Doctrina Powell, versión española

Doctrina Powell, le llaman los analistas militares: cuando una economía se enfrenta a un colapso —llámese Lehman Brothers, Covid-19 o II Guerra Mundial— la gradualidad entraña más riesgos y tiene más costes que la acción agresiva. En plata: hay que sacar toda la artillería. “Si llevas una pistola de agua en el bolsillo, puede que tengas que sacarla; si llevas un bazuca y la gente lo sabe, tal vez nunca tengas que sacarlo”, dijo el máximo responsable de la economía estadounidense, John Paulson, cuando estalló Lehman Brothers. Frente al desastroso desempeño de Bruselas, Fráncfort y Berlín en 2008, Washington aplicó esa doctrina y le fue sensiblemente mejor. Y ahora Estados Unidos (y el Reino Unido) hace exactamente lo mismo: su banco central acaba de aprobar un drástico recorte de tipos de interés y una inyección de 700.000 millones de dólares en la economía, que se complementa con un potente estímulo fiscal por parte de la Administración de Trump. En Bruselas llevan unos días preguntándose si son galgos o podencos, y el BCE perdió el jueves pasado la oportunidad de ir por delante de los acontecimientos. El Eurogrupo (la reunión de ministros de Economía del euro) decepcionó este lunes —como suele—y anunció que la doctrina europea es que cada palo aguante su vela. Y los grandes países han empezado a hacer la guerra por su cuenta con artillería pesada.

Alemania ha anunciado garantías ilimitadas para que no se seque la liquidez. Italia anunció un paquete de 25.000 millones de euros hace unos días que contiene medidas de liquidez, de ayuda a las familias, a las empresas y a los autónomos y un aumento del gasto sanitario de 3.500 millones. Y Macron ha salido a escena con la fanfarria de las grandes ocasiones: habla de “guerra sanitaria” y de “guerra económica y financiera”, con un plan urgente de apoyo a la economía que incluye 45.000 millones como desembolso inmediato para trabajadores y empresas. Incluye suspensiones temporales de empleo (8.700 millones en dos meses); pago diferido de impuestos y cotizaciones (32.000 millones) y un fondo de solidaridad para pymes y autónomos que hayan perdido más del 70% de sus ingresos (2.000 millones). Y anuncia garantías multimillonarias del Estado para todos los nuevos créditos bancarios por importe de 300.000 millones, un bazuca parecido al que ha sacado Alemania y que, en general, solo se pueden permitir países con un enorme músculo fiscal.

Llega el turno de España, con un paquete que estará en volumen entre el italiano y el francés, y que también incluye medidas de liquidez, ayudas a las familias, flexibilización de las suspensiones temporales de empleo, medidas fiscales y ayudas a familias, pymes y autónomos, según las fuentes consultadas en La Moncloa.

A pesar de los agoreros que insisten en que España no tiene margen fiscal, el coste de no aplicar esos estímulos puede ser brutal: una depresión económica y ataques en los mercados, con la famosa prima de riesgo de nuevo en danza. Pero también esa acción agresiva entraña costes por el agujero fiscal que conlleva (un fuete incremento del déficit y la deuda pública). Ese parece el menor problema a día de hoy, pero es el temor de una parte del Gobierno. España presenta una muy mala posición de partida, con una deuda pública del 100% del PIB (y una elevada proporción en manos de extranjeros), un déficit del 2,5% del PIB que ha sido incapaz de eliminar con crecimientos del 3% en el último lustro, y un desempleo del 14%. En 2008, España encaró la crisis con superávit, con una deuda del 35% del PIB y un paro del 8%, y aun así el vendaval se llevó por delante al sistema financiero, que escondía en sus balances una burbuja inmobiliaria jupiterina, y a punto estuvo de llevarse a toda la economía. Con los actuales mimbres, es normal que una parte del Gobierno esté preocupada y tema futuras cuchilladas en los mercados financieros. Por aquella frase de Richard Fischer: “Los mercados recuerdan a los cerdos asilvestrados: si encuentran una debilidad, un mal olor, se lanzan a por ello”.

Pero el Ejecutivo no tiene otra opción que sacar su propio bazuca. Queda por ver el tamaño, clave para el análisis que van a hacer los mercados del futuro desempeño de la economía española. Estas son las principales medidas del paquete de estímulo que aprobará hoy el Consejo de Ministros.

• Liquidez y garantías. El Ejecutivo usará como palanca el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para evitar que las empresas, en especial las pymes, pierdan acceso al crédito. Las empresas con súbitas caídas de los ingresos pueden tener enormes problemas de liquidez, que se convierten automáticamente en problemas de solvencia y las abocan al cierre. El Gobierno se propone cortar ese bucle diabólico con un manguerazo parecido al que han dado Alemania, Francia e Italia: acceso a créditos baratos con garantías del Estado, o acceso directamente a líneas de crédito públicas para mantener abiertas las empresas y negocios afectados por la Covid-19. El Ejecutivo barajaba hace unos días hasta 100.000 millones de euros.
• Pymes y autónomos. El objetivo es que aguanten el tirón las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que se enfrentan a drásticas caídas del volumen de negocio, para evitar que se pierda tejido productivo y empleo. Para ello, La Moncloa plantea suspensión del pago de impuestos y cotizaciones sociales, y moratorias para el pago de hipotecas (no está nada claro si también de alquileres) de los locales para tratar de que esos negocios no bajen la persiana.
• Familias. El Gobierno busca impedir que las familias con caídas a plomo de los ingresos sufran cortes de los servicios básicos: electricidad, gas y agua. Habrá prestaciones para los padres que tienen que quedarse en casa a cuidar a sus hijos, como ha hecho Italia. La medida más sustancial, una moratoria en el pago de las hipotecas de la primera vivienda y de los alquileres para colectivos vulnerables: básicamente, personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por la Covid-19. Y pretende parar los desahucios. La moratoria de alquileres, que piden algunos colectivos y apoyaba una parte del Gobierno, en principio no estará en ese plan.
• Flexibilidad laboral. El presidente Pedro Sánchez ha preanunciado que mejorará el marco normativo de las suspensiones temporales de empleo (ERTE), con expedientes de regulación temporal acelerados y retroactivos cuando las empresas demuestren un desplome de actividad. La semana pasada, las empresas contuvieron la destrucción de empleo, pero esta semana los expedientes de regulación de empleo han regresado con fuerza. Los ERTE permiten que los trabajadores se reincorporen después del parón y sigan recibiendo el 75% de su salario sin perder derecho a prestaciones por desempleo. Además, el Gobierno prepara una normativa para permitir a los despedidos por los efectos de la Covid-19 cobrar el paro aunque no cumplan todos los requisitos. Esas pueden ser las medidas más costosas.
• Paquete fiscal. No hay nada sobre la mesa parecido al Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el flanco que lideran Pablo Iglesias y José Luis Ábalos pretende activar un paquete de inversión pública, muy centrado en áreas como medio ambiente y la tecnología, para aprovechar el margen fiscal que ofrece Bruselas. La gran preocupación, sin embargo, es sostener sectores como el turismo y el automóvil, que suman en torno al 30% del PIB español y que pueden suponer una enorme bolsa de desempleo si no resisten el embate de los efectos económicos del coronavirus.