La agonía de los autónomos

Fabián Gutiérrez tiene un pequeño taller de reparación de calzado en Santoña, localidad cántabra que vive su segundo confinamiento por el rebrote de la covid-19. Aunque esta vez no está obligado a bajar la persiana de su local, como le sucedió en marzo, “ahora lo tenemos abierto, pero es como si estuviéramos cerrados porque no entra nadie. Apenas caen 5 o 10 euros diarios. Solo venimos a gastar energía y generar gastos”, lamenta. Gutiérrez es autónomo y se queja de que las facturas no cesan mientras la caja registradora permanece casi vacía. Y de que, al contrario de lo que ocurrió durante el estado de alarma, cuando pudo acceder a las ayudas por cese de actividad, ahora no tiene ninguna. “Estamos viendo cómo vamos a aguantar y si podemos hacerlo. La situación es muy dura y si seguimos así nos tocará cerrar definitivamente”, pronostica.

Él es un claro ejemplo del calvario que atraviesa un colectivo formado por 3,2 millones de personas en España: los autónomos. Son casi tantos como en Alemania y Francia, aunque su población sea muy superior a la española. “Un sector que da empleo a casi otro millón de personas. No hay otro tan grande como este en la economía, que ocupe a más de cuatro millones de trabajadores. Y, sin embargo, no se le trata con un mimo especial, ni por parte del Gobierno ni de las propias organizaciones de autónomos, que no les proveen de planes estratégicos para sobrevivir”, sostiene José Antonio Herce, socio fundador de la consultora Loris, en contra de las declaraciones de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, esta semana: “El colectivo de autónomos ha sido uno de los más atendidos por el Gobierno en estos meses de pandemia”.

Estos pequeños empresarios, profesionales o tenderos se enfrentan ahora a una fecha clave: el 30 de septiembre, cuando vencen las ayudas por cese de actividad (el paro de los autónomos) y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), unas prestaciones que les están ayudando a mantener sus negocios dados de alta en el Registro Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en coma asistido. E incluso a ganar 1.609 altas en agosto respecto al año pasado. “Sorprendentemente los autónomos han recuperado el nivel de afiliación previo a la crisis”, decía hace unos días el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, “gracias en gran parte a las ayudas que se han puesto en marcha”, añade el departamento que dirige José Luis Escrivá.

Un dato que las asociaciones que representan a los trabajadores por cuenta propia tildan de espejismo. “Los autónomos no se están dando de baja a la Seguridad Social porque tienen exoneradas las cotizaciones y les da igual estar de alta que de baja. Pero a partir de ahora va a haber un número importante de bajas a no ser que el Ejecutivo ponga sobre la mesa un plan de cese de actividad extraordinario. Este mes ya tienen que pagar el 75% de las cotizaciones y en octubre el importe total”, alerta Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA). Amor calcula que podrían desaparecer uno de cada 10 autónomos a finales de año “si el Gobierno no atiende el S.O.S. que estamos lanzando”.

El ministro de Seguridad Social se reunirá con los representantes de los autónomos la próxima semana “para realizar un seguimiento de las medidas aprobadas en el contexto de la covid y estudiar su adaptación de cara a los próximos meses”, informan en su departamento. No sin antes haber lanzado un nuevo dardo al colectivo en el seno de las reuniones del Pacto de Toledo, donde se estudia modificar las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia para ajustarlas a sus ingresos [actualmente casi el 80% de ellos cotizan por la base mínima]. “Si el sistema de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena se basa en cotizaciones relacionadas con el salario, de la misma manera los autónomos tienen que alinearse con los ingresos. Estamos trabajando en módulos para que aquellos que tengan ingresos menores paguen menos y los que tengan ingresos mayores, paguen más”, ha explicado Calviño. Una reforma que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) aplaude, en tanto que ATA rechaza “si sirve para subir la cotización de este colectivo”.

Inactivos

Todavía cerca de tres de cada diez autónomos no han podido reiniciar su actividad desde el estado de alarma. Es el caso de Lucio Montero, propietario de una empresa dedicada a la construcción de expositores para ferias. “Las ferias han desaparecido, incluso las programadas para octubre y noviembre se siguen suspendiendo. Tenemos todo parado y no sabemos cuándo podremos volver a la actividad. Lo único que pedimos es que se nos deje trabajar. Porque acudir a una feria es como ir a Ikea o Leroy Merlin, que ya están abiertos, requiere las mismas medidas de seguridad”, indica.

Muchos de los que han podido seguir funcionando desde que se declaró la pandemia atraviesan también serias dificultades. Incluso están en quiebra técnica, según Eduardo Abad, presidente UPTA. El Barómetro ATA realizado en agosto alertaba de que 8 de cada 10 profesionales han visto disminuir su facturación. Más de la mitad de ellos de forma drástica: por encima del 60%. También la mitad de los que tenían trabajadores recurrieron a ERTE totales o parciales y uno de cada tres no había reincorporado a toda su plantilla para entonces. El 16% ha ido más lejos y ha tenido que despedir a empleados.

Son los resultados, explica Lorenzo Amor, del fracaso de la prestación por cese de actividad ordinario, decretado tras levantarse el estado de alarma a finales de junio y desactivarse el extraordinario. “Mientras que el cese de actividad extraordinario, que es el que pedimos que se vuelva a implantar de nuevo ante los rebrotes del virus que estamos sufriendo, llegó a beneficiar a casi 1,5 millones de autónomos, el ordinario apenas si lo han disfrutado 142.000”, se queja el presidente de ATA. Han quedado por incluir negocios, además de los autónomos que se habían acogido a la tarifa plana y aquellos que se habían dado de alta en el RETA recientemente, añade Abad, así como los que no han podido probar un desplome de sus ingresos superior al 75%.

Tampoco ha funcionado la ayuda a los autónomos de temporada, prosigue la secretaria general de Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), María José Landaburu: “Calculamos que son un colectivo de unas 20.000 personas, y solo les ha llegado a unos 1.800. Es obvio que los requisitos necesarios para acceder a ella lo hacen imposible”.

“Si no se pone en marcha de nuevo y urgentemente el cese de actividad extraordinario miles de autónomos van a tirar la toalla definitivamente”, advierte Eduardo Abad, que espera que también se prolongue la solicitud de aplazamientos a la Agencia Tributaria, que termina el próximo 20 de septiembre. De no ocurrir, el presidente de UPTA presagia que unos 200.000 trabajadores por cuenta propia podrían desaparecer en 2020, sobre todo del sector hostelero y el comercio, los que agrupan a un mayor porcentaje de autónomos (1,1 millones), y ya perdieron el año pasado a más de 24.000 afiliados, sin la covid.

Sin embargo, las peticiones de los profesionales por cuenta propia para salir de su asfixia van más allá. Y no recaen sobre un solo ministerio. El de Trabajo está negociando con empresarios y sindicatos la prórroga de los ERTE, de los que se han beneficiado o lo están haciendo todavía unos 400.000 trabajadores dependientes de los autónomos, según Abad. “Vamos tarde y todavía no tenemos ni un papel del Gobierno sobre la mesa”, criticaba Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, un día antes de la reunión de la mesa de negociación colectiva del jueves que se saldó sin acuerdo.

“El empresario que está pensando si cierra o no, necesita una senda de certidumbre para evitar echar la persiana”, agrega. “El Gobierno tiene que poner toda la carne en el asador. No debe guardarse ninguna medida para evitar que las pequeñas empresas, las más débiles del tejido productivo, desaparezcan. Las pymes viven una situación de debilidad crítica y, tras tirar de ahorros y patrimonio, no saben si van a resistir otra embestida”, reflexiona Cuerva. Y confirman buena parte de los autónomos consultados para este reportaje.

Más crédito

Los avales del Estado de los créditos ICO han sido un salvavidas para pymes y autónomos. Pero sus patronales quieren nuevas líneas y una ampliación de los periodos de carencia. Lorenzo Amor espera que estos préstamos lleguen a un millón de trabajadores por cuenta propia, tras su ampliación en 40.000 millones de euros. Y Abad considera que se deben activar como microcréditos para financiar la liquidez a corto plazo de las personas que lo necesitan. “Ahora se deniegan la mayoría de las líneas ICO por el riesgo de insolvencia de los autónomos”, critica. A lo que Landaburu añade que el aval para autónomos y pequeñas empresas debería ser del 100%.

Como Abad, el presidente del Consejo de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, cree que los créditos ICO han sido un fracaso porque los bancos los han utilizado en su propio beneficio y el de sus clientes preferentes.

Santiago opina que los trabajadores por cuenta propia van a ser los verdaderos perjudicados de la crisis, “como siempre”. “Al político español no le interesan los autónomos, que van a tener que sobrevivir por sí mismos. El cobro de la prestación por cese de actividad ha sido un desastre, el dinero ha llegado mucho más tarde de lo que hacía falta porque estaba mal planteado desde el principio. Y el aplazamiento de impuestos que anunció el Gobierno ya estaba operativo, solo que le han quitado los intereses. Todas estas medidas son populistas porque parece que llegan a mucha gente, pero acaban siendo impopulares porque no funcionan, bien porque llegan con retraso o porque tienen letra pequeña. Tenían que haberse dado ayudas directas, de más fácil gestión”, reflexiona.

En esta línea, Lola Santillana, secretaria de Empleo de CC OO, cree que este “es un colectivo del que siempre se habla, todos los partidos lo tienen en su boca, y siempre se incide en el trabajo que hay que hacer con él. Pero después, tanto los Gobiernos del Estado como los regionales no han hecho una apuesta clara”. A su juicio, es urgente proteger a los trabajadores por cuenta propia que no pueden recibir ayudas.

Bajar el IVA para reactivar el consumo y beneficiar a los autónomos es otra de las peticiones más repetidas por las fuentes consultadas. Igual que activar un sistema de compensación de deudas entre las Administraciones de manera que si, por ejemplo, el trabajador por cuenta propia tiene una deuda con la Seguridad Social pero la Agencia Tributaria la tiene con él, pueda resolverse la diferencia inmediatamente gracias a la tecnología, mantiene José Antonio Herce, consciente de que los autónomos son más dependientes que otros empresarios de la quiebra de la cadena de pagos.

“Otra decisión que inyectaría liquidez en el mercado sería afrontar la morosidad. Hay 140.000 millones de euros que se deben a los autónomos y a las pequeñas empresas, fundamentalmente, por parte de las compañías cotizadas. Se debería, para ello, establecer un régimen sancionador”, propone la secretaria general de Uatae. “Necesitamos reformas fundamentales y el apoyo inmediato para tres millones de personas, ya que dos millones de ellos están muy mal”, asegura en la creencia de que los autónomos han aguantado hasta ahora gracias a las ayudas del Gobierno que llegan a su fin y “es probable que vuelva el cataclismo si no recuperamos otro escudo”.

El pequeño ‘garaje’ del emprendimiento español

“En este país la figura del señor que junto con unos amigos tiene una gran idea en un garaje y la quiere llevar a efecto no existe”, lamenta Landaburu.

Tras este punto de partida que distingue al colectivo de autónomos y emprendedores españoles del de sus colegas europeos, se enmarcan las diferentes actuaciones llevadas a cabo por los Gobiernos continentales en los últimos meses que han puesto de manifiesto la verdadera dimensión de ese garaje en el contexto internacional. A tenor de las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para minimizar el impacto de la crisis del coronavirus sobre uno de los colectivos más vulnerables, el escudo presupuestario resulta significativamente más endeble que el de la mayoría de los países de la Unión Europea. Así lo determina el porcentaje del PIB que ha dedicado en ayudas directas, y que sitúa a España muy por detrás del de sus vecinos, a pesar de contar con un número de autónomos similar al de países de mayor tamaño como Alemania o Francia.

Según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), los autónomos y las pymes españoles han recibido el porcentaje de ayudas más bajo del continente en esta crisis. A pesar de que España lanzó una línea de avales por importe máximo de 100.000 millones de euros para la cobertura de la financiación otorgada por entidades financieras a este colectivo, equivalente al 8% de su PIB, el porcentaje dedicado a ayudas directas es tan solo del 0,3%. Unas cifras que distan mucho de las registradas en Alemania, donde alcanzan el 1,9% o en Dinamarca, donde suponen el 1,6%. Un escalón por debajo se sitúan Francia (1%) y Holanda (0,7%). El país más próximo a España es Bélgica, con un 0,4% del PIB, si bien apenas cuenta con 642.000 autónomos. En Italia, el país con mayor número de profesionales por cuenta propia, la situación es similar a la española, destinó el 0,6% del PIB a ayudar al colectivo.

Las diferencias en cuanto a la implementación de estas ayudas son también otro trazo distintivo. En Alemania se determinó una línea específica de 40.000 millones a autónomos y pequeños negocios de hasta 10 empleados, y el Gobierno ofreció “liquidez ilimitada” que dotó de 550.000 millones. Francia entregó 330.000 millones, asumió el pago de los créditos bancarios de las empresas, y decretó desde un primer momento la suspensión generalizada del pago de impuestos y cotizaciones sociales, las facturas de agua, luz y gas, y de los alquileres.

Lucio Montero, fabricante de ‘stands’: “Vamos a volver a la actividad en 2021. Este año no podremos hacer nada”

Su empresa, General Events, creada en 2002 y “con una trayectoria muy buena hasta que llegó la pandemia”, tuvo que cerrar de un día para otro en marzo y todavía no ha abierto. Los stands que diseña, fabrica y monta para ferias y exposiciones están parados a la espera de que se retomen estos eventos. Montero ha despedido a cuatro trabajadores y tiene a otra en ERTE, cobra la prestación por cese de actividad y se queja de que ahora tiene que pagar los seguros sociales y los impuestos. “No sé cómo lo voy a hacer sin ingresos”, dice. “He recortado los gastos al máximo, negocié con el casero pagar la mitad de la renta, pero no sé qué va a pasar con nosotros; tenemos un pequeño remanente y vivimos al día”, admite este autónomo que en 2019 vendió por valor de 700.000 euros y este año cree que solo va a llegar a 250.000. “Vamos a empezar a trabajar en 2021. Este año no haremos nada”.

Tamara Molares, agente de viajes: "Abro para perder dinero”

Pese a que en la fotografía aparezca sonriente, Tamara Molares sostine que ha derramado muchas lágrimas desde que apareció el virus. En marzo trasladó a casa su agencia de viajes de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) para gestionar reembolsos (“he recuperado el 93% con mucho sacrificio”) y cancelaciones. Y en junio decidió reabrir el local para dar la cara ante sus clientes. Desde entonces su trabajo no ha cambiado mucho, las cancelaciones son el pan nuestro de cada día mientras las reservas entran con cuentagotas. “Tenemos que realizar el mismo trabajo que hicimos para no cobrar nada. La ganancia es cero mientras los gastos no bajan”, afirma. En 2019 facturó un millón de euros, pero con las cancelaciones, desde octubre su balance está en negativo. Con una empleada en ERTE, ha subsistido gracias a los ahorros y la ayuda familiar. A sus 42 años y 8 al frente de su agencia, cree que solo podrá aguantar hasta diciembre, aun cobrando el paro del autónomo y un pequeño ICO. “Voy a luchar con uñas y dientes para salvar mi negocio”, asegura.

David Martínez, feriante: “Solo pedimos que nos dejen trabajar”

David Martínez es socio colaborador autónomo de su mujer. Junto a otros miembros de la familia regentan la firma barcelonesa Fira Magic, que va llevando sus atracciones de pueblo en pueblo y de feria en feria. Con la mayoría de las fiestas patronales canceladas, sus atracciones permanecen guardadas y él ha tenido que buscar trabajo, que reinventarse por necesidad. Lleva desde julio conduciendo un camión. “Con 34 años y tras 16 trabajando por mi cuenta, no es agradable dejar tu vocación para poder subsistir”, asegura. “Hay que pagar la hipoteca, el crédito del coche, el colegio de los niños... y vivir”. Martínez y su mujer, que recibe la prestación por cese de actividad, 678 euros, dice, han pedido un crédito ICO “para poder pagar las deudas” después de tirar de sus ahorros. Porque en su negocio, el dinero se hace en verano “y con él llegas justito hasta la Semana Santa siguiente, cuando se vuelven a programar las ferias”. Este año no ha sido así y se enfrenta al final de la temporada sin poder trabajar. “Solo pedimos que nos dejen trabajar, como a Port Aventura o al Tibidabo, que están abiertos. Tenemos que reactivar las ferias para que en 2021 no nos pase lo mismo”, reclama.

Mariano Manenti, restaurador: “Las pérdidas son muy grandes”

Los dos restaurantes que tiene Mariano Manenti en Sevilla reabrieron en junio, tras rescindir cinco contratos eventuales y levantar el ERTE a sus otros cinco empleados, algunos de los cuales todavía no ha cobrado la prestación. Ahora trabajan con horario limitado porque su actividad ha bajado un 45% por el miedo de la gente al contagio y por el teletrabajo, explica. “Apretamos los gastos por todos lados porque las pérdidas son muy grandes y estoy tirando de los ahorros”, dice. Manenti se ha beneficiado del paro de los autónomos y de un crédito del ICO que le permitirá vivir cinco o seis meses más. Pese a todo, “todavía no hemos tenido un mes entero bueno y vemos octubre con mucha incertidumbre”. El empresario, que ingresó 200.000 euros el año pasado, prevé que este año se queden en la mitad.

Elena Carrascosa, podóloga: “No temo por mi negocio”

La clínica podológica de Elena Carrascosa en Albacete no dejó de atender las urgencias durante el estado de alarma, pero sí solicitó un ERTE para sus dos empleadas, que volvieron a trabajar en mayo con cita previa y “con un aluvión de llamadas”. “Julio ha ido bien, en agosto se notó el bajón por los rebrotes de la covid y en septiembre estamos espaciando las visitas y tenemos un 20% menos de gente que el año pasado”, explica Carrascosa. Esta autónoma no da el año por perdido ni mucho menos, tampoco va a cerrar en pérdidas mientras pueda mantener la persiana abierta, asegura. Su previsión es facturar en torno a un 35% menos que en 2019, cuando alcanzó los 120.000 euros. “No temo por mi negocio, pero tenemos que ser cautos, extremar las medidas y adaptarnos a lo que venga con flexibilidad”.

Pilar González, comerciante de vinos: “Haces malabares, pero no puedes parar”

Pilar González no ha vivido una crisis, ha vivido media docena. Lleva 30 años trabajando, primero como empleada y desde hace 18 como propietaria de El Buen Vivir. Un rincón de vinos que huele a madera y bodega situado al lado de la estación de ferrocarril de Vigo. Justo ahora, cuando las obras del AVE habían terminado, después de convertir la zona en un lugar polvoriento y vacío durante años, llegó el coronavirus. “Tienes que intentar que tu mente esté tranquila y trabajar. Después de tres meses con la tienda cerrada, tienes un montón de gastos”. Al contrario que muchos autónomos, se enfrascó en una reforma para despejar su negocio y ampliar la zona de degustación sin reducir el espacio dedicado a la venta. “Pensé que tenía que potenciar ese aspecto. Aquí te puedes beber un champán, un destilado o cualquier vino con un buen embutido pagando a precio de tienda”. Ha pedido ayudas para modernizar sus equipos y comprar software. “No puedes esperar a que te den ayudas para arrancar, tiene que ser al revés. Arranca y las ayudas llegarán”. / M. F.

Ana Fabón, psicóloga: “Tengo más consultas que el año pasado”

Aunque trabaja sola, esta psicóloga sanitaria tiene dos consultas en Madrid capital y en Villanueva del Pardillo. Y es una de las contadas autónomas que puede decir que le va mejor pese a la crisis sanitaria o precisamente por ella, ya que la demanda de sus servicios se ha disparado. Cerró sus consultas presenciales durante el confinamiento, pero no dejó de trabajar en ningún momento. Se centró en la atención online, que ya ofrecía antes a través de su página web, y en apoyar como voluntaria al personal sanitario. No tuvo que pedir ayudas al Gobierno porque, pese a que en los tres meses de encierro sus pacientes bajaron a la mitad, “he trabajado todo el verano y me ha ido bien”, explica Ana Fabón. Lo ha conseguido gracias a las campañas publicitarias de su site y a los descuentos en sus tarifas para colectivos como opositores y universitarios. Ahora sus ingresos, que en 2019 fueron de 29.000 euros, suben más de un 20%, el porcentaje de crecimiento con que espera cerrar este año tan aciago para los autónomos, pero no para ella.