pedro Sánchez maneja un borrador de real decreto pero está por ver si se aprueba en las reuniones del Consejo de Ministros que se celebrarán hasta el día de las elecciones, el 28 de abril. "Esperamos que su aprobación tenga lugar en las próximas semanas, y animamos al Gobierno a que lo haga antes de las próximas elecciones generales", señala Ignacio Abati, director de la empresa Ista y presidente de AERCCA, la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción.

Con su entrada en vigor, todos los edificios deberán instalar contadores de calorías y, en caso de que no fuese técnicamente viable, repartidores de costes. En España solo se exige este requisito a los edificios construidos después de 2007.

La directiva de eficiencia energética de 2012 (Directiva 2012/27 / UE) establece un conjunto de medidas vinculantes para ayudar a la UE a alcanzar sus objetivo de eficiencia energética de cara a 2020. Según la directiva, todos los países de la UE deben utilizar la energía de manera más eficiente en todas las etapas de la cadena energética, desde la producción hasta el consumo final. A diferencia de otros países europeos, España lleva un retraso de cinco años en la adopción de medidas, que como el real decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales de calefacción, busquen la reducción de emisiones contaminantes y el ahorro energético en los hogares, facilitando al tiempo a los usuarios obtener información objetiva sobre la energía consumida y valorar su potencial de ahorro.