Bruselas concentra en construcción y renovables el plan urgente contra la crisis de la pandemia

La rehabilitación de viviendas y edificios públicos y el impulso a las energías renovables protagonizarán la fase más urgente del plan de recuperación económica que la Comisión Europea tiene previsto aprobar este mes, según el documento de preparación al que ha tenido acceso EL PAÍS. Bruselas espera financiar el plan con un fondo de hasta 1,6 billones de euros y quiere que el relanzamiento después de la pandemia de la Covid-19 se haga con criterios que canalicen las ayudas y los préstamos hacia los proyectos con más visión de futuro desde el punto de vista medioambiental y digital.

“El riesgo es que la crisis de liquidez [provocada por la pandemia] mute en una depresión económica”, señala el documento que recoge los grandes ejes del futuro plan de recuperación. El texto incluye ya “la lista de áreas prioritarias donde se puede actuar con el mayor potencial”. Y anticipa buena parte del contenido de un plan que la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, tiene previsto aprobar el 13 o el 19 de este mes, y no el 6 de mayo como inicialmente se había indicado.

La propuesta de Von der Leyen apunta a una fusión de los planes previos a la pandemia, como el Pacto Verde y la Agenda Digital, con un programa de recuperación cuyo principal objetivo, según el organismo comunitario, debe ser concentrar la inversión en sectores y actividades con un futuro sostenible.

“A corto plazo, muchas inversiones verdes y muchos proyectos digitales ya están tecnológicamente maduros pero necesitan el impulso para comenzar”, señala el documento. Bruselas aboga por espolear esos proyectos durante la primera fase del plan de recuperación, que abarcaría de 12 a 24 meses. Y entre las actividades favorecidas se señala desde la construcción a la digitalización de servicios e industrias o el desguace de vehículos.

La segunda fase abarcaría un medio plazo cifrado entre dos y cinco años en la que la inversión se dirigiría, por ejemplo, a renovar la producción siderúrgica, a la producción de hidrógeno limpio o al desarrollo de la inteligencia artificial.

El documento no entra en los detalles de la financiación, pendientes todavía de una dura negociación entre los socios de la UE, con Alemania y Países Bajos resistiéndose a cualquier trasvase financiero y Francia, Italia o España reclamando vías de mutualización de la descomunal factura que dejará la crisis de la pandemia. El texto sí que subraya, sin embargo, que “un plan de recuperación rápida requerirá un fuerte elemento de solidaridad entre los Estados miembros (...) tanto en la fase inmediata como a medio plazo”. La Comisión alude a todas las fórmulas de financiación mencionadas en documentos anteriores, desde la emisión de deuda con cargo a la UE (Bonos de recuperación) a avales del presupuesto comunitario para respaldar inversiones a través del Banco Europeo de Inversiones. Y advierte que no puede haber tabúes. “Todas las posibilidades para reunir financiación pública, incluidas las opciones no convencionales, deben explorarse”, afirma el documento.

La lista de áreas prioritarias para una intervención de fondos públicos y privados sin precedentes arranca con la llamada “oleada de renovación” inmobiliaria, un capítulo que, según la Comisión, puede requerir una inversión de hasta 250.000 millones de euros anuales.

“Los edificios son los mayores consumidores de energía en la UE y son responsables del 36% de las emisiones de gases con efecto invernadero”, recuerda el texto al que ha tenido acceso este diario. El documento subraya que el 75% del parque inmobiliario se construyó antes de que estuvieran en vigor las primeras directivas sobre eficiencia energética. Y que el 80% de esos edificios seguirán en pie en 2050, cuando la UE se propone alcanzar la neutralidad en emisiones. “La necesidad de una rehabilitación generalizada está clara”, concluye el texto de la Comisión.

Bruselas calcula que la oleada de rehabilitaciones deberá impulsarse con fondos públicos por valor de 50.000 millones de euros al año. La contribución europea a esa partida pasaría, según el documento, por los fondos estructurales o el BEI. El plan incluiría subsidios a fondo perdido tanto a particulares como a ayuntamientos.

El vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, responsable del Pacto Verde, señalaba ya la rehabilitación de viviendas como una de las áreas prioritarias durante una reciente entrevista con EL PAÍS. “La renovación será inevitable en cualquier caso. Así que si la priorizamos, ponemos a trabajar a toda un sector de manera inmediata, con puestos de trabajo que no se pueden deslocalizar y que serán necesarios en cada pueblo, ciudad o gran urbe”, señalaba el holandés. “No serían solo los trabajadores de construcción, sino toda una industria que incluye desde fabricantes de sistemas de calefacción, instalación de paneles solares, materiales de aislamiento, arquitectos, ingenieros…”, anticipaba Timmermans.

Las energías renovables aparecen como segunda gran prioridad en el esbozo del Plan de recuperación, con una movilización requerida de 75.000 millones de euros anuales por encima de la inversión prevista hasta ahora. Bruselas calcula que la aportación del Plan podría ascender a 10.000 millones de euros anuales con un potencial de apalancamiento entre medio y alto. Pero advierte que en este sector la intervención europea consistirá “principalmente en préstamos, con un limitado elemento de subsidios en función de la madurez de la tecnología”.

La revolución para un transporte limpio, como lo define el documento de la Comisión, también requería una inversión espoleta de 40.000 millones de euros al año. Pero como en otras actividades, Bruselas no pretende destinar tan ingentes recursos para recuperar la movilidad contaminante previa al coronavirus. “Toda una industria tendrá que resetear sus cadenas de suministro y buscar unos vehículos y unos servicios de movilidad para una nueva y dura demanda”, vaticina el organismo comunitario.

El despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos sin emisiones, la renovación de las flotas de taxis, autobuses y vehículos compartidos, los incentivos para mandar al desguace a los vehículos antiguos o la construcción de vías exclusivas para bicicletas y transporte público figuran entre los proyectos a los que la UE podría dirigir su financiación.

La digitalización será el objetivo común que cubra la intervención en todos los sectores, desde el inmobiliario y el energético hasta el del impulso de una industria circular (con 20.000 millones de euros anuales entre subsidios y préstamos), a la agricultura (intervención de más de 7.500 al año) o la construcción de infraestructuras adaptadas al cambio climático (20.000 millones al año). La Comisión estudia la posibilidad de crear una línea especial de financiación que permita impulsar las inversiones más arriesgadas de la revolución tecnológica.