Tensa vigilia para las 534 familias de Alcoa

Una pancarta resiste al viento y a la lluvia en la entrada de la localidad lucense de Cervo: “Sen industria non hai futuro”. Bajo esta premisa, los trabajadores de Alcoa en San Cibrao defienden la supervivencia de la última fábrica de aluminio primario de la firma en España. Con un bloqueo en la carretera, pocos metros más adelante, mostraron este viernes su descontento por la actitud “inamovible” de la empresa estadounidense, a pocos días de que se agote el tiempo para concretar la venta de la fábrica al grupo británico GFG. Era una muerte anunciada: en mayo la compañía informó de que iniciaría el período de consultas para un despido colectivo, tras varios años de pérdidas y quejas por el alto coste de la energía en España. El comité de empresa consiguió, el 13 de agosto, que se extendiera el período para explorar la opción de traspasarla. Ese plazo termina este domingo.

El pacto establece que, en el caso de no alcanzar un acuerdo de venta, se reiniciaría el proceso de consultas para concordar las condiciones de un ERTE y, en caso de no lograrlo, la implementación de un despido colectivo. Para negociar el ajuste laboral, la empresa ya ha convocado una reunión en Madrid este lunes. El plan de la compraventa contó con el apoyo del Gobierno central y de la Xunta. Los trabajadores no piensan negociar nada que implique detener las cubas, donde se produce el aluminio. Tienen claro que volver a encenderlas cuesta mucho dinero. Es una amenaza a la continuidad de la planta.

Rubén Campo, que ha trabajado ahí desde hace dos años, explica que cumplir este cometido ha sido complejo en el contexto de la pandemia. “Hemos tenido que asegurarnos de que no haya un brote en la fábrica, porque podía ser catastrófico”, asegura el empleado de 36 años, incluso durante el confinamiento de A Mariña en julio. Los trabajadores tuvieron que exigir al Gobierno que se les considere esenciales para evitar un parón en la planta durante el estado de alarma. El aluminio es necesario para la industria alimentaria y farmacéutica. “Si la pandemia nos ha enseñado algo, es que no podemos vivir del turismo, necesitamos la industria”, agrega Campo.

Pablo Fernández Mon ha trabajado en San Cibrao más de 15 años. Está seguro, al igual que sus compañeros, de la importancia de la fábrica para los negocios de la comarca y teme que bajar la persiana significa tener que dejarla. “Solo quiero que mi hijo pueda elegir si quiere quedarse o irse”, concluye. Fue este mismo motivo el que llevó a Mónica Quelle, a cambiar un contrato fijo con una guardería en Viveiro (Lugo), por uno temporal en la planta hace poco más de un año. Los beneficios asegurarían un futuro con más opciones para su hija de 14 años. “Y ya ves tú cómo están las cosas”, expone Quelle, de 45 años.

La inseguridad es la norma entre los trabajadores desde que Alcoa anunció el pasado martes que veía imposible la venta en los plazos planteados. Para el presidente del comité, José Antonio Zan, el aviso es solo la confirmación de la mala disposición de la firma a negociar la transacción y asegurar el futuro del complejo —compuesto por la fábrica de aluminio y una refinería de alúmina, no incluida en el proceso— y de los 1.000 empleados que dependen de su funcionamiento, 534 de ellos empleados directos de la empresa. Aun así, cree que hay una salida si siguen presionando.

Costes energéticos

Las negociaciones entre los trabajadores y la firma se han extendido por cinco meses, pero los problemas de Alcoa llevan anunciándose años. Empleados y empresa reclaman desde 2012 una solución a los altos costes de la energía para la industria electrointensiva en España. El comité de empresa asegura que solo el año pasado la compañía pagó 220 millones por este rubro. A esto se le suma una saturación en el mercado mundial del metal. Fuentes de la estadounidense aseguran que la planta acumula unas pérdidas superiores a 110 millones de euros en los últimos dos años y actualmente pierde más de un millón por semana.

El comité de empresa no cree que el escenario sea tan catastrófico: “Está claro que Liberty House [del grupo GFG] viene para aquí porque las condiciones que le ofrecen el Gobierno y la Xunta son favorables”, asegura Fernández, también delegado de CC OO en la compañía. En los últimos años Alcoa ha recibido ayudas y compensaciones de CO2 del Gobierno. Para la ministra de Industria, Reyes Maroto, la cantidad se acerca a los 800 millones; la empresa asegura que son 43. El grupo británico ha presentado, según los representantes de los trabajadores, un plan industrial favorable para el crecimiento de la empresa y ha hecho concesiones a sus peticiones iniciales para la compra, mientras que Alcoa se mantiene en sus exigencias.

Lo cierto es que ninguna de las dos partes ha sido capaz de romper con los muros de la negociación. No han pasado del primer punto: la hoja de términos. La pugna está en la refinería de alúmina. En un principio, GFG se mostró dispuesta a comprar todo el complejo y no solo la planta de aluminio, algo que Alcoa no podía aceptar. Finalmente, el grupo británico cedió bajo la condición de asegurar un suministro de 20 años de alúmina y prioridad para la compra de la segunda fábrica. Términos que la estadounidense Alcoa considera inaceptables. Ofrece cinco años y ninguna prioridad. Las conversaciones han durado seis semanas, pero solo se ha anunciado un consenso: la compraventa de la fábrica de aluminio por un euro.

A las afueras de la planta otra pancarta deja clara la posición de los trabajadores con un “Welcome Liberty”. Diego, de 35 años, cuenta que su padre trabajó en la empresa: “Es algo que heredamos, aquí trabajan nuestros hermanos y nuestros amigos”. Nadie duda del estrecho vínculo entre la comarca y la fábrica. Rubén Campo teme que la zona quede totalmente desprotegida. Recuerda que los directivos del hospital más cercano a Cervo, de donde es nativo, ya estaban pensando en trasladar los servicios a Lugo. “Yo me puedo ir, pero mis padres viven aquí y no quiero que el hospital más cercano les quede a 125 kilómetros”, sentencia.