El BBVA dice que la alta dirección debía de conocer la contratación de Villarejo

Adolfo Fraguas, director de los Servicios Jurídicos del BBVA España, apuntó este jueves ante el juez a Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del banco, como responsable de contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, si bien consideró que no pudo hacerlo sin que lo supiera la anterior dirección, lo que señala al exconsejero delegado Ángel Cano, según avanzó Efe y confirmaron fuentes jurídicas a EL PAÍS. No obstante, no citó expresamente al expresidente del banco Francisco González. Los fiscales han interrogado a Adolfo Fraguas unas 10 horas entre la sesión del 20 de noviembre y la de este jueves. El largo interrogatorio demuestra que los fiscales dudan de los hechos aportados por el banco en la investigación interna, conocida como forensic.

Según fuentes jurídicas, durante su extensa declaración ante el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, Fraguas apuntó directamente como responsables de los contratos con Villarejo a Corrochano, sobre el que pesa una fianza de 300.000 euros por estos hechos. También indicaron que el exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias, Antonio Béjar, podía haber conocido la contratación de Villarejo. Fraguas apuntó también hacia Ángel Cano, exconsejero delegado del BBVA, como una de las personas que podían conocer la contratación del comisario jubilado.

Efe añadió también que, según fuentes jurídicas, se podía inferir de las declaraciones de Fraguas que el expresidente de la entidad pudiera tener conocimiento de esta contratación. Sin embargo, otras fuentes jurídicas indicaron que los altos exdirectivos podían saber que se contrató una agencia de detectives, pero no qué empresa era ni que sus trabajos estuvieran al margen de la ley. 

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Fraguas acudió este jueves a declarar por segunda vez a la Audiencia Nacional en nombre del banco. La entidad está imputada como persona jurídica por los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Esta larga comparecencia, que comenzó este jueves por la mañana y se retomó por la tarde, se suma a la primera cita de la pasada semana, que duró más de cuatro horas. En total, el banco acumula más de diez horas ante los fiscales aclarando todo lo relativo a los trabajos de Villarejo y quién podía saber que detrás de Cenyt estaba el comisario jubilado, así como que realizó labores de espionaje contra políticos, empresarios y periodistas. 

La declaración del BBVA ante el magistrado García-Castellón aún no ha concluido. Según explicaron fuentes jurídicas, aunque todavía no se ha fijado fecha para una tercera sesión, el instructor de la causa citará de nuevo a Fraguas para continuar con unas pesquisas en las que se les imputa al banco.

Comenzará así a contar otra vez el reloj, después de que los fiscales empezaran este jueves a lanzar sus preguntas pasadas las diez de la mañana.

Fuentes oficiales del BBVA hicieron una escueta declaración: "Tal y como ya hizo el pasado miércoles durante la primera parte de la declaración, el representante legal de BBVA ha respondido extensamente a todas las preguntas planteadas por juez y fiscales, una muestra más del compromiso de la entidad de colaborar con la Justicia".

Aunque el BBVA asegura que mantiene todo el contenido de su comunicado de la pasada semana, a diferencia del 20 de noviembre pasado, no ha incluido ahora la frase de que Adolfo Fraguas "ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para la entidad".  

Los fiscales han proseguido así este jueves con una tarea que ya comenzaron la pasada semana, cuando Fraguas acudió por primera vez a la Audiencia Nacional para declarar en esta pieza separada del macrosumario de la Operación Tándem, que cerca los negocios del agente retirado de la Policía Nacional.

Los investigadores sospechan que la entidad contrató a Villarejo para espiar a líderes políticos y empresariales desde 2004, cuando la constructora Sacyr trató de hacerse con el control del grupo bancario. Según las pesquisas, que aún se mantienen secretas, esa relación se prolongó durante 13 años, en las que el BBVA facturó al menos 11 millones de euros a las empresas del comisario jubilado, encarcelado desde 2017 por haber creado un “aparato paraestatal” para traficar con información confidencial, según el juez instructor.