Las propuestas de Escrivá para las pensiones

Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido nombrar a José Luis Escrivá ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, lo ha hecho consciente de cuáles son sus propuestas para resolver la precaria situación financiera de la Seguridad Social. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que este economista albaceteño ha presidido desde 2013, ha elaborado no hace mucho un informe en el que lanza varias propuestas para corregir la situación.

A corto plazo, las recetas del Escrivá fiscalizador de la acción de Gobierno pasaban por aportar más dinero para la Seguridad Social; a largo, por reformas que se acaban traduciendo en ajustes y recortes para los futuros jubilados. Esa lógica no se despega mucho de lo que han sido tradicionalmente las reformas de pensiones, que, salvo la de 2013, nunca han aplicado recortes a los que ya son pensionistas. Falta ahora saber si el nuevo ministro llega para aplicar a rajatabla ese tratamiento.

Desde hace varios años el sistema público de pensiones acaba todos los ejercicios con un déficit que supera los 18.000 millones de euros. Eso, para Escrivá, es doblemente negativo. Primero lo es por los números rojos en sí. Pero también lo es por el debate público que se genera y por el temor a que esto extienda la desconfianza sobre el futuro de las pensiones. “Cerrar el déficit de la Seguridad Social —que trae causa en la crisis económica y problemas de diseño idiosincráticos y no en el envejecimiento— reduciría la incertidumbre respecto a la sostenibilidad del sistema”, se lee en este informe de la Airef.

Y para ese cierre, la propuesta es que la Seguridad Social reciba más recursos por una doble vía:

1) Que el Estado aporte de impuestos el dinero que ahora gasta en pagar medidas de fomento del empleo, como las tarifas planas en la cotización de los autónomos durante sus primeros pasos como trabajadores por cuenta propio o los gastos de funcionamiento (personal, gasto corriente, material…).

2) Que se destine a pensiones parte de lo que se recauda de cotizaciones para el desempleo. El seguro de paro se divide en una parte contributiva (las prestaciones) y otra asistencial (subsidios y renta activa de inserción). Ambas se pagan ahora con lo que aportan trabajadores y empresarios a través de cuotas. La propuesta de la Airef es que esta parte asistencial se pague con aportaciones del Estado y lo que sobre de cotizaciones se envíe a las pensiones.

A más largo plazo, llegan los ajustes. La institución que todavía preside Escrivá acepta que el índice de revalorización anual que determinaba un aumento del 0,25% se ha vuelto inviable social y políticamente. El ahora ministro ya criticaba la fórmula hace años, antes de este informe, en los pasillos del Congreso por la gran “circularidad que tiene”. Pero esto no implica que le gustara totalmente la revalorización solo vinculada al IPC, también habla del PIB o “los ingresos del estado o de las cotizaciones que pueden conjugar el mantenimiento del poder adquisitivo con la sostenibilidad a largo plazo”. Y para ese plazo lanza otras ideas.

1) Endurecer los requisitos para acceder a la jubilación anticipada y así retrasar la edad real de jubilación. La Airef no habla de tocar la edad legal, 67 años a partir de 2027 (65 y 10 meses en 2020). Pero sí de aumentar la real, que estaría en 62,4 años, para que llegara a 64,5 años en 2027 y a 65,5 años en 2048.

2) Aumentar a más de 25 años el número de años con el que se calcula la pensión. España está elevando ese requisito desde hace años. En la reforma de 2011 se acordó, con los sindicatos y los empresarios, subirlo de 15 años a 25. Ese incremento se está haciendo de forma paulatina cada año, en 2020 se toman los últimos 22 años cotizados y en 2022 será los 25 de los que habla la Airef. Su propuesta es ir elevándola. Esa medida suele traducirse en pensiones más bajas para la mayor parte de trabajadores, pero no para todos. Quienes pierden sus empleos en los últimos años de su vida laboral se benefician.

3) La última propuesta es una reforma de las pensiones de incapacidad para “aprovechar mejor la capacidad laboral de los individuos”.