La regulación extraordinaria de los ERTE caduca el 31 de enero. Antes de que llegue ese momento, con varios días de adelanto —incluso alguna semana— el Gobierno, los sindicatos (CC OO y UGT) y las patronales (CEOE y Cepyme) quieren tener cerrado el acuerdo para prorrogarlos por tercera vez. El primer paso llega este viernes, cuando empiezan las conversaciones. Ninguna da por hecho el acuerdo, pero fuentes de las tres partes observan que hay mimbres para llegar a un pacto con menos dificultad que en la anterior vez, en septiembre.

Los detalles de la oferta que los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social van a poner hoy sobre la mesa no se conocen todavía. Pero tanto las declaraciones previas de algunos responsables del Ejecutivo —desde la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, hasta la de Economía, Nadia Calviño— como los portavoces oficiales señalan que no habrá muchos cambios respecto de lo que se pactó en septiembre. “Se trata de dar certidumbre a las empresas y a los trabajadores. No queremos agotar plazo esta vez. El 15 de enero tiene por lo menos que estar encaminado. No habrá grandes cambios en la propuesta [sobre lo pactado en septiembre]”, apuntaban ayer fuentes oficiales del departamento que dirige Yolanda Díaz. “Creo que todas las partes asumimos que tienen que continuar”, señalaba ayer una de las personas que se sentará hoy en la mesa.

Aunque la cita se tome como un punto de partida, las tres partes se vieron ya antes de las navidades para evaluar el funcionamiento de los ERTE hasta ahora (a finales de año había algo más de 750.000 personas afectadas). Entonces se esbozaron las posturas que iban a mantener. Diferentes fuentes presentes en el encuentro señalan que los sindicatos defendieron una negociación rápida en la que se aclaren algunos puntos de interpretación de la norma que han surgido tras su aprobación. Por su parte, las patronales, apuntan las mismas fuentes, pidieron simplificar el procedimiento para que las empresas no pierdan en gestión parte de lo ahorrado con el ERTE y volvieron a plantear sus reparos a las limitaciones a los despidos de trabajadores afectados por los ajustes.

Este es uno de los puntos que CEOE y Cepyme han puesto sobre la mesa en cada ronda de negociaciones y en el que podría estar una de las dificultades. Como en ocasiones anteriores, lo más probable es que se encuentren con la negativa de Trabajo y de los sindicatos.

Formación

El otro podría situarse en la extensión de esta prórroga, apuntan desde los sindicatos. “Se abordará en la mesa, pero habrá que estudiar ir más allá de Semana Santa”, apuntan en Trabajo. En este ministerio tienen la intención de introducir esta vez una apuesta por la formación de los trabajadores afectados por las regulaciones. “Sobre todo para los que llevan más tiempo en esta situación”, matizan. Con ello recogerían el guante lanzado por instituciones como el Banco Central Europeo, que esta semana reclamaba medidas en esta dirección a los países europeos que han apostado por mecanismos de protección del empleo.

Aunque nadie se atreve a decir que vaya a ser fácil, sí que se ve esta ronda con cierto optimismo inicial. “Los ERTE están funcionando muy bien. Y cuando se aprueban restricciones no se destruye empleo. No tendría mucho sentido que no se llegara a un acuerdo; y a un acuerdo bueno”, apunta una de las partes.

Al funcionamiento de los ERTE hasta ahora se añade otro elemento. España se adentra en una tercera oleada de la pandemia y todos esperan que las restricciones a la actividad crezcan. Eso debería ser un estímulo, señalan varias fuentes, para llegar a un pacto rápido.

Uno de los agentes sociales tiene dudas sobre cuál será la posición de un Ministerio que no se sienta en la mesa, pero que tiene mucho que decir: Economía. “En otras ocasiones la disponibilidad presupuestaria ha marcado las negociaciones y eso habrá que verlo esta vez también”, señala.

No obstante, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, también fue ayer tajante sobre su postura acerca de la renovación de los ERTE. “Tenemos que seguir apoyándolos para asegurarnos de que podemos proteger el tejido productivo, el empleo y las familias. Tiene un coste fiscal muy importante, y está funcionando”, indicó, sin dar más detalles, en la Cadena Cope.