Vuelven los subasteros

La recuperación económica vuelve a coger a traspié a los más vulnerables. La continuada subida del precio de la vivienda durante los últimos cuatro años en grandes ciudades como Madrid y Barcelona está teniendo un efecto perverso para familias incursas en procesos de desahucio. En los momentos más graves de la crisis y a raíz de la conmoción social que provocó el aluvión de desahucios, el Gobierno del PP aprobó en 2012 un decreto de protección de deudores hipotecarios sin recursos que incluía una moratoria para evitar la expulsión de las familias por ejecuciones hipotecarias.

La moratoria, que se ha ampliado en sucesivas ocasiones y estará vigente hasta mayo de 2020, establece la posibilidad de suspender los lanzamientos de familias en riesgo de exclusión por su bajo nivel de ingresos o especial vulnerabilidad. Hasta 2017, la moratoria evitó 27.400 desahucios, unas 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago. Sin embargo, solo en los cuatro años anteriores se registraron más de 130.000 lanzamientos de familias.

Para acogerse a la moratoria es necesario que la vivienda subastada haya sido adjudicada al banco o a la persona que actúe por su cuenta. Pero si el piso es adquirido por un tercero, como es el caso de los subasteros, la moratoria no es operativa. Javier Rubio, abogado de numerosas familias desahuciadas, subraya esta indefensión: "Ahora con la recuperación de los precios en algunas zonas de Madrid han reaparecido los subasteros. Tengo casos en que los subasteros se han quedado pisos por debajo de precio de mercado y han podido hacer un buen negocio". La ley dejó un peligroso agujero al derecho a la vivienda.

Es una prueba más de que el problema de la vivienda no se resolverá por la mejora de la economía. Es un asunto que afecta a las grandes ciudades europeas. Anke Hassel, en The Crisis of Globalisation de Social Europe, recuerda que Alemania necesita más de dos millones de viviendas asequibles. Precisa que la escasez "no ha sido causada por la emigración, sino por las decisiones de Gobierno que acabaron con las viviendas sociales la década anterior". En el Reino Unido, el gasto público en vivienda cayó un 51% con respecto a la década anterior, según el Institute for Fiscal Studies. En España, las viviendas protegidas iniciadas en 2017 se han reducido a menos de 5.000, frente a las 85.000 de 20 años antes.

El abandono de la vivienda por parte de los Estados es una gran oportunidad para que la UE actúe. No hay falta de recursos. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha empezado a financiar viviendas municipales en Málaga, Stuttgart o Berlín. Es relevante el programa de Asociación Público Privada para viviendas sociales en Dublín, a través del BEI, el Banco de Irlanda, Macquairie Capital y el Banco de Desarrollo de Corea. El BCE, que financia grandes empresas privadas, debería adquirir deuda municipal para financiar viviendas públicas. Esta es la Europa que entenderían los ciudadanos.