Díaz convoca el miércoles a los agentes sociales para empezar a negociar la reforma laboral

El comienzo de las negociaciones para cambiar la reforma laboral ya tiene fecha y hora: el próximo miércoles, 17 de marzo, a las 16.30. Después de acabar las largas y difíciles conversaciones para pactar la ley rider, el departamento que dirige Yolanda Díaz abre el melón sobre una de las grandes promesas del Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE: la derogación de la reforma laboral y el cambio del Estatuto de los Trabajadores.

El anuncio lo ha hecho la propia Díaz durante la presentación del acuerdo alcanzado con los agentes sociales este miércoles. Y en ella también ha apuntado algunos de los temas que se abordarán, aunque posteriormente ha indicado que la ordenación de los asuntos a tratar será uno de los puntos por los que empezará la mesa. A pesar de esto, Díaz ha dejado claras sus preferencias: lo ya negociado hace un año.

Hasta que llegó la pandemia, los puntos que estaban sobre la mesa eran: negociación colectiva (prioridad en la aplicación de los convenios sectoriales sobre los empresariales y prórroga de los convenios caducados), cambios unilaterales en las condiciones laborales y subcontratación. La ministra de Trabajo también ha apuntado que entre todo lo comprometido con Bruselas a abordar y reformar también están la contratación laboral, la reducción de los modelos de contrato o el reforzamiento de las causas en la contratación temporal.

La derogación y los cambios en la reforma laboral de 2012 es uno de los puntos que más fricciones levantan en el Gobierno de coalición pese a ser uno de los aspectos pactados por ambos partidos. Las fricciones entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo por este asunto han sido constantes desde el primer momento. Finalmente, la documentación remitida a Bruselas sobre las reformas laborales sirvió de punto de encuentro y deja claro los temas que se van a abordar. En ella no se precisa en qué sentido irán los cambios, pero solo el hecho de plantear qué se pretende modificar evidencia la dirección de la reforma. Dicho de otra forma, la intención del Gobierno es dar más protagonismo a los convenios sectoriales o fijar obligaciones sobre las condiciones laborales en las subcontratas.